Los feminicidios así como los homicidios dolosos de mujeres, no han disminuido en los últimos años, al contrario, en 2022 creció 2% con respecto al año pasado. Para responder a esta problemática, en 2008 fueron creadas las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, sin embargo, sus fallas las han vuelto insuficientes para detener la violencia machista.
Por: Miranda Carballo Corrales/MCCI
La violencia feminicida, así como los homicidios dolosos de mujeres, no han disminuido en los últimos años. Cuando se trata de los feminicidios, las víctimas en 2022 siguen exactamente en el mismo punto que hace cuatro años: 1.5 por cada 100 mil habitantes. Al considerar las mujeres que han sido víctimas de homicidios dolosos (que no han sido clasificados como feminicidios), la situación no solo es más preocupante por su dimensión, sino que en 2022 creció 2% con respecto al año pasado.
Para tratar de atender este entorno de violencia de género en el país, una de las principales acciones que se han desarrollado desde el gobierno han sido las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Estas fueron creadas en 2008 como una intervención gubernamental para responder a la violencia machista y feminicida a través de políticas públicas de emergencia en un territorio determinado. Esta intervención, que involucra la participación de los tres niveles de gobierno, se materializa en un subsidio que es otorgado anualmente a los estados para que implementen acciones urgentes para resolver la situación de violencia contra las mujeres.
Las AVGM están en la ley desde 2008, aunque comenzaron a implementarse hasta 2015. Actualmente, las alertas de género se han declarado en 22 entidades federativas. A pesar de ser una de las pocas intervenciones focalizadas para atender la violencia contra las mujeres, han presentado múltiples fallos en su diseño, implementación y evaluación, así como un déficit importante de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. Lo anterior ha derivado en acciones descoordinadas y poco eficientes que no han logrado resolver de fondo la situación de violencia de género, ni abatir la impunidad alrededor de los delitos contra las mujeres.
Hemos identificado que las alertas de género, como muchos programas del Gobierno Federal, sufren adecuaciones presupuestales durante el año sin que haya una clara justificación por parte de las autoridades o una consulta con el poder legislativo. Sistemáticamente, el gasto ejercido en las AVGM ha sido inferior a lo aprobado por los legisladores como consecuencia de los recortes presupuestales realizados por el Poder Ejecutivo a lo largo del año fiscal.
Las líneas rojas de la siguiente gráfica muestran el presupuesto que la Cámara de Diputados ha aprobado para las alertas de género entre 2017 y 2022 mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Las barras de color azul muestran el dato de lo que efectivamente se pagó para las AVGM. El caso de 2020 es en donde la brecha se hace más dramática, pues la diferencia entre el presupuesto aprobado y el ejercido implicó una disminución de 47.5%. Esto quiere decir que las alertas de género recibieron prácticamente la mitad de los recursos que habían sido aprobados originalmente.
El gasto inferior a lo presupuestado en las AVGM es un fenómeno sistemático, pues no hay un solo año en que el gasto llegue a los niveles originalmente establecidos en el PEF. Una prioridad de gobierno que no se ve reflejada en el presupuesto, en realidad no es una prioridad. En el caso de la violencia contra las mujeres, resulta preocupante que una de las principales políticas para atender en calidad de emergencia este terrible mal, termine recibiendo aún menos recursos de los que debería. Para 2022, los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelan un gasto en las alertas de género 20% menor al aprobado.
Además de los recortes presupuestales, hay un problema de completitud en la información. Para el 2021, los datos proporcionados por la SHCP no nos permiten dar un seguimiento óptimo de cómo se ejerció el presupuesto del Anexo 13 ni de las Alertas de Género, pues no se reporta el monto específico del programa (que no significa que no se haya gastado presupuesto).
Para tratar de solventar esta falta de información, se realizaron solicitudes de información a las diferentes entidades y se sumaron los montos reportados de recursos recibidos para implementar las AVGM. Encontramos otra disparidad en los datos: no hay correspondencia entre el gasto reportado por las entidades y por el Gobierno Federal.
Por ejemplo, mientras que el PEF decía que en 2022 debían gastarse 144 millones de pesos, Hacienda reportó un gasto de 99 millones, mientras que los datos reportados por las entidades con AVGM indicaron un gasto de solo 53.8 millones. Esto limita seriamente la transparencia del programa y nos impide realizar un seguimiento preciso del gasto desde la sociedad civil, pues las cifras de diferentes autoridades no coinciden.
De manera adicional a estos problemas de transparencia y rendición de cuentas en las alertas de género, al analizar el diseño e implementación de esta política pública es posible identificar una serie de problemas que limitan seriamente la efectividad para reducir los niveles de violencia contra las mujeres:
El primer problema es de carácter institucional. Según las evaluaciones institucionales realizadas a estos programas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) deberían tener las facultades jurídicas para asegurar el cumplimiento de sus recomendaciones de política pública. No las tienen. Las capacidades administrativas y humanas actuales, así como las facultades para hacer vinculantes sus recomendaciones, resultan insuficientes para poder llevar un correcto seguimiento del problema de violencia de género en el ámbito de los estados, lo que lleva a una deficiencia en el ciclo de políticas públicas al no tener mecanismos de evaluación y corrección efectivos.
Un segundo problema de las AVGM es la pobre identificación de su ámbito de acción y población objetivo. De acuerdo con diversos informes realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la incidencia pública de estas intervenciones ha fallado al no tener claridad sobre a quiénes van dirigidos los programas que se deciden implementar y tener deficiencias en la transparencia de los recursos.
Un tercer problema es la falta de acompañamiento en el ámbito local. Los gobiernos estatales deberían destinar parte de su presupuesto para poder combatir la violencia de género de manera sistemática y concisa. Los subsidios por AVGM que aporta el Gobierno Federal no deberían ser la única base del combate a la violencia de género en el ámbito local.
El reporte «Las alertas de género y la violencia contra las mujeres en México: Fallas institucionales, diagnósticos equivocados», que puede ser consultado y descargado a continuación, ofrece un panorama sobre la situación general de la violencia contra las mujeres en México, una investigación sobre las AVGM y sus resultados mediante estudios de caso en seis entidades en que se ha puesto en marcha, así como una serie de recomendaciones de política pública para mejorar su efectividad.
Erradicar la violencia contra las mujeres es una de las mayores deudas del gobierno mexicano y es indispensable someter a escrutinio y mejora las acciones en esta materia, pues de ello depende que tengamos un verdadero Estado de Derecho, donde las mujeres podamos vivir en paz y libertad. (Fuente: https://contralacorrupcion.mx/las-alertas-de-genero-y-la-violencia-contra-las-mujeres-fallas-institucionales-diagnosticos-equivocados/)
