Violencia que crece y crece…

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Violencia que crece y crece…

Por: Rosalinda Cabrera Cruz

La violencia se ha enseñoreado de Michoacán; la percepción ciudadana, no avalada muchas veces por las autoridades correspondientes, es que los cárteles criminales se encuentran actuando impunemente. Muestra de ello es la imparable migración de poblaciones de Tierra Caliente que prefieren abandonar lo poco que tienen, a perder la vida en medio de una cruenta guerra entre organizaciones de la mafia o el cobarde asesinato de comunicadores que sólo cumplen con su obligación de ser los ojos y los oídos de la sociedad.

Pero no sólo ello; la amenaza contra la vida y las propiedades está abarcando a todos los sectores de la sociedad, desde los periodistas hasta las autoridades locales o regionales, pasando por comerciantes, médicos, escuelas y hasta el ciudadano común, sin importar la edad o el género, que se ha visto precisado a transitar por las calles cargando sólo lo elemental, porque cualquier indicio de bienes valiosos puede llevar no únicamente al asalto, sino al homicidio.

En el transcurso del último mes se han visto innumerables ejemplos de lo anterior; no bien se ha aclarado el homicidio de Enrique Velázquez Orozco, alcalde de Contepec, cuando se reportó el homicidio de otro presidente municipal, el de Aguililla, César Arturo Valencia  Caballero y de uno de sus asesores; igual sucedió con dos comunicadores, ambos del mismo portal de noticias del Oriente michoacano, abatidos por sicarios que gozan de total impunidad.

En medio de tan cruentas noticias, no pasa día sin que la nota roja deje saber los casos de ejecutados, embolsados, muertos en medio de balaceras, presuntos fusilamientos, y todo ello sin dejar de mencionar los feminicidios que no paran, robo y asesinato de tarjetahabientes y las tristes migraciones de poblaciones completas que huyen de la violencia, incluidos los profesionales de la salud y la educación que en muchos casos incluso tratan de proteger a la población indefensa.

Por todo el mundo, no nada más la entidad o el país, hace dos semanas circularon por redes sociales las escenas de una balacera en la pintoresca población de San Juan Nuevo, donde se escuchan las aterrorizadas voces y llanto de pequeños estudiantes tirados en el suelo, a quienes sus profesores tratan de tranquilizar y proteger para que no fueran alcanzados por las balas. Ese mismo día se reportó el asesinato del alcalde de Aguililla.

De nada sirvió que por la mañana, los pobladores de San Juan Nuevo alertaran mediante videos que su comunidad se había convertido en un campo de batalla de dos grupos de civiles armados. Se acusó por un lado al Concejo Indígena de la localidad de haberse apropiado junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación de varias huertas de aguacate, lo que hizo que se dividiera la comunidad y uno de los bloques pidiera el apoyo de grupos de comunitarios y civiles armados de otros municipios para recuperar el territorio y sus huertas. Las autoridades correspondientes llegaron varias horas después, sólo a recoger cadáveres y uno que otro indicio del enfrentamiento.

La violencia en expansión

El reacomodo de los cárteles, aprovechando espacios distractores tales como los procesos electorales, mantiene al estado en prácticamente estado de guerra, de acuerdo con reportes policiales y periodísticos, pues se tienen detectados al menos a seis cárteles de la droga que buscan expandir sus territorios y por ende mantener sus actividades ilícitas.

Los reportes de la secretaría de Seguridad Pública en Michoacán (SSP) ya señalan de manera cotidiana que son siete los municipios donde se han registrado crueles enfrentamientos que han costado la vida no sólo de las fuerzas armadas, sino de civiles que tuvieron la desgracia de atravesarse en el fuego cruzado.

Las organizaciones criminales que hasta ahora se han mencionado son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Carteles Unidos, esta última que opera ahora como un conglomerado de los cárteles de Tepalcatepec, de Los Reyes, de Camaleón y de La Nueva Familia Michoacana, entre otras.

Conforme a los mismos reportes de la SSP, Cárteles Unidos ha desplegado comandos desde los municipios de Tepalcatepec, Coalcomán y Los Reyes hacia el de Buenavista, uno de los principales bastiones del CJNG, dejando a su paso sangre y destrucción que no nada más impiden el paso de municipio a municipio, sino que ya registran un éxodo imparable de los civiles que nada tienen que ver con esta lucha.

En no pocas ocasiones, a través de redes sociales muchos pobladores han dado cuenta de enfrentamientos entre sicarios, con sofisticadas armas que ya quisieran tener las fuerzas del orden, como drones explosivos y metralletas, que han dejado devastados los campos que eran el orgullo de varias regiones agrícolas.

