Especial| Los Rapa Nui, entre el desastre y la corrupción

Rosalinda Cabrera Cruz/ (Enviada)

Chillán, región de Ñuble, Chile, 17 de agosto de 2023.- Los daños al patrimonio mundial se pueden registrar en cualquier parte del globo terraqueo; siempre es de lamentar la pérdida de la memoria cultural, pero más cuando se trata de vestigios humanos que pueden hablar acerca de la dispersión del hombre entre América y Asia.

Es el caso de la famosa Isla de Pacua y sus monumentales Moáis. En fechas recientes, más de 350 piezas arqueológicas sufrieron algún daño producto de un feroz incendio que afectó la cantera del cráter volcánico Rano Raraku, en la Isla de Pascua, según arrojó una investigación liderada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) y que apenas se dio a conocer hace algunos días.

Del patrimonio perjudicado por las llamas en la cantera donde los antiguos Rapa Nui fabricaron los majestuosos tallados, 222 corresponden a las estatuas; 22 de ellas con graves alteraciones que deben ser tratadas al corto plazo, advierte el documento de la UNESCO. “El daño es mucho más grande de lo que imaginamos”, sostuvo vía telefónica el alcalde pascuense, Pedro Edmunds.

Cabe precisar que el incendio ocurrió en una zona patrimonial especialmente sensible de la triangular isla ubicada en medio del Océano Pacífico y parte de la región chilena de Valparaíso, situada a 3 mil 600 kilómetros. De igual manera se debe precisar que en la cantera Rano Raraku, varios moáis están inconclusos, semi enterrados, como el Te Tokanga, de 22 metros de largo y unas 200 toneladas de peso. Esto permitió que la mitad de las misteriosas estatuas se protegieran del fuego que impactó la isla declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1986.

Los arqueólogos de la organización, miembros de la comunidad indígena Mau Henua y de entidades gubernamentales y de la sociedad civil que elaboraron el informe, concluyeron que, más allá de las llamas, los factores climáticos e hídricos son los más recurrentes y perjudiciales para los moáis. La erosión biológica acelera el proceso de deterioro de la capa exterior de las estatuas, impactando entre 5 y 10 centímetros su superficie de roca única del que está formado el volcán, la toba lapilli. “El tiempo, la lluvia y el viento los están degradando. Si no hacemos nada, en 100 años van a desaparecer”, alerta Edmunds.

Pero el desastre natural va de la mano con corrupción y malos manejos financieros, que ahora impiden que la ayuda internacional llegue al rescate del patrimonio cultural.

Lo que dicen los expertos internacionales

La representante de la UNESCO en Chile, Claudia Uribe, explicó que para conservar las piezas patrimoniales, se pueden aplicar técnicas relacionadas con la hidrofugación y adhesión de la piedra. Esa sofisticada metodología se utilizó hace pocos años con gran éxito y hace más de dos décadas en el centro ceremonial Ahu Tongariki, sobre el cual se yerguen 15 moáis.

En incendios anteriores, donde también se vieron afectados algunos moáis, científicos japoneses y chilenos del Consejo de Monumentos Nacionales aplicaron soluciones químicas en la piedra para brindarle una capa de protección, al igual que se llevó a cabo en algunos monumentos del Templo Mayor en México encontrados sumergidos en el manto freático del antiguo lago de Texcoco.

Por su parte, la arqueóloga y conservadora de la Comunidad Indígena Ma’u Henua, Daniela Meza, aclara que es un mecanismo muy lento y costoso, pues cada moái implica dos a tres meses de trabajo e importar una serie de materiales de laboratorios extranjeros, como el llamado mouital mexicano.

“Los materiales no son tan caros, pero sí los costos aduaneros”, denuncia, añadiendo que antes del incendio había elaborado una lista de emergencia con las estatuas en peor estado. Explicó que “Son unas 15, no se quemaron, pero están más graves. Están al lado del mar y se están cayendo, prácticamente, a pedazos. Una vez que tengamos el permiso de Monumentos, vamos a devolverles su fuerza física para que puedan seguir de pie”, afirmó la especialista, quien junto a un equipo está diseñando una metodología para que no sea tan engorroso a nivel administrativo proteger los monumentos.

El alcalde Edmunds precisó que no se tiene el presupuesto para aplicar la técnica de protección en los 22 moáis más perjudicados por el incendio, pero lamentablemente, la representante Claudia Uribe aclaró que la UNESCO tampoco otorgará recursos para financiar dichos tratamientos de restauración y reparación.

