Por: Rosalinda Cabrera Cruz
Las elecciones de 2024 están en pleno proceso; los candidatos a los diferentes cargos de representación popular están como niños buenos respetando la normatividad que marca el Instituto Nacional Electoral en esta materia, con tal de evitar cualquier tipo de sanción que pudiera eliminar sus aspiraciones políticas.
Sin embargo, como bien se dice que la esperanza es lo último que muere, están muy al tanto de lo que las bolas de cristal o encuestas les digan para prácticamente cada semana reorganizar sus estrategias de campaña, sobre todo porque les dieron tiempos de promoción muy breves, conforme a las cifras registradas de tendencia al voto.
Algunos de los candidatos o candidatas se deslindan y afirman y aseguran que las encuestas son sólo fotografías que se toman en el momento y que pueden variar, pero eso no les significa ningún obstáculo para encargar con diferentes empresas o medios de comunicación la aplicación de alguna de estas indagaciones.
Hay empresas que independientemente de recibir el encargo, ya han hecho toda una tradición de las encuestas, como es el caso de grupo Reforma, que entre los muchos cuestionamientos que ha aplicado entre la ciudadanía, se encuentra el relativo a la tendencia al voto; sin embargo, ellos mismos han admitido sus errores de vaticinio en procesos electorales anteriores, al igual que lo han hecho otras empresas que, revestidas de seriedad, en muchos casos adaptan sus conteos a las necesidades de quienes les hacen el encargo de analizar el ambiente electoral, pero a su favor, lo que en la mayoría de las ocasiones les hacen incurrir en errores de óptica.
Elecciones complicadas
A mediados de 2023 arrancaron los trabajos para las elecciones de 2024, a celebrarse el 2 de junio, consideradas las más complicadas de la historia por su magnitud y porque el panorama reviste características propias que en estos momentos pondrían ponerlas en serios riesgos.
Dichas peculiaridades incluyen que el presente proceso electoral es simultáneo, lo que lo hace el más grande, complejo y caro que se recuerde; pero esto ocurre en un momento muy complicado para la nación, tanto social como político, económico e incluso de salud, dado que no han terminado las secuelas de la pandemia por COVID-19.
Al ser el tema de inseguridad redundante para todo el país, los partidos políticos ahora se han visto obligados a seleccionar a sus candidatos totalmente desligados de cualquier relación o influencia del crimen organizado (aunque de vez en cuando les encuentran algún prietito en el arroz, sobre todo cuando se presentan en debates públicos). Pero no sólo eso, hoy los partidos políticos y sus candidatos están bajo la obligación de convencer a los votantes de acudir a las urnas, algo que se mira bastante difícil cuando lo que prevalece es la desconfianza y el enfrentamiento social.
Lo complejo de estas elecciones, se refleja en las cifras y en que el éxito o el fracaso en el objetivo de las campañas electorales de cada uno de los casi 20 mil candidatos a contender por un puesto popular, dependerá del cómo se introduzcan a las masas y así llegar a casi 98 millones de posibles votantes.
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que en el proceso electoral 2023-2024 estarán en juego más de 20 mil cargos, entre ellos el de la presidencia del país, pero lo significativo es que por primera vez se perfila la llegada de una mujer al cargo.
Este proceso es conocido como el “más grande” de la historia del país, pues es la primera vez que hay elecciones concurrentes (estatales y federales) en las 32 entidades federativas; además de que el INE planea realizar acciones nuevas, como voto en prisión preventiva en el país, voto anticipado y voto en el extranjero en tres modalidades.
El INE solicitó para la organización de los comicios 34 mil millones de pesos a la Cámara de Diputados, de los cuales 12 mil 808 millones de pesos son para organizar los procesos electorales locales y federales, así como las campañas de los partidos y posibles candidatos independientes.
Se renovarán el 2 de junio la presidencia del país; en el Congreso de la Unión serán 500 diputados y 128 senadores, así como los 31 Congresos locales; también se eligen 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México; habría que incluir mil 580 ayuntamientos y 16 alcaldías en la capital del país.
En síntesis, el recuento de todo ello arrojará el gasto de 22 mil 322 millones 879 mil 716 pesos, donde no se incluye el financiamiento público de los partidos políticos, ya que fue aprobado por separado por el Congreso de la Unión y refleja el recorte de 5 mil 003 millones 205 mil 906 pesos aprobado por la Cámara de Diputados.
De este modo, el presupuesto del INE para 2024 fue dividido en los rubros Presupuesto Base, dedicado a las actividades ordinarias, y Cartera Institucional de Proyectos, la cual organiza los procesos electorales locales y federales.
