Por: Rosalinda Cabrera Cruz
La Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague en 1910, proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a propuesta de la dirigente comunista alemana Clara Zetkin, como una jornada de lucha por los derechos de las mujeres. La propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finlandés.
Pero la historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha del año 1908, cuando murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York, en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían.
Aunque es importante que las mujeres hayan logrado el reconocimiento de varios derechos, como el del voto, la representatividad en cargos públicos y la igualdad de género, todavía falta mucho, como la desaparición de la violencia hacia la mujer y el castigo hacia los responsables del femenicidio que va en aumento en el país.
Todavía quedan muchas tareas pendientes, como los derechos laborales en condiciones de igualdad con los hombres, la socialización de los quehaceres domésticos, como la existencia de guarderías, cocinas colectivas donde se pueda comer a bajos precios, lavanderías públicas y ante todo la desaparición de la doble explotación de la mujer, mediante la liberación de la jornada laboral y doméstica.
A través de los años, las fronteras de las mujeres se han ido ampliando cada vez más, al grado de que, en la última década, la fuerza laboral femenina se ha constituido en el 25 por ciento de la mano de obra que emigra en busca de empleo.
La situación es grave si se considera que estas mujeres migrantes dejan sus lugares de origen, ya sea para formar parte de las agroindustrias, en el mejor de los casos, o para ocupar ínfimos puestos como empleadas domésticas en las ciudades o incluso para aventurarse a las labores de cultivo o cosecha en los campos agrícolas tanto de México como de Estados Unidos, de donde cada vez se reportan más casos de detenidas indocumentadas.
Es innegable el creciente desempleo que se registra en el campo, donde de acuerdo con el último censo, más del 68 por ciento de la población femenina carece de alternativas de ocupación pagada, por lo que las féminas no tienen otra alternativa que buscar en otros horizontes y terminan por descubrir que tienen una enorme capacidad productiva.
En el campo, mujeres que toda su vida se han dedicado sólo a su hogar o a las labores del campo en beneficio de sus familias, por primera vez son tentadas por enganchadores, contratistas, camioneros, etc., quienes les alientan a que se integren a corrientes humanas que se trasladan de lugar a lugar.
En algunas ocasiones, estas mujeres del campo llevan consigo a sus hijos, por lo que alteran sus ciclos reproductivos en ese ir y venir, en el más de los casos, se van completamente solas o con sus maridos, dejando atrás a su prole encargada ya sea con los hijos mayores o con sus parientes.
Se debe destacar que, también con cifras del último censo, el 82 por ciento de las mujeres que trabajan en el campo lo hacen sin recibir algún tipo de remuneración, ya sea porque su labor la desarrollan en la parcela familiar. Pero es más grave aún que la discriminación en nuestro país ahí las alcanza, puesto que quienes tienen ingresos, reciben un 42 por ciento menos que lo que percibe un hombre.
Lo anterior quizá podrían explicar por qué son cada vez más jóvenes las hijas de familia que se incorporan a la fuerza laboral, incluyéndose en ella ya sea como empleadas domésticas, jornaleras, o en las grandes ciudades, engrosando las filas de la prostitución.
Mano de obra y tenencia de la tierra
En México, específicamente en sus zonas rurales, la población femenina es de alrededor del 13.2 millones de mujeres, esto se traduce en el 13 por ciento del total de la población nacional. Durante los últimos 25 años, su tasa de crecimiento ha sido sostenida, como lo sugiere el INEGI, donde dan a conocer que el 33 por ciento de esa población toma parte de alguna manera en la actividad económica.
Pero es un mal momento para que las mujeres del campo se incorporen a la fuerza de trabajo, porque el 38 por ciento de los trabajadores rurales únicamente reciben ingresos que no garantizan ni su supervivencia ni mucho menos la de sus familias.
La más reciente encuesta nacional del empleo reveló que el 25 por ciento de la fuerza de trabajo rural se compone por mujeres; esto significa que casi 4 millones están empleadas en el sector agropecuario y su cada vez más grande participación las ha llevado a una creciente feminización de la agricultura; pero su discriminación va todavía más allá, porque de los 13 millones de mujeres que dejan su trabajo en el campo, apenas 900 mil son propietarias de su tierra.
