El apoyo para mujeres que no fue

Investigaciones

El apoyo para mujeres que no fue

(Primera de dos partes)

Para entender la historia del presupuesto gubernamental sobre género, tenemos que conocer y entender primero un concepto: El «Anexo 13». Esta es la etiqueta con la que se ha llamado a todo dinero público destinado para apoyar a las mujeres, incluyendo las investigaciones de delitos como el feminicidio.

Por: Unidad de Investigación Aplicada/MCCI

En aquella conferencia mañanera de julio de 2020, tanto el presidente López Obrador, como Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), hablaron de cómo el Anexo 13 estaba ayudando mejor que nunca a las mujeres en México.

“El presupuesto para las mujeres está en muchos lugares, está obviamente en el Instituto de las Mujeres, está, como presentó la (entonces) secretaria (Olga Sánchez Cordero), en la atención a la violencia, pero también está en seguridad pública, donde se está financiando con fondos de seguridad el programa Mujeres Constructoras de Paz y cada una de las dependencias del gobierno federal, igual que del estatal y municipal, tiene recursos asignados a las mujeres”, declaró Nadine Gasman.

Sin embargo, al analizar detenidamente los programas que reciben recursos de este Anexo, la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad detectó que la mayor parte del presupuesto no se destina realmente a la erradicación de violencia y discriminación por razones de género.

De acuerdo con datos de la Cuenta Pública -en el periodo 2017-2021-, para 2021 el Anexo 13 tuvo el monto asignado más alto de esos años, con un total de 132 mil 652 millones de pesos. Quizá fue por esta razón que el Presidente afirmó que “nunca se había entregado tanto apoyo a mujeres como ahora”.

Pero los cinco ramos con mayor presupuesto asignado del Anexo 13 corresponden a las Secretarías de Bienestar, Educación, Trabajo y Previsión Social, Agricultura y Desarrollo Social y Salud.

En 2021 los ramos correspondientes a Bienestar y Educación alcanzaron su máximo histórico con 77 mil 770 millones de pesos y 20 mil 943 millones de pesos, respectivamente.

El objetivo del Anexo 13 es etiquetar recursos enfocados en erradicar la violencia de género, aumentar la participación escolar y laboral de niñas y mujeres, por dar algunos ejemplos. No obstante, eso no sucede así.

De los aproximadamente 100 programas a los que destina recursos el Anexo 13, sólo hubo 13 que llevan a cabo acciones explícitas para contribuir a la igualdad de género y a una vida libre de violencias. En 2021, estos programas representaron únicamente el 4.06% del total del presupuesto del Anexo 13.

De ahí que sea posible concluir que la estructura programática de la actual administración es insuficiente para realizar acciones que favorezcan la igualdad.

Entonces, ¿qué programas que no tienen que ver con temas de género están en el Anexo 13? Si se analizan los programas y acciones adscritos es posible identificar que los principales programas, que concentran tres cuartas partes del presupuesto, no corresponden directamente con acciones en favor de la igualdad de género.

Ordenados de mayor a menor presupuesto están: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (49%), Jóvenes Construyendo el Futuro (8%), Sembrando Vida (6%), Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez (6%) y Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez (6%). Estos programas son justamente los proyectos emblema de la actual administración federal y a los que la Presidencia de la República les está dando prioridad.

El programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que es el principal receptor de recursos a través de este anexo, es un programa universal para la atención de personas mayores. Los beneficiarios son personas adultas mayores de 65 años que viven en el país.

Si bien es un programa que beneficia tanto a hombres como mujeres, su objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores. A pesar de que hay beneficiarias mujeres, no hay evidencia que este programa incluya políticas específicas para cerrar brechas de género.

De los 10 programas que reciben mayor presupuesto por el Anexo 13 sólo uno está dirigido específicamente en ayudar a las mujeres y a erradicar las brechas de género: el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadores, que busca aumentar la participación laboral de las mujeres, así como disminuir la carga de labores domésticas y de cuidado.

Sin embargo, en los últimos tres años, este programa ha tenido recortes que representan más de la mitad de su presupuesto. Pasó de tener 4 mil 399 millones de pesos asignados en 2018 a sólo 2 mil 413 millones de pesos en 2021.

Otro programa del Anexo 13 efectivamente enfocado en mujeres es el de Salud materna, sexual y reproductiva. Aunque en 2021 se le asignaron más de mil millones de pesos, este programa ha tenido caídas presupuestales los tres años anteriores. El año 2021 tuvo el menor presupuesto en el periodo del análisis, con una reducción de 21% respecto al último año.

Al analizar los programas del Anexo 13, es claro que la violencia de género no entra en las prioridades del gobierno federal. Por ejemplo, la política pública de fertilizantes, inscrita como parte del anexo de género sin que se explique por qué, tiene el doble de presupuesto que el Programa de Apoyo para Refugios. Como parte de su presupuesto de género, el gobierno mexicano gasta el doble en fertilizantes que en proteger a mujeres víctimas de la violencia.

