Por: Rosalinda Cabrera Cruz
Luego de largos debates, por fin se concretó esta semana un objetivo que el Poder Ejecutivo Federal venía buscando desde hace varios meses: asestar un fuerte golpe económico al Poder Judicial de la Federación (PJF) a fin de controlarlo o desaparecerlo. Con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados Federal aprobó en lo general la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del PJF, con lo que la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral entregarían más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
Estas acciones hacen recordar lo ocurrido hace exactamente 3 años, cuando la federación se propuso controlar económicamente los recursos con lo que contaban las instituciones que realizan investigación científica en el país. Tras la fachada de la extinción de fideicomisos, 64 fondos creados para sufragar investigación científica fueron eliminados, bajo los ya conocidos argumentos de “corrupción” y “desvío” que son manejados por la 4T, algo que nunca han logrado probar.
La guillotina en esa ocasión estuvo en manos de las cámaras de diputados y senadores, donde no abundaban precisamente las figuras con formación académica científica; fue un sector mayoritario manejado políticamente el que se encargó de dar luz verde a la iniciativa presidencial de Andrés Manuel López Obrador, quien sustentó dicha iniciativa en las propuestas de María Elena Álvarez-Buylla Roces, la primera mujer en dirigir el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Para nadie es un secreto la pugna existente entre dos de los 3 máximos poderes de la Unión, así que para dar el golpe al PJF, el Ejecutivo utilizó a uno de sus diputados: al fijar la posición de Morena a favor de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el líder de la bancada guinda y principal promotor de la iniciativa, Ignacio Mier, acusó a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de utilizar a trabajadoras y trabajadores como “escudo humano” para defender los privilegios de las y los ministros.
En su momento, acusó que “existen fuertes resistencias e intereses; intentan confundir a la sociedad. Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido (en alusión a Norma Piña). Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a las y los trabajadores del poder judicial como un escudo humano”, dijo, aunque claro, sin tener las pruebas en la mano.
Algunas voces se han levantado desde ese momento; la diputada panista Margarita Zavala calificó la extinción de fideicomisos como un saqueo al Poder Judicial, mientras el coordinador del PRD, Luis Cházaro, denunció una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la Suprema Corte de la Nación.
¿Qué es un fideicomiso y para qué sirve?
Conforme a la definición de los especialistas, los fideicomisos son instrumentos financieros en los que instancias públicas o privadas, por decirlo de alguna manera, guardan fondos en una bolsa destinada a un fin específico, pero cuyos montos, mientras no sean gastados, también generan rendimientos.
Hasta el segundo trimestre de 2023, la secretaría de Hacienda reportó 178 fideicomisos vigentes, 138 en operación y otros 40 en proceso de extinción. Un ejemplo de los vigentes lo tiene la secretaría del Bienestar, usado para garantizar la entrega del programa de apoyo insignia del gobierno federal.
Estos fideicomisos se nutren de recursos presupuestales aprobados por la cámara de diputados, y la dependencia beneficiada tiene la ventaja de que si al finalizar el año no se emplearon los recursos se quedan en la “bolsa”, e incluso pueden crecer, lo que da mayor control de los recursos, más allá de los vaivenes políticos y la discusión anual entre partidos para asignar presupuesto.
En pocas palabras “básicamente se garantiza no correr el riesgo del recorte de presupuesto en un determinado año, y la instancia quede sin la capacidad de financiar un programa en cuestión”, según se explica en la página web México Evalúa, en lo correspondiente a Gasto Público. Así, el uso de los fideicomisos “permite una mejor planeación y proyección de esos recursos para el fin que se le ha atribuido”, siguiendo la misma fuente.
La opacidad en el manejo de estos recursos puede existir, lo que fue usado en la argumentación del legislador Mier al señalar el manejo discrecional de recursos públicos que puede tenerse con estos instrumentos, pasando por alto que también son utilizados por secretarías del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es por ello que los legisladores de oposición han acusado que la iniciativa ahora aprobada, más que buscar la transparencia y ahorro, busca castigar al poder Judicial y afectar su autonomía, por las resoluciones que ha emitido respecto a reformas del gobierno actual y que han causado el disgusto del presidente AMLO.