Explica la Procuraduría Agraria que apenas si tiene registradas en toda la nación a 500 mil ejidatarias, 84 mil comuneras y 318 mil propietarias privadas que tienen derechos sobre más de 5 millones de hectáreas.
Sin embargo, ellas no obtuvieron sus derechos gracias a la igualdad de derechos, sino porque heredaron las parcelas, hubo una cesión gratuita a su favor, compraron sus terrenos, casi siempre a otro ejidatario o bien lo obtuvieron mediante alguna acción agraria.
Conforme a datos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), más del 60 por ciento de las poseedoras de tierras son mayores de 50 años y la tercera parte es de más de 65 años de edad. No se puede menos que observar que es escasa la posibilidad de que mujeres jóvenes puedan tener tierras y trabajarla en su beneficio, por lo que terminan por emigrar de los lugares que las vieron nacer.
La secretaría del Trabajo y Previsión Social, respecto al desempleo femenino, nos dice que la tasa de falta de empleo entre las mujeres es mucho mayor entre ellas que entre los hombres (y eso tanto en el área rural como en la urbana); ese desempleo es todavía más grande entre las casadas que entre las solteras, viudas, separadas o divorciadas.
Esto se podría explicar por las pocas horas de que dispone una casada para atender su empleo, porque antes tiene que atender a su marido y a sus hijos, y sobra decir que no hay jornales de medio tiempo.
Los programas sociales orientados al combate a la pobreza últimamente se han preocupado por los hogares encabezados por mujeres, porque ellas viven no sólo con la condición social de ser mujeres y jefes de sus casas, sino que además se ven en la necesidad de obtener recursos económicos y atender la responsabilidad del cuidado y crianza de sus vástagos, lo que condiciona su acceso al mercado laboral y las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.
Ante esto, es mejor irse
La disyuntiva está echada: quedarse y caer en la peor de las pobrezas, o emigrar a una suerte incierta pero que probablemente les reditúe los recursos para mantener decorosamente a sus familias.
La pobreza rural sin duda está empujando a las mujeres rurales a tomar otros derroteros, abandonando no solamente sus campos, sino también a sus familias y lugares de origen, cosa nada fácil si se toma en cuenta que son enormemente arraigadas al terruño.
Según Sara María Lara Flores, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, es evidente que lo que propicia los flujos migratorios es que el 68 por ciento de la población agropecuaria está formada por individuos que no tienen alternativas de empleo en sus comunidades y se ocupan como trabajadores sin remuneración, entonces habría que recordar que el 82 por ciento de las mujeres en el campo no reciben salario alguno.
La migración de las mujeres no tiene que ser necesariamente hacia Estados Unidos; puede ser de localidad a localidad o de estado a estado, pero es innegable que hacia el vecino país del norte es cada vez más recurrente, pese a las constantes trabas que los presidentes norteamericanos están imponiendo.
La escasez de oportunidades, conducen a que los flujos migratorios se enfoquen inicialmente hacia el noroeste del país, partiendo de estados que ya son tradicionalmente expulsores de mano de obra, como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, de donde se van hacia 28 regiones agrícolas que cada estación demandan mano de obra barata.
Y el campo se está feminizando
Es cada vez más frecuente ver mujeres campesinas de Michoacán labrando y cosechando los campos de Sinaloa, Sonora y Baja California, como antesala antes de irse a los dorados campos de California.
Cultivos como la caña de azúcar, tabaco, café, algodón, vid, tomate, aguacate, berenjena, espárrago, brócoli, pepino, manzana, durazno, melón y piña son los que emplean a un mayor número de mujeres migrantes, de acuerdo con lo estimado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Este aprecio por su trabajo es lo que más ha alentado la migración femenina, de las cuales la mitad son niñas y adolescentes, quienes principalmente se dedican a seleccionar y embalar las cosechas.
En otras áreas, como el corte de flores, ocupan a más de 4 mil mujeres de manera permanente, durante todo el año. No es de extrañar que el mayor número de jornales en el campo ahora se destinan a las mujeres.
No hace mucho, eran los hombres “los que se iban”, quedándose en las comunidades las mujeres, los ancianos y los niños; pero durante la última década el flujo de féminas se ha ido incrementando, sobre todo porque se van con sus hombres.