“El desafío que se enfrenta hoy es levantar fondos para iniciar un plan de conservación”, pero antes de llegar a ello, los expertos elaborarán un plan de gestión de riesgo para fortalecer las capacidades de respuesta de los locales ante incendios u otras emergencias.

Todo el proyecto de la UNESCO en relación a los incendios cuenta con un presupuesto de 97 mil dólares para un año, financiado por el Fondo de Emergencia para el Patrimonio (HEF) del organismo, que busca la preservación y conservación de los sitios, por lo que se busca que dicha inversión no esté sujeta a la negligencia humana y al poco cuidado de las zonas consideradas como patrimonio mundial.

Primero pandemia, luego corrupción e incendio

La Isla de Pascua vive del turismo, cerró por dos años y medio a consecuencia de la pandemia por COVID-19, y aunque el alcalde se presentó ante la Organización de las Naciones Unidas para hablar de cómo lograron tener solo cinco contagios y ni un muerto, la economía resultó muy golpeada en Rapa Nui, algo de lo que no se han podido recuperar. Actualmente (en pleno invierno del hemisferio sur americano), están recibiendo solo tres vuelos semanales (un total de 750 personas), lo que contrasta con los 14 que llegaban antes del confinamiento con más de 8 mil visitantes.

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) suscribió la semana pasada un acuerdo por 620 mil dólares con el municipio pascuense y la comunidad indígena Ma’u Henua, administradora del Parque Nacional Rapa Nui. Los fondos serán destinados a fortalecer la gestión de la histórica isla y reactivar su economía. Cada isleño lo nota en su área, citando un ejemplo, Daniela Meza, la arqueóloga, ya no consigue reunir fondos de la comunidad cuando necesita proteger un moái, o los 22 dañados.

Pero siempre existe corrupción. A inicios de 2018, el Estado de Chile entregó en concesión el Parque Nacional Rapa Nui a la comunidad indígena Ma’U Henua, creada para ese fin. Para entonces ya existían pruebas contundentes en contra del directorio de Ma’U Henua, por graves inconsistencias financieras en la administración del parque.

En tan solo un año y ocho meses, medio millón de dólares fue a parar a las cuentas de los familiares directos y cercanos del presidente del directorio, conflicto que ha dividido a la sociedad indígena Rapa Nui en dos bandos y la tensión va en aumento, dejando hasta ahora el saldo de un linchamiento público y un juzgado incendiado.

Un acuerdo de coadministración

Los pascuenses están a la búsqueda de independizarse; en 2015, los isleños habían bloqueado los accesos al parque y un aire separatista animaba las protestas en contra del Estado de Chile y particularmente contra la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el organismo público encargado de la administración de las áreas naturales protegidas.

Los Rapa Nui exigían la autogestión de su patrimonio natural y cultural, el que consideraban estaba siendo destruido por una administración estatal que, en lugar de invertir los ingresos del parque en el mismo, los derivaba al nivel central, en el continente.

La ira de los isleños y sus ánimos de independencia fueron calmados por una promesa de la entonces presidente Michelle Bachelet: antes de terminar su mandato presidencial, entregaría completamente el parque a los Rapa Nui. Para hacerlo era necesario constituir una comunidad indígena con personalidad jurídica. Fue así que un 2 de agosto de 2016 nace Ma’U Henua, que en Rapa Nui quiere decir dirigir, encauzar la tierra.

El acuerdo consistía en una coadministración entre CONAF y dicha comunidad, encabezada por un directorio cuyo presidente es Camilo Rapu, 38 años, ingeniero comercial. Más tarde, si las condiciones se cumplían, el parque sería entregado en concesión por 50 años a Ma’U Henua.

Las condiciones consistían en que la comunidad cobraría las entradas al parque y semanalmente depositaría el dinero en una cuenta bancaria de la CONAF. Esta última le devolvería el dinero mensualmente a Ma’U Henua, luego de que la comunidad le rindiera correctamente los gastos e ingresos del mes anterior. Además, según el acuerdo, cada año se realizaría una auditoría financiero administrativa.

Al mismo tiempo, según los estatutos de Ma’U Henua, la administración que el directorio hiciera del parque sería fiscalizada por los Honui. Un grupo conformado por los representante de las familias Rapa Nui quienes, según la tradición, son los encargados de comunicar, ante los gobernantes, la voluntad de la familia a la que pertenecen. Hoy, casi siete años después, Carlos Edmunds Paoa, Honui y presidente del Consejo de Ancianos, otra de las instituciones indígenas más importante de la cultura Rapa Nui, se lamenta por el rumbo de los acontecimientos. Nunca imaginó el día en que celebró la creación de Ma’U Henua que el sueño terminaría en pelea.

