Por: Rosalinda Cabrera Cruz
Más armas, más homicidios… cada año llegan ilegalmente a México más de 213 mil armas, 583 al día; el mayor índice delictivo por portación ilegal de las mismas lo ostentan los estados de Baja California, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas. En torno a esto se ha generado una gran problemática, pues falta regulación del comercio de armamento y junto con ello existen leyes permisivas para la portación ilegal de fusiles.
Aunado a ello, cada vez es más fácil adquirir un arma de fuego por internet, lo que coincide con que en 2 décadas se triplicó el número de homicidios en la nación, al pasar de 10 mil 737 asesinatos en el año 2000 a 36 mil 773 en 2020 (y sigue creciendo), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Resulta que Michoacán es el segundo estado con mayor incidencia en cuanto a la portación de armas ilegales a nivel nacional, según indican las cifras oficiales que son manejadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); en tan solo 5 años, la cantidad se ha duplicado, pues las gráficas aclaran que desde 2017 en la entidad aumentaron los delitos de portación ilegal tipificados en la Ley General de Armas y Explosivos.
De permanecer entre el quinto y el sexto lugar en años anteriores, Michoacán pasó a ubicarse únicamente por debajo de Baja California. El reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa 2017-2022 es claro al respecto: en 2017 se registraron mil 21 casos en el estado, cifra que lo ubicó en el sexto lugar nacional. En 2018 hubo 874 casos; en 2019, mil 099 casos; en 2020 se llegó a 795 casos; en 2021, a 841 casos, y en 2022, a mil 56 casos.
Las cifras son coincidentes con las dadas a conocer este año por el Observatorio Ciudadano que, al hacer un balance a inicios de este año, puntualizó que 2022 había sido el año más violento en las últimas dos décadas en Michoacán. Lo más alarmante es que el nivel de violencia va en aumento en los delitos del fuero común, como robos o asaltos, en muchos de los cuales están involucradas armas ilegales.
Para 2023 el problema parece no disminuir, pues los delitos de ese tipo registrados hasta ahora promedian más de 70 por mes. En lo que se refiere a este año, los datos ya ubican a la entidad sólo por debajo de Tamaulipas y la ciudad de México. El análisis de la relación entre la presencia de armas y el número creciente de homicidios ha llevado a grandes debates que aún permanecen sobre la mesa, pero lo cierto es que nadie niega que van de la mano.
Casas armadas
Las tasas de inseguridad van creciendo y tal parece que nadie las para; ciertas o no, se ha desatado una sensación de paranoia en propios y extraños, así que, en septiembre de 2022, el centro de análisis México Evalúa publicó un estudio que indicaba que el número de hogares que adquirieron un arma de fuego aumentó un 60 por ciento en los últimos cinco años en el país.
Edna Jaime, directora general del centro y extitular del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), aseguró que el tema de la relación directa entre la población armada y los delitos con presencia de armas de fuego o ejecuciones a balazos ha sido menos preciada por las autoridades de todo nivel.
La afirmación es avalada por otros especialistas, para quienes en el imaginario colectivo, las armas suelen ser utilizadas por funcionarios dedicados a la seguridad, por el crimen organizado y en una menor medida por delincuentes del fuero común; pero la impunidad y el clima de desconfianza hacia las instituciones han llevado a cada vez más hogares a comprar armas; tal parece que la población mexicana se está armando con el objetivo de ser menos vulnerable a la violencia, aun cuando esto genera una espiral de violencia que pone en riesgo a todos e incluso resulta contraproducente para los que deciden conseguir armas.
Existen claras evidencias de que más armas suponen mayores riesgos de asesinatos y si no, veamos lo que ocurre con las frecuentes balaceras ocurridas en Estados Unidos, donde el armamento se puede conseguir incluso en los supermercados.
Se puede leer tanto en la literatura académica como en los medios masivos de comunicación que la disponibilidad de armas de fuego es un factor de riesgo de homicidio, mientras que estudios transversales indican que en los hogares, las ciudades, los estados y las regiones en los que hay más armas, hombres y mujeres tienen un mayor riesgo de morir o matar, en especial por arma de fuego.