Sí afectan a las y los trabajadores
La aprobación de la iniciativa morenista de esta semana incluye la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial, tres relacionados con pensiones “complementarias”, es decir, montos de pensión que se suman a los que asigna por ley el ISSSTE a funcionarios públicos, y que son financiados con recursos provenientes de los fideicomisos, los que benefician desde el director general a secretario de estudio, sin considerar aquí a ministras y ministros en retiro.
De igual manera, se afecta a las pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo y al de pensiones complementarias de magistradas y jueces jubilados. Cabe aclarar que más de la mitad de los recursos que se eliminarán son de fideicomisos enfocados en pensiones, y que el de mandos superiores es el de menos recursos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que desde la creación de estos fideicomisos de pensiones complementarias se estableció que su entrega no sería obligatoria ni permanente, a lo se refirió el abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM Francisco Burgoa a través de sus redes sociales: “Entiendo el planteamiento (de López Obrador) porque podemos pensar que si hay fideicomisos que no son obligatorios, entonces al no ser obligatorios se podrían eliminar y no debería de pasar nada… pero el tema es que una vez que se han creado, aunque no fueron obligatorios constituyen obligaciones ya respecto a los trabajadores, y los trabajadores a la inversa ya tienen derechos adquiridos”, lo que implica que su desaparición sí les afecta.
Al respecto, el artículo 123 de la Constitución explica que ninguna ley se puede aplicar en forma retroactiva. “(La eliminación de los fideicomisos) implicaría su aplicación de forma retroactiva porque se estarían afectando los derechos de los trabajadores”, concluyó el especialista.
Es de mencionarse que el padrón de la SCJN de beneficiarios del fideicomiso de pensiones complementarias para mandos superiores tuvo al 30 de septiembre de este año a 26 beneficiarios y el de mandos medios a 188. En el caso del Fideicomiso Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces jubilados, en el reporte del segundo trimestre de este año se observaron 385 beneficiarios en sus reportes de Transparencia.
Entre los fideicomisos con el mayor monto presupuestal, y que ahora corre el riesgo de ser eliminado, se encuentra el del Consejo de la Judicatura Federal para el Desarrollo de Infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal, cuyos recursos se utilizan para financiar la implementación de obligaciones derivadas de reformas constitucionales y legales como la reforma laboral, así como de la suscripción de tratados internacionales, como es el caso del T-MEC.
Otro de los fideicomisos es el de Mantenimiento de Casas Habitación de Magistrados y Jueces, para proveer una vivienda a magistrados de Circuito o jueces de Distrito cuando se les asigne a órganos jurisdiccionales con distinta residencia a la de su domicilio actual, con lo que se evita que dichos funcionarios judiciales establezcan relaciones de tipo comercial para contar con una vivienda con personas que, a la postre podrían ser parte en juicios federales.
Cabe mencionar que, al término de esta semana, ya se anuncia al menos un centenar de promociones de amparo para impedir se ejecuten los órdenes de extinción. Dichas demandas buscarán suspender los efectos de la reforma con el fin de que los trabajadores del PJF puedan seguir adquiriendo sus prestaciones, como servicios médicos y créditos para vivienda.
Asimismo, los recursos que concentran estos 13 fideicomisos no son para lujos de ministros, como Morena asegura, sino que se destinan para solventar prestaciones al personal operativo del Poder Judicial, como las secretarias o las personas que sacan copias.
Literalmente, esta reforma tiende a desaparecer fideicomisos con los cuales se les pagan a las y los trabajadores en activo y jubilados sus pensiones, prestaciones de seguridad social, vivienda y servicios médicos, que son derechos adquiridos.
Con ello ocurriría algo similar a lo que pasó con la Ley de Austeridad Republicana y de Ley Federal de Remuneraciones, con las cuales vinieron a desaparecer al personal del Poder Ejecutivo prestaciones, como servicio médicos privados y seguros de separación individualizada. Finalmente, al desaparecer los fideicomisos, los más de 15 mil millones de pesos anunciados se irían a la Tesorería de la Federación para ser utilizados como determine el Gobierno federal.
