Por: Mario Luis Fuentes/México Social
Una de las agendas que implican mayor complejidad para el diseño de políticas públicas, es la relativa al acompañamiento y protección a las y los integrantes de las familias, más aún en el contexto de diversidad y multiplicidad de formas, estructuras y arreglos que caracterizan a las familias mexicanas.
Desde esa perspectiva, es más que preocupante la desestructuración del Sistema Nacional DIF, la cual era la única instancia de presencia territorial en todos los municipios del país, y que antes que su desmantelamiento requería de más recursos, capacidades y personal para cumplir con las responsabilidades que el asignan tanto la Ley de Asistencia Social, como la Ley General de Víctimas y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Un sexenio para olvidar… y, sobre todo, corregir
La política social del gobierno de la República se ha dirigido a la profundización de las acciones de transferencias monetarias, dejando de lado otras de carácter cualitativo, y que requieren de mucho más que de disponer de dinero, como lo es la prevención y erradicación de la violencia al interior de las familias.
De acuerdo con las estadísticas de Incidencia Delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que hay un incremento sostenido de casos de violencia familiar.
En el año 2019, hubo 210,189 carpetas de investigación iniciadas por ese ilícito; para el año 2020 la cifra se incrementó a 220,028 casos; en el 2021 llegó a 253,739; y en el 2022 se estableció un nuevo récord de 2,70,544. Entre los meses de enero y julio de este 2023, el registro es de 170,488 casos, lo que implica que, de continuar la tendencia, se tendrá un nuevo récord al finalizar este año.
La segunda categoría delictiva que se reporta en esta categoría, es la de “violencia de género en todas sus modalidades, distintas a la violencia familiar”. En ese rubro, en 2019 se iniciaron 3,180 carpetas de investigación; en 2020 subió a 4,050; en el 2021 la cifra llegó a 4,186; mientras que en el 2022 se estableció el récord de 5,524 casos. Para el 2023, igualmente en el periodo de enero a julio, el registro es de 3,802 casos, más que todas las registradas en 2019, y cuya tendencia indica que este año será el de mayor número de casos de la presente administración.
Respecto del delito de “Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar”, en 2019 el número fue de 24,425 carpetas de investigación iniciadas; en el 2020 disminuyó el número a 17,678. Esto se explica porque este delito requiere de la intervención de juzgados familiares, los cuales estuvieron en su mayoría cerrados o con acciones limitadas durante la pandemia. Para el año 2021 el número creció otra vez a 23,285, cifra que responde a la gradual apertura de los juzgados; mientras que en 2022 la cifra fue de 23,856. De enero a julio de 2023, la cifra es de 15,692 casos, lo que ubica al país en ruta de una nueva cifra récord en la materia.
Para dimensionar la gravedad de este tema, si se suman todas las carpetas de investigación iniciadas por todos los delitos, se tiene una suma de 1,313,078 casos, es decir, una cifra promedio anual de 285,451; esto sin considerar que aún faltan de contabilizar cinco meses de 2023.