La situación es evidenciada mediante fotografías y videos tomados por los pobladores con teléfonos celulares y publicados en redes sociales, que pese a la negativa de las autoridades, que incluso reportan menos asesinatos que los que realmente ocurren, revelan el patrullaje de comandos armados en vehículos cubiertos con gruesas capas de placas de acero, a manera de blindaje, en tanquetas muy peculiares cuya imagen le ha dado la vuelta al mundo. La situación es insostenible en lugares como Aguililla, donde Cárteles Unidos se enfrenta constantemente con el CJNG para apoderarse del control de actividades ilícitas.

Profesores y médicos huyen

Ante los recientes hechos que se han registrado en las últimas semanas, las autoridades educativas recibieron el reporte de escuelas que han optado por suspender las clases presenciales que por decreto se reanudaron hace un mes. De acuerdo con la secretaría de Educación en el estado (SEE), al menos 84 escuelas tomaron esta determinación por seguridad.

Después del reciente tiroteo en Nuevo San Juan, en total 22 escuelas optaron por cerrar aulas y seguir en clases a distancia para 4 mil 192 estudiantes. Por otro lado, en el caso de la zona de Matanguarán, en el municipio de Uruapan, fueron tres escuelas para resguardar a 160 estudiantes, mientras que en el municipio de Aguililla fueron autoridades de 59 escuelas las que determinaron cerrar clases mientras se contaba de nuevo con las condiciones de seguridad, para proteger a 2 mil 18 estudiantes. Pero no ha sido sólo el cierre de los planteles, también algunos maestros han solicitado su cambio de plaza por inseguridad y por haber recibido amenazas, según lo informado por la titular de la SEE, Yarabí Ávila González.

No únicamente han sido los mentores; en algunos lugares, junto con la salida de la población, también ha iniciado la migración del personal de la secretaría de Salud de Michoacán (SSM), e incluso también han optado por huir del lugar estudiantes y prestadores de servicio social del área médica, aún en formación, que solicitan su cambio de adscripción después de los episodios de inseguridad que no parecen disminuir. Y no se les puede condenar, porque ellos están optando por proteger su propia vida. 

De acuerdo con Guadalupe Pichardo Escobedo, lideresa del Sindicato Democrático de Trabajadores de Salud, Similares y Conexos “General Lázaro Cárdenas”, hasta ahora se han gestionado y aprobado los cambios de adscripción de entre 30 y 40 afiliados de su sindicato por motivos de seguridad y no es para menos, luego de que los interesados han presentando pruebas sólidas de su deserción.

Cabe destacar que las condiciones generales de trabajo de la secretaría de Salud dejan claro que es un motivo de cambio inmediato cuando la persona se sienta violentada o corra un riesgo, así que no hay nada más que argumentar en contra de sus peticiones.

Y es que desde hace años, en otros episodios de violencia en el estado, se han reportado casos donde integrantes del crimen organizado secuestran a los médicos de comunidades aisladas y los obligan a atender a presuntos criminales que resultaron heridos en enfrentamientos armados, para luego desaparecerlos para siempre.

Ciudad tras las rejas

La capital del estado no está mejor. Nadie sabe con precisión cuándo Morelia se “enrejó”, cuándo el miedo fue tanto que la ciudadanía optó por un encarcelamiento voluntario; hoy vemos no sólo comercios tras las rejas, al igual se encuentran los hogares, cuyos habitantes se protegen con rejas, tapias, bardas y hasta alambrados eléctricos que en poco inhiben las incursiones de los maleantes.

La desesperación ciudadana ante la falta de seguridad es tal, que hoy no sólo convierten las casas en bunkers, esta modalidad ya se extendió a la creación de cotos en las colonias donde, por su planeación urbana, es posible convertirlas en privadas por medio de una pluma en los accesos, una reja de entrada controlada o hasta una barda bien cimentada.

En lo que se refiere a los comercios enrejados, sobre todo aquellos que cuentan sólo con personal femenino, hay empresas que mantienen sus puertas (incluso blindadas), cerradas en determinados horarios y abren cuando un cliente lo solicita.

Al ser entrevistados al respecto algunos comerciantes y empleados (la mayoría de los cuales incluso pidió anonimato porque “los policías están de acuerdo con las bandas y saben lo que nos pasa, pero no hacen nada y luego podrían venir a hacernos algo”), dijeron  que “es una triste realidad que hoy estemos atendiendo de esta manera ante la ausencia del Estado a través de la policía. Uno siente que se expone y queda inseguro y toma este tipo de medidas que incluso atenta contra posibles compradores”.