El piso no es parejo
Tal como ocurrió hace 3 años con la desaparición de fideicomisos “no amigables” para la 4T, como era el caso de los relacionados con la investigación científica y que pintó de malos y conservadores a los investigadores, hoy ocurre lo mismo con quienes se han opuesto abiertamente a las medidas e imposiciones del presidente desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde donde se han parado en seco reformas un tanto cuestionables, como la educativa.
Pero no en todos los casos de fideicomisos ha ocurrido así; un ejemplo es el Ejército, donde los recursos disponibles en un fideicomiso del mismo, destinado a la administración y pago de equipo militar han aumentado en mil 79 por ciento desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Dicho fideicomiso fue creado en el sexenio de Felipe Calderón, denominándose Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), que desde entonces ha sido cuestionado en diferentes ocasiones por su opacidad financiera y malas prácticas, y que, pese a dicho antecedente, ahora acumula recursos por 67 mil 295 millones de pesos.
Ahora, durante el actual gobierno, los fondos de dicho fideicomiso se han destinado a rubros tales como el aeropuerto de Santa Lucía, pero también a insumos que van desde vajillas hasta vestimenta para “policía militar” (lo que se puede consultar asimismo en sus páginas de Transparencia).
Su crecimiento se dio mientras, por otro lado, López Obrador anunciaba en octubre de 2020 la eliminación de 109 fideicomisos con un saldo equivalente a 68 mil millones de pesos (cifra similar a la alcanzada por el FPAPEM), acusando presunta corrupción y malos manejos. Entre ellos los fideicomisos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y los del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ya mencionado.
Este fideicomiso para la milicia le da mayor flexibilidad y libertad a la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el manejo de los recursos, pero resulta contradictorio que se haya catalogado a los fideicomisos como un vehículo de la corrupción en gobiernos pasados, y por ende se extinguieran, lo que no ocurrió con los de la Sedena, que funcionan exactamente igual que los otros.
Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su cuenta social X, explica que, si bien el presupuesto que no gastan las instituciones debe ser devuelto a la tesorería, en el caso de los fideicomisos no se regresa, se mantiene como una bolsa “y eso da mayor disponibilidad de recursos y también, al momento de ejecutarlo, podría decirse que es un poco más rápido o directo, porque no se tienen que esperar todas las transferencias presupuestales”, pero también puede ser usado discrecionalmente.
El monto que tenía el FPAPEM al segundo trimestre de 2021 superaba, por ejemplo, al aplicado en el Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar o FONSABI, que financia intervenciones de padecimientos de alto costo como algunos tipos de cáncer, trasplantes.
Otros tres fideicomisos de Sedena, dedicados al pago de haberes de retiro, pensiones y compensaciones, apoyo a deudos de militares fallecidos y para hijos de personal adscrito al estado mayor presidencial, se han mantenido sin grandes cambios de presupuesto en los últimos tres años; los cuatro suman 69 mil 187 millones.
Pero hay otros gastos que denotan excesos y despilfarro. Documentos disponibles sobre el FPAPEM, muestran que estos recursos se han utilizado para diversas adquisiciones, desde el aeropuerto y playeras, hasta jarras y vajillas. De acuerdo con la auditoría de desempeño 2019-0-07100-07-0069-2020 realizada al proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la propia Sedena informó al órgano fiscalizador que en 2019 ejerció 21 mil 422 millones de pesos en su construcción, de los cuales, 16 mil 719.6 millones de pesos corresponden al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.
Es decir, el 78 por ciento del gasto de ese año habría salido del fideicomiso, aunque la Auditoría Superior de la Federación también refirió que no había claridad respecto a ese gasto, y “no se proporcionó evidencia que justificara dichas cifras”.
En dicho documento se añade que Sedena informó que para 2020 y 2021 tenía previsto transferir recursos del FPAPEM al proyecto de inversión del AIFA, aunque “no precisó el monto a transferir”.
Contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha de 2020 y 2021, exhiben que la Sedena también ha utilizado este fideicomiso para la adquisición de equipo para “policía militar”, camionetas, servicios de blindaje, ambulancias, literas, cartuchos, además de otros productos. Del fideicomiso (el que por cierto tiene el monto más alto de los contratos disponibles) fue para la adquisición de 68 mil 795 chamarras, así como 81 mil 20 playeras con short.