¿Y quien es la familia Rapu?, de acuerdo a documentos oficiales, algunas de las rendiciones hechas por la administración de Ma’U Henua a la CONAF, depósitos bancarios, planillas excel de la contabilidad llevada por la comunidad y los resultados de la primera auditoría realizada a las finanzas de Ma’U Henua, entre octubre de 2016 y mediados de junio de 2018, al menos 566 mil 347 dólares fueron transferidos de las cuentas bancarias de Ma’U Henua a los familiares directos y cercanos de Camilo Rapu, el presidente del directorio.

Este dinero fue destinado al arriendo de oficinas, pertenecientes a miembros de la familia Rapu, y a otras prestaciones de servicios. En algunos casos los pagos nunca fueron rendidos y en otros tampoco se sabe con qué finalidad se realizaron. Las oficinas pertenecen a Valeria Hey, abuela materna de Camilo, y son alquiladas por 5 mil 894 dólares mensuales, y a Karen Rapu, hermana del presidente, quien recibe por ellas 2 mil 755dólares cada mes.

El abuelo materno de Camilo, Matías Riroroko, posee Naviera Iorana, una empresa de transporte marítimo que provee a la Isla de Pascua de todo tipo de productos traídos desde Valparaíso y cuyo gerente general es Camilo Rapu. Esta empresa recibió, entre octubre 2016 y junio 2018, 117 mil 693 dólares provenientes de las cuentas de Ma’U Henua.

Finalmente, María Eugenia Riroroko, madre de Camilo, se benefició también con las compras hechas por Ma’U Henua, desde que esta comenzó su gestión. La Sociedad de Servicios y Comercial Hare Toa Ltda., propiedad de Riroroko, le vendió a la administración de Camilo Rapu materiales de construcción, insumos para el funcionamiento de las oficinas, mercaderías, productos de limpieza y hasta plantas ornamentales.

La suma total asciende a 73 mil 744 dólares durante el período analizado. Además, a pesar de que Hare Toa emite facturas por la venta de sus productos, esta aún no ha iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), el servicio público que tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos del país.

Los intentos por llamar a votaciones

Al poco tiempo de echado a andar el proyecto Ma’U Henua, Honui (el grupo de representantes de las familias Rapa Nui) comenzó con las denuncias: “nos negaban la información, no consultaban nada con nadie y empezaron a acaparar el poder”, señalan.

Desde el Consejo de Ancianos concuerdan con ello. “Nosotros confiamos, nos sacrificamos, trabajamos mucho con el gobierno para que todo resultara y cuando resultó ahora el presidente no nos pesca. El está para administrar el parque y él se siente como el dueño de la isla ahora. Se siente como una empresa familiar”, dice Carlos Edmunds Paoa, presidente del Consejo.

Para Camilo Rapu, todo esto es una lamentable mala interpretación de los hechos y se trata de “una minoría que está tratando de manipular la información”.

Por lo pronto, dos asambleas extraordinarias han sido convocadas para votar la censura al directorio y en ambas, por mayoría de votos, la decisión ha sido destituir a los miembros de sus funciones. Sin embargo, cada vez, el proceso ha sido anulado por no cumplir con todos los requisitos formales para que la elección sea válida.

Días antes de la última votación, en diciembre 2018, a través de una carta, el diputado Andrés Celis solicitaba a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI, organismo del Estado encargado de asuntos indígenas) su intervención como árbitro en el conflicto. En el documento, el parlamentario confesaba estar preocupado por la división al interior de la sociedad Rapa Nui.

“Podríamos tener un lamentable desenlace no solo a nivel patrimonial, medioambiental o económico, sino que a nivel social y político”. Sergio Tepano, jefe de la CONADI en Isla de Pascua, asegura que por ley el organismo estatal no está facultado para intervenir en los procesos de elección de los pueblos indígenas.

Hoy por hoy no se sabe cuáles serán las consecuencias para el parque Rapa Nui de continuar las irregularidades financieras y la polarización de la sociedad, encima sin poder llevar a cabo procesos limpios de elección de quienes les rijan.

Mientras tanto, la tensión crece en una de las islas más importantes para el patrimonio natural y cultural no sólo de Chile sino del mundo. “Es una disputa entre clanes” ha etiquetado la prensa local. Pero a 3 mil 600 kilómetros del continente, los Rapa Nui esperan que el conflicto que los tiene enfrentados sea visibilizado con una explicación mayor. Tal vez así sus problemas sean prioridad en la agenda política de las autoridades chilenas.