Sin embargo, el dinero no lo es todo, porque los hechos sangrientos de los últimos meses, sobre todo en algunas de las entidades donde renovarán gobernador, conducen a que la ciudadanía o posibles votantes, ante el temor y el clima general de inconformidad, inseguridad, revueltas y existencia de grupos interesados en la desestabilización, prefieran no acudir a las urnas.
Seleccionar candidatos es otro cantar, porque esto desde hace mucho tiempo debió ser objetivo claro de los partidos; la exigencia de trayectorias intachables e inmunes a cualquier nexo con el crimen organizado es lo más importante e incluso es la bandera de muchos aspirantes, de ahí que cada instituto político afinó sus estatutos, sus reglamentos y métodos de selección para ser no sólo efectivos sino creíbles, lo que se ha logrado sólo a medias.
Todas las encuestas ubicaban ya a los políticos en los últimos lugares de la aceptación ciudadana, aún antes de los más recientes escándalos de corrupción, complicidades y desaseo en la selección de funcionarios, dirigentes partidarios y representantes populares, por lo que las campañas electorales deben ser creíbles, de cercanía con la gente, con transparencia (según el INE) y de escucha de las carencias más urgentes.
Las preferencias
Hoy las encuestas van y vienen; hay candidatos o candidatas en el país que no mueven un pie si no consultan antes las encuestas que ha ordenado a modo; el último registro de preferencia electoral nacional de la entrega mensual de Parametría, indica que el PRI y todas sus alianzas cuentan con 38 puntos de preferencia electoral, muy cerca de Morena, que maneja cifras parecidas y de ahí para abajo (sin que esto sea necesariamente cierto).
Se debe mencionar también que las elecciones federales suelen ser menos volátiles y la preferencia electoral menos personalizada, pero sí más abstracta, es decir: se vota por un partido. En estas condiciones de elección, el elector no puede ser indiferente a lo que pasa a su alrededor: noticias, escándalos, comunicación de los partidos en la contienda, spots y de cuya influencia seremos testigos durante las próximas semanas.
Las elecciones para gobernador en 8 entidades están en el ojo del huracán; son observadas y vigiladas por la autoridad electoral con cuidado y prudencia debido al clima de violencia y narcotráfico existente en muchos de esos estados.
En particular en Michoacán, para nadie es un secreto que el narcotráfico ha sentado reales y donde a pesar de la presencia de las fuerzas federales para poner orden, éste no se ha establecido, como se ha podido ver en las primeras planas de los diarios estatales y nacionales que narran los recientes atentados de los grupos delincuenciales en Tierra Caliente y en Maravatío, donde ya se ha cobrado la vida de algunos aspirantes.
Es una de las entidades donde estarán encendidos los focos rojos a consecuencia de la violencia y la falta de control gubernamental local, por lo que indudablemente intervendrá el gobierno federal de último momento, por lo menos para atender la seguridad pública de la población (y habría que observar aquí de qué color son las fuerzas de seguridad federales).
El abstencionismo
No obstante, el principal rival a vencer será el abstencionismo electoral. En este proceso de 2024, el reto, además de la filtración del crimen organizado en Michoacán, será la ausencia en las urnas de los votantes, en ocasiones por miedo y en otras por salud.
El INE gastará más de 35 millones de pesos, sólo durante el actual proceso electoral, para cumplir con su obligación y mitigar el abstencionismo que se prevé ronde el 55 por ciento o más del electorado.
Durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021, el INE erogó 27 y 4.2 millones de pesos respectivamente en pagos a una casa productora llamada Fluxus S.A. de C.V, cuyo registro de marca está a nombre de Ivo Gaytán Molina y Ángel Izcalli Marín Santamaría y en lo referente a este año, el propio listado oficial indica que habrá aún más gastos, pues el monto mínimo para la producción de spots es de 17.1 millones de pesos, mientras el máximo alcanza los 28.6 millones.
Este 2 de junio, los analistas coinciden en que el hecho de que estén en juego 8 gubernaturas y la presidencia de la nación podría sacar a más gente de su casa para ir a votar, ya que en México suele haber mayor participación cuando está en juego también la presidencia, sobre todo hoy que las aspirantes con mayor fuerza son mujeres.