La práctica habitual de atender a puertas cerradas nace a partir de cada hecho de inseguridad individual, como el asesinato el año pasado del comunicador Abraham Mendoza. Se va contagiando de uno a otro, pero por la experiencia propia. En Morelia, al igual que ocurría hace algunos años en la Ciudad de México, cada vez son menos los comercios que no hayan sufrido hechos de inseguridad y, a partir de ello, redoblan las medidas para protegerse. Muchos locales colocaron rejas, incluso internas, para resguardarse. Es sorprendente la cantidad de elementos que los comerciantes han incorporado para garantizar su seguridad.

En un recorrido efectuado por este medio por diversos puntos de la capital michoacana, en centros comerciales, tiendas de abarrotes, boutiques, expendios de bebidas y tiendas de teléfonos celulares, entre otros, se pudo constatar la existencia de enrejados dentro de los locales. Si bien las cortinas o puertas de acceso quedan abiertas, el vendedor o vendedora queda detrás de un cuadriculado o enrejado de metal que lo protege del accionar delictivo. En la mayoría de los casos estos artilugios se colocaron luego de uno o más robos.

Las opciones de protección para los comerciantes se limita a su capacidad financiera; la mayoría utiliza el enrejado de todo tipo; el que puede, incorpora cámaras de video, pero también hay botones de pánico y diversas prácticas que permiten estar atentos a lo que ocurre afuera. El problema es que cada vez multiplica más el estrés con que trabaja el empleado del comercio y el del propio dueño, a la expectativa de cuándo le va a tocar ser víctima.

El tema más escabroso es el que se refiere a la protección policial, porque aseguran los entrevistados que no se sienten seguros debido a que aunque llaman a las patrullas luego de algún atraco, los uniformados tardan hasta dos horas en llegar o nunca arriban al sitio y si lo hacen, los afectados son tratados como si ellos fueran los delincuentes.

Sin embargo, la ciudadanía es noble y consideraron que estarían al menos un poco más tranquilos si vieran eventualmente alguna patrulla por las zonas donde se reportan los robos y quizá con ello alejarían también a quienes intentan cometer un delito.

¿Coincidencia?

Curiosamente, la mitad de los municipios más violentos del país tiene gobiernos morenistas y la ola de violencia no es privativa de Michoacán, pues aqueja a gran parte de México, sobre todo en dichos municipios que se localizan en entidades que ya son gobernadas por un mandatario emanado de Morena; también llama la atención que los alcaldes recientemente asesinados pertenecían a otros institutos políticos.

Fue el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien lo dijo en una de sus “mañaneras”; según sus cifras, al menos 26 alcaldías con altos índices delictivos se localizan en estados como Baja California, Colima, Sonora, Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Ciudad de México, Morelos y Puebla y no sólo eso, la mayoría de esas alcaldías se sitúan en los siete estados donde recién estrenaron un gobernador morenista.

Destaca que Michoacán es una de la entidades con al menos cuatro municipios entre los 50 más violentos de la nación, así que menudo paquete tiene frente a sí el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, pues no sólo tiene que lidiar con los ya añejos problemas de violencia de Zamora y Morelia, donde los asesinatos son frecuentes, sino también con todos los actuales conflictos entre cárteles de Tierra Caliente.

Cabe destacar que conforme a las “otras cifras” que son manejadas por el gobierno federal, con un registro de 484 homicidios dolosos en febrero de este año, Michoacán ocupa el primer lugar nacional en incidencia de este delito, de acuerdo al reporte que expuso al presidente Andrés Manuel López Obrador la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

En sus estadísticas aparece que el estado es uno de los 6  que acumulan el 50 por ciento de los 2 mil 326 homicidios dolosos que se registraron el mes anterior en el país, junto con Guanajuato que reportó 477 homicidios y Baja California con 388. Le siguen el estado de México con 380 homicidios, Jalisco con 315 y Chihuahua con 282.

La funcionaria, reiteró que la estrategia de combate a la inseguridad “es la correcta y está ayudando a pacificar el país”, precisando que a nivel nacional, en el caso del homicidio doloso durante febrero, Michoacán registró la tendencia más baja de los últimos 5 años, con un total de 81 delitos diarios (¿y eso es cifra optimista?).

Lo lamentable de todo esto, es que parte de la escalada de violencia se ha dado a nivel nacional a partir de la estrategia de abrazos y no balazos. Es preocupante la inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno, principalmente el federal, pero en el estado tampoco se ha dado pie con bola en el tema de seguridad, pues son ya insostenibles los números en cuanto a violencia se refiere.

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