Instituciones como la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportaron que 8 mil 156 armas fueron registradas en Michoacán en 2017 (en tanto que ahora es un número no determinado, pero sin duda no ha variado), pero esta cifra puede estar muy lejos de la realidad, debido al mercado clandestino de armamento; recientemente, la Sedena y cuerpos de seguridad locales han iniciado operativos de decomiso de armas con el fin de mantener bajo control su portación y uso, ya que es ilegal traerlas sin los permisos correspondientes, lo que está tipificado como un delito de competencia de la federación, dado que, según la lógica jurídica, se presume que su existencia supone un riesgo intrínseco para la seguridad de la nación.
Delito creciente e impune
Desde 2017 a la fecha, Michoacán se ha ubicado entre los primeros tres puestos nacionales en el número de investigaciones abiertas por el delito de portación de arma de fuego, de acuerdo a cifras oficiales del SESNSP.
Tan solo el año pasado, el estado acumuló mil 156 investigaciones por faltas a la Ley General de Armas y Explosivos, con solo 24 denuncias menos que Baja California, que fue el primer lugar nacional, pero superando a Tamaulipas en el conteo. A estas fechas, se mantiene en el tercer puesto con 537 querellas, superado por Guerrero y Baja California, que ocupan el segundo y primer peldaño, respectivamente, con 597 y 798 carpetas de investigación.
Tienen carácter de urgencia las modificaciones tanto a la Ley Federal de Armas de Fuego como del Sistema de Justicia Penal, para castigar con mayor dureza la portación de armas de fuego y evitar con ello que los delincuentes salgan por la que también se ha llamado “la puerta giratoria”.
El Sistema de Justicia Penal tiene casi 7 años de haber entrado en vigor en todo el país, pero éste ha acarreado más críticas que elogios, pues algunos han considerado a este sistema como garantista, pues han sido varios los casos en que personas que han sido detenidas con auténticos arsenales y han quedado en libertad; lo anterior debido a que, desde la implementación de este sistema, quedó eliminada la prisión preventiva para las personas que eran detenidas por portación de armas de fuego.
Presidentes municipales, legisladores, gobernadores y académicos, entre otros, han señalado que a raíz de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal se habría propiciado el incremento de los delitos, pues con la entrada en vigor de este sistema fue quitada la prisión preventiva para la portación de armas de fuego.
Y es que es una lógica simple: si se deja libre a algún malhechor que portaba armas de uso exclusivo del ejército, sin duda puede conseguir más armas y saldrá a las calles a matar, lo que se puede constatar en el elevado número de asaltos a mano armada que todos los días son reportados en los espacios noticiosos y que han terminado con la muerte de los asaltados, sin importar edad o sexo.
De lo que se trata es de reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y el Código Federal Nacional de Procedimientos Penales, para que estas personas sigan su proceso en prisión preventiva de oficio, lo que todavía no se lleva a la mesa de los debates.
Michoacán fue uno de los primeros 20 estados en poner en marcha el Sistema de Justicia Penal; sin embargo, desde 2015, los delitos han ido a la alza, pese a haberse mantenido al margen de los hechos delictivos que aquejaban a estados vecinos, como Guerrero o Jalisco.
Hasta no hace mucho tiempo, citando como ejemplo a Uruapan, este era uno de los municipios de Michoacán que se mantenía ajeno a la violencia criminal y sobre todo a los homicidios dolosos. Y aunque disminuyeron las carpetas de investigación, las víctimas por homicidio doloso y cada vez más violento han ido creciendo, incluyendo multihomicidios en bares y hasta en funerarias, colocando a esta otrora pacífica ciudad como una de las más peligrosas del mundo.
Castigar con mayor dureza a las personas que cometan delitos, desde el trasiego de hidrocarburos, la portación de droga o armas de fuego, debe ser una prioridad, puesto que dejar libre a un delincuente que ha sido detenido en flagrancia por una cuestión subjetiva de un juez le hace daño al sistema de justicia.
El nuevo sistema judicial no es del todo malo, porque al menos en el papel la justicia es más rápida y transparente, pero mientras se siga privilegiando una ley que sea endeble, una ley que permita al delincuente enfrentar los procesos en libertad, esto es complicado para la justicia.
No es posible el criterio que usan los jueces. Una persona con 10 armas de fuego, miras, cartuchos útiles es lógico que no se dedica a actividades normales, así que no es factible que se les deje en libertad porque es obvio que no se van a dedicar a algo lícito, pero se está dando que se les deje en libertad porque un juez así lo determinó.
Desde 2017 fue pedido hacer las reformas necesarias para castigar la portación de armas de fuego, pero este tema fue algo que pareció no haber sido incluido dentro de la agenda de prioridades del Congreso de la Unión.