Para combatir el fenómeno del abstencionismo que permea en estos ejercicios, el Instituto Nacional Electoral diseñó una campaña de promoción del voto; de acuerdo con un documento de transparencia proporcionado por la Dirección de Recursos Financieros del INE, el instituto ha destinado casi 40 millones en su campaña institucional para el proceso electoral 2023-2024, cuyos materiales audiovisuales en radio, televisión e Internet, van desde el llamado a la credencialización de ciudadanos hasta la promoción del voto como parte de la cultura cívica.
Habría que recordar que entre febrero y diciembre de 2020, el INE pagó 27 millones 33 mil 185 pesos por un total de 33 materiales audiovisuales relativos al proceso electoral que arrancó formalmente en septiembre de ese año; ya en 2021, sumó 4 millones 279 mil 431 pesos por tres spots más, todos durante el mes de marzo, con el objetivo de fomentar el voto entre la ciudadanía y ahora la cifra está por verse.
Es de mencionar también que hace seis años, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional arrasaron en los comicios, la participación registrada fue superior al 62 por ciento y en contraste, en las elecciones de 2003, 2009 y 2015, cuando se renovó la Cámara de Diputados a mitad de las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la participación rondó apenas el 44.6 por ciento, menos de la mitad de la lista nominal.
El cierre se acerca y no se ponen de acuerdo
Faltando 2 meses y medio de campañas electorales, los partidos que sean capaces de identificar en dónde están los distritos electorales o las regiones en las que pueden obtener ganancias en el margen, y que, además, puedan empujar su campaña en esos puntos, son los que tienen mayor probabilidad de lograr los avances más redituables en esta recta final.
A estas alturas ya resulta poco rentable electoralmente tratar de ampliar la ventaja en estados o distritos en los que el margen es amplio para cualquiera de los contendientes, porque ya se ingresó a la etapa en la que se requieren micro estrategias para incidir en algunos resultados clave y por lo mismo, la información que las respalde debe ser cada vez más granular, es decir, lo más específica posible.
Quizás la historia sería muy diferente si el presidente López Obrador hubiera estado en las boletas de alguna manera (está, pero de manera velada) y como esto no ha ocurrido, se vienen poco menos de tres meses en los que lo que hagan o dejen de hacer los partidos y candidatos va a ser determinante para el resultado del 2 de junio.
En 2018, a pesar de que todas las encuestadoras plantearon escenarios que resultaron inciertos, no sólo en el ganador sino en el orden en que aparecieron todos los candidatos, se presentaron quejas ante el tribunal electoral por no haber “pronosticado” la distancia con la que el ganador lo haría, y ese cuestionamiento aún es utilizado por algunos para descalificarlas.
Se sabe perfectamente que el problema estuvo en la forma de comunicarlas; sin embargo, las encuestas estarán de nuevo presentes y seguramente los perdedores las acusarán de su derrota, así que los encuestadores no deberán dejarse presionar y reportar el resultado de cada ejercicio, como siempre se ha hecho.
Lo que es una realidad, es que con la participación activa de las redes sociales, donde aparecen constantemente encuestas “fantasma” o elaboradas por “bots” que luego se dan por ciertas favoreciendo a uno u otro de los aspirantes, tal como ha ocurrido al día siguiente de los debates organizados por el IEM en contiendas anteriores, en donde absolutamente todos los partidos políticos anunciaron como ganadores a sus gallos o gallinas, la opinión de los posibles votantes parecen inclinarse hacia uno u otro color, hasta que surgen algún otro escándalo que mueve los vientos hacia distinta dirección.
Las encuestas no son otra cosa que bolas de cristal adivinatorias donde las casas encargadas de levantar conteos meten supuestas preferencias, levantadas a modo y de acuerdo con intereses políticos, económicos y sociales; si bien algunas aciertan, son más las que ofrecen datos equivocados, a pesar de atribuirse objetividad y seriedad en la selección de las muestras que van a contabilizar después.
Las encuestas se vienen realizando por vías tradicionales, como son las de vivienda, telefónicas o las de diversos medios de comunicación; con menos seriedad se tienen las de redes sociales, puesto que son levantadas de manera robotizada y por ende contestadas de la misma forma, lo cierto es que de alguna manera impactan en las campañas y eso es lo que cuenta, sobre todo en las elecciones más grandes de la historia de México, donde hay tanto en juego.
Gastos para la elección 2023-2024
- Organización de los procesos electorales locales: 81 millones 806 mil 008 pesos
- Organización de proceso electorales federales 9 mil 355 millones 397 mil 934 pesos
- Campaña a partidos 3 mil 304 millones 893 mil 614 pesos
- Campaña de candidatos independientes 66 millones 97 mil 872 pesos
