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El odio a la legalidad

Por: Aurelio Contreras Moreno

La noche del pasado lunes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó abajo el “Decreto de interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental”, mejor conocido como el “decretazo”, al considerarlo inaplicable e inconstitucional.

Los magistrados electorales consideraron que dicho decreto –con el cual la mayoría lopezobradorista en el Congreso de la Unión decidió permitir a los funcionarios públicos hacer propaganda para promover la consulta de revocación de mandato- no realizaba una interpretación auténtica del concepto “propaganda gubernamental”, sino que solamente se estableció una excepción a la prohibición de difusión de la misma -prevista en la propia Constitución General de la República- durante el proceso de revocación de mandato, lo cual, evidentemente, resultaba violatorio de lo dispuesto en la Carta Magna.

Desde que dicha artimaña fue aprobada por el Poder Legislativo federal, era claro que resultaba completamente ilegal, ya que además y como también lo determinó el TEPJF, el decreto implicaba una modificación sustancial a las reglas de la consulta de revocación de mandato, en este caso las de comunicación política, cuando el proceso ya estaba en marcha, lo cual también está prohibido expresamente a nivel constitucional. O sea, siempre fue monumentalmente evidente su improcedencia, salvo para los ojos de los fanáticos del régimen y para el cinismo de sus promotores.

Pues con todo y que el “decretazo” era a todas luces legalmente insostenible, la decisión de la Corte fue el pretexto perfecto para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se le fuera encima a los órganos garantes del orden político-electoral en México y anunciara que una vez que pase la consulta de revocación –que muy probablemente no alcanzará el porcentaje de votación necesario para que su resultado sea legalmente válido- presentará la iniciativa de reforma que ha venido preparando desde que inició el sexenio: la que le permita tomar por asalto al Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF.

La delirante iniciativa presidencial pretende –según los propios dichos de López Obrador- que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por medio del voto popular, lo cual resulta absurdo, ya que despojaría a estos órganos de la necesaria profesionalización y especialización y politizaría de tal manera su integración –quedando a merced de la facción que mayor fuerza tenga en cada coyuntura-, que la organización de las elecciones se convertiría -como en los “años dorados” de la “dictadura perfecta” priista- en una simulación democrática controlada por el poder en turno.

Este intento de abordaje a las instituciones electorales, así como todo el entuerto alrededor de la revocación de mandato de López Obrador, es una muestra entre muchas de la aversión del régimen de la pretendida “cuarta transformación” hacia el imperio de la ley cuando ésta no le favorece. Del verdadero odio que hay contra todo aquello que les signifique un contrapeso, una limitante, un obstáculo para hacer lo que les venga en gana. Una prueba irrefutable de los efectos que puede ejercer la alta concentración de poder en manos de adolescentes emocionales. Y es un patrón de conducta, por lo visto.

Asumido en imitador fiel de las bravuconadas presidenciales, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez cada vez es más aventurado y agresivo en sus señalamientos contra otras autoridades –jueces, senadores, titulares de organismos autónomos- cuando lo exhiben en sus abusos de autoridad y en la manera como su camarilla trafica con el poder y tuerce las instituciones, quebrantando la legalidad con la misma procacidad que “ya saben quién”.

Solo así puede entenderse que aquel maestro de la UV y de un bachillerato técnico se haya convertido en un pequeño déspota que ordena a la (dizque) autónoma Fiscal General del Estado ignorar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al tiempo que acusa al organismo de “coludirse” con los jueces para “perjudicar” a su gobierno.

Decía el ex secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán –citado y parafraseado por políticos desde Miguel Alemán Velasco hasta Gerardo Fernández Noroña- que “el poder marea a los inteligentes y a los pendejos los vuelve locos”.

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