De Tepito al internet
Y ahora, lo más grave: en México es posible adquirir armas ilegales en el muy popular Tepito, desde revólveres calibre .380 en 4 mil pesos, hasta un rifle de asalto AK-47 en 30 mil pesos, pero no sólo eso, en Facebook o Whatsapp también se venden granadas, equipo militar y hasta plumas con balas calibre 22, incluso se ofertan armas de fabricación casera.
En la última década, se estima que se traficó a México 2.2 millones de piezas de armamento y que las armas son provenientes principalmente de Estados Unidos. Ante ello, el gobierno federal no sólo debe culpar, sino asumir su parte en el control de ese mercado negro, coincidieron especialistas.
El constante envío de armas desde el vecino país del norte, lo atribuyen los especialistas a las regulaciones permisivas en Estados Unidos y al poco monitoreo en las armerías. Las cifras son frías, hasta 2019 al norte del Río Bravo había 53 mil armerías y 13 mil que producían armamento, de las cuales el 83 por ciento no eran inspeccionadas, situación no menor, ya que del 2012 al 2019 fueron robadas o perdidas 139 mil armas en esos establecimientos. Por otro lado, hay armas que llegan a México de manera legal a las instituciones, pero “se desvían”, toda vez que del 2006 al 2017 fueron robadas o perdidas unas 30 mil armas en el país.
María Elena Morera, socióloga e investigadora del tema, apuntó que en México hay simulación y en Estados Unidos negocios e hipocresía política, ya que son dos décadas de acuerdos y operativos sin ningún resultado.
En Estados Unidos “hay una libre adquisición de armas y hacia el exterior hay cero controles. Lo que importa en Estados Unidos es el negocio, y en México hay fuertes restricciones para la adquisición y portación de armas, pero hay una nula capacidad para evitar el trasiego, venga del norte o venga del sur. Así, el tráfico de armas se fomenta en ambos países bajo la lógica implacable del mercado”, planteó.
La también activista expuso que “la proliferación de armas de fuego es una problemática en crecimiento, sumada a otras, como las fallidas estrategias contra el crimen organizado, la debilidad de las instituciones de seguridad en México y la ausencia de resultados de operativos binacionales, lo que agrava la problemática de seguridad que vivimos en México”.
Por su parte, Isidoro Cohen, representante de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, en reciente conferencia virtual, indicó que cada país tiene que asumir su responsabilidad desde la raíz en el tráfico armamentista, y no echarse la culpa ya que advirtió que el mercado negro no se terminará si no hay una regulación real, como sucede con el alcohol.
Estimó que México tiene que empezar con su “grano de arena”, con una reforma a la ley de armas de fuego, con un registro real, y que el Ejército se dedique a cerrar las fronteras al tráfico ilegal.
“Mira, te metes a este grupo WhatsApp y compras lo que quieras”, precisó. En abril de 2021 en un rancho de la zona aguacatera de Michoacán, un conocido líder de un grupo de Autodefensas desde 2013 y productor de aguacate, admitió que durante los últimos nueve años su vida cotidiana ha oscilado entre el comercio del fruto verde, la vigilancia de sus huertas y de las de sus compañeros, y el combate a los contras, como llama a sus enemigos… y como él, muchos grupos más.
En lo que se refiere a la compra por internet, funciona como Amazon o Segunda Mano: un supermercado en un teclazo. Varias veces por día aparecen fotos de armas con sus respectivos precios. Hay de todo: el rifle de asalto de moda AR-15, pistolas de marca Glock o Colt, y hasta fusiles ingleses del siglo 19.
Los precios fluctúan según las rutas, el traficante, los periodos del año, los operativos militares o policiacos, el mercado y “muchas razones que quién sabe”, señala el investigador.
Cabe mencionar que, en Michoacán, hace un mes, los precios de armas nuevas estaban así: el R (AR-15) es el más barato, está entre 60 a 80 mil pesos; el cuerno de chivo está en 80 a 100 mil, el 50 (Barrett M82) de 700 mil a un millón de pesos.
Las armas usadas están mucho más baratas, casi a mitad de precio en muchos casos. “Si te gusta algo, le das clic, empiezas a hablar con el vato en privado y arreglas los detalles”, cuenta Cohen. Dice que las armas nuevas bajan de Estados Unidos y se tardan entre algunos días o varias semanas en llegar, según el pedido, pero de que llegan… llegan.