El Anexo 13 tiene como fin que el presupuesto a favor de las políticas de género se distribuya de forma transversal en el gobierno federal. Pero el mecanismo resulta insuficiente para lograr su meta de política pública en tanto que es usado para asignar recursos a otros programas sociales, en lugar de concentrarse en aquellas acciones en favor de las mujeres.

La otra realidad oculta: los recortes presupuestarios

Las principales instituciones a nivel federal que tienen como objetivo generar e implementar políticas públicas focalizadas a atender las desigualdades y violencias contra las mujeres también han presentado recortes significativos en los últimos años.

Los centros de servicio de cuidado infantil surgieron como una política pública para alcanzar un principal objetivo: la inserción, permanencia y crecimiento de las mujeres en el mercado laboral, a través de la reducción de carga de labores de cuidado para las beneficiarias.

Con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2005, se encontró que la tasa de participación laboral de hombres y mujeres era diferenciada. Esto indicaría que las mujeres están menos en el mercado laboral que los hombres, en particular en el caso de mujeres en hogares con menores ingresos. En esta encuesta se destacó un motivo por el que las mujeres no están en el mercado laboral: la falta de opciones de cuidados de sus hijas e hijos. Casi el 60% de las mujeres mencionaron el cuidado materno como la causa principal de no poder trabajar.

Tomando como diagnóstico estas encuestas, en el año 2007 la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) introdujo el Programa de Estancias Infantiles (PEI) como una medida para disminuir la carga de cuidados a madres solas. Con ello se buscaba que esta política permitiera el ingreso y permanencia de las madres mexicanas en el mercado laboral.

El programa tuvo en su creación un presupuesto de menos de 2 mil millones de pesos y fue aumentando anualmente hasta mantenerse arriba de los 3 mil 500 millones de pesos. En 2018 fue el año con mayor presupuesto con un monto total ejercido de 3 mil 864 millones de pesos. De 2007 a 2018 tuvo también un aumento en la asistencia de niñas, niños y madres beneficiarias, principalmente de aquellas que se encontraban en el sector laboral informal y no contaban con seguridad social.

A dos meses de haber iniciado su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina del 7 de febrero de 2019, aseguró que había detectado “corrupción” en varios programas, incluyendo el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

Este programa era un espacio dedicado al cuidado y atención infantil, operado por una persona que fungía como responsable y esta persona se encontraba capacitada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora llamada Secretaría del Bienestar.

“Se les va a entregar el apoyo directo a las madres, a los padres, no a las estancias infantiles, sino directo a las niñas, a los niños, a través de sus padres, y que ellos, con lo que les corresponde, puedan entregar esos recursos a quienes manejan o administran las estancias infantiles o que utilicen esos recursos de la manera que ellos decidan, porque hay irregularidades en el manejo de las estancias infantiles”, declaró el Presidente.

En 2019, López Obrador, a través de la CIRCULAR UNO 2019, canceló todos los apoyos a organizaciones de la sociedad civil. Se argumentó como objetivo terminar con una intermediación que supuestamente originaba discrecionalidad, opacidad y corrupción.

El gobierno dejó de dar dinero de manera directa a estas instancias y ahora no existe información respecto a cuántas estancias continuaron después del año 2019. Ante dicho cambio operativo, los apoyos se dejaron de dar a los centros de servicio de cuidado infantil y se transfirieron directamente a las beneficiarias. Este cambio también llevó a una modificación presupuestal. Entre 2018 y 2019 se cortó en 51.5% el presupuesto, lo que significó un monto total ejercido de mil 975 millones de pesos para 2019.

Esta medida ha tenido consecuencias públicas para todas y todos. La asistencia de niñas y niños a centros de servicio de cuidado infantil disminuyó cerca de 20% tan sólo en el primer cuatrimestre de 2019 (Save The Children, 2019).

Además, el recorte de presupuesto generó que muchos centros cerrarán definitivamente por la falta de recursos. Al reducirse los apoyos para que creciera la oferta de centros infantiles se incrementaron los costos de mantener su operación, por lo que cerraron las estancias de la sociedad civil que hacían posible esta labor. Esto ha llevado a que miles de madres tengan que buscar opciones de cuidados informales como lo son otros miembros de la familia, por ejemplo.

Tres años después de los cambios en el programa, las mujeres reciben 1,600 pesos cada dos meses en compensación por el cierre de las estancias infantiles. De acuerdo con el Padrón Único de Beneficiarios, el programa actualmente cuenta con 128 mil 375 beneficiarias. En 2018 las estancias infantiles atendían a 321 mil 726 mujeres en todo el país. Como efecto del cierre de las estancias infantiles, miles de madres se vieron obligadas a dejar a su hija o hijo con algún pariente o en una guardería privada. Otras tuvieron que renunciar a su trabajo, lo que diagnostica con claridad la falla central en los objetivos de la política pública. (continuará) (https://contralacorrupcion.mx/violencia-contra-la-mujer/)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.