Quizá sea porque la mujer ya se cansó de ser la que siempre se queda a esperar, o bien que dice que “ahora me toca a mí”, el caso es que están tomando la decisión de migrar, lo cual no es fácil, porque esta decisión divide a las familias y deja atrás “pueblos fantasmas”, modifica la vida cotidiana, las costumbres y las tradiciones (no hay que olvidar que la principal guardiana de todo esto es precisamente la mujer).
Las solteras ponen a prueba sus creencias; las adolescentes enfrentan un golpe a su vida reproductiva, con embarazos y partos en condiciones sumamente difíciles; madres con hijos que nacen y crecen en cualquier parte y esposas que comparten la vida conyugal en campamentos hacinados.
La jornalera que se decide por la migración tiene que dividir el trabajo entre su quehacer doméstico y las labores en el campo. Por lo general empieza a trabajar en la madrugada para dejar la comida de su prole, sigue con el trabajo en el campo y el ciclo se cierra nuevamente al dejar su hogar limpio a altas horas de la noche.
Puesto que estas mujeres no tienen incapacidad por gravidez, ni con servicios médicos, tienen que trabajar casi hasta el momento del parto y se tienen que reincorporar al jornal apenas da a luz; es su problema que hace con el crío, si se lo lleva con ella o lo deja encargado en cualquier parte, en el mejor de los casos con otro de sus hijos de apenas unos cuantos años más.
Es cierto que la migración puede ser una oportunidad para tener mejores condiciones de vida, pero para las mujeres no es más que su amarga resignación ante la única opción que tiene de supervivencia.
Mucho discurso a favor de la mujer
Mucho se habla de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y también del avance al derecho de la igualdad con relación a los hombres, pero muy pocos especialistas señalan la situación de explotación a la que son sometidas las mujeres por realizar una doble jornada, la laboral y la doméstica.
El empobrecimiento de millones de hogares no solo en el país, sino en el mundo, ha lanzado a la mujer a la incorporación del mercado laboral, como ya se mencionó en las peores condiciones, con jornadas de trabajo de más de ocho horas, así como con salarios miserables.
La doble jornada tiene una función fundamentalmente para la economía capitalista, por una parte el trabajo doméstico no remunerado y la mayoría de las veces no reconocido, tiene la función de reproducir la fuerza de trabajo necesaria para engrosar el ejército industrial de reserva, mejor conocido como el desempleo, abierto para mantener los salarios en los niveles más bajos.
De esta manera la incorporación de la mujer al mundo laboral ha contribuido a que los capitalistas impongan los peores salarios y condiciones laborales, y muchas de las veces sin garantías, como la permanencia y seguridad en el empleo.
En México se calcula que aproximadamente el quince por ciento de los hogares en México es mantenido por una mujer. De ellos el 97.9 por ciento carece de cónyuge en el hogar. Cerca de la mitad de las jefas de familia son viudas, 47.6 por ciento, y casi la cuarta parte son separadas y divorciadas, 22.3 por ciento.
Por otra parte, un 16.3 por ciento son solteras y el restante se compone de jefas casadas o unidas. Existen más jefas viudas en zonas rurales, 59.5 por ciento, mientras que en zonas urbanas prevalecen las divorciadas y separadas, 25.2 por ciento, y las solteras 23.3 por ciento.
En cuanto a la remuneración salarial, ha crecido en 19 por ciento el número de mujeres que ganan hasta un salario mínimo; en cambio, disminuye en quince por ciento el número de hombres con esa remuneración. En suma, disminuye el número de hombres peor pagados, pero aumenta el de mujeres de ínfima retribución por su trabajo.
¿Y qué decir del acceso a la seguridad social? Michoacán es un buen ejemplo del problema que se vive: de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, de los 2 millones 442 mil 606 mujeres que habitan en la entidad, un millón 556 mil 891 están afiliadas a alguna institución que les ofrece servicios de salud y 880 mil 800 no cuentan con un esquema de afiliación a ninguna institución de salud.
Asimismo, conforme a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el estado hay 12 mil trabajadoras del hogar, de las cuales únicamente mil 200 (10 por ciento) están afiliadas para recibir las prestaciones y servicios de salud que ofrece el instituto y esas cifras son similares en todo el país.
