¿Y el retroactivo del Bienestar Apá?

Investigaciones

¿Y el retroactivo del Bienestar Apá?

Por: Rosalinda Cabrera Cruz

La secretaría del Bienestar abrió nuevamente su convocatoria para que los adultos mayores en México sean candidatos a recibir una pensión vitalicia (por ahora de 3 mil 850 pesos bimestrales) durante 2022. En este sector de la población se abrió la esperanza de recibir el ansiado apoyo, sobre todo porque muchos de ellos, por diversas circunstancias, no cuentan con algún otro recurso económico que les ayude.

Sin embargo, ha quedado de manifiesto que más de 10 millones de adultos mayores, si bien contarán con algo de dinero por lo que les resta de vida, también han servido para la manipulación política y para engordar el tan necesario apoyo para la consecución de otros fines.

Los procesos de registro para hacerse acreedor a la pensión hasta ahora no han sido lo suficientemente claros, al menos durante los 3 años que lleva el programa que entró en función con la actual administración federal; en consecuencia, cada año surgen serias dudas cuando de los pagos retroactivos se habla, como ocurrió en 2020, cuando a más de 900 mil personas les quedaron a deber un bimestre completo sin mayor explicación al respecto, o bien durante 2021, cuando a la fecha no les ha sido cubierto a más de un millón de personas los 3 mil 100 pesos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre, pero eso sí, con muchas explicaciones muy ambiguas.

Dada la inconformidad suscitada en enero de 2021, cuando no fue cubierto el monto del retroactivo de las personas que se registraron desde julio de 2020, a lo largo del año pasado se abrió un número considerable de canales de Youtube y de otras redes sociales con nombre tales como “Vaquita política”, “Vip Colosal” y muchos más, que prácticamente se convirtieron en voceros de las políticas relacionadas con los apoyos del Bienestar, emitiendo videos donde supuestamente se interpreta, se explica y se anuncian las fechas de los pagos y los motivos por los cuales estos se retrasan o simplemente no se llevan a cabo.

Entre julio y octubre de 2021, el proceso de registro nuevamente se llevó a cabo; fueron más de un millón de adultos mayores los que bajo procesos lentos y engorrosos cumplieron con los requisitos establecidos, sufriendo de calor o frío pero cumpliendo al fin y al cabo con la entrega de sus papeles con la esperanza de recibir sus recursos durante el muy gastado mes navideño.

No obstante, vieron pasar el tiempo y el dinero no llegó; fue entonces que entraron en función los canales de redes sociales antes citados dando precipitadas explicaciones; que si los chips de las tarjetas del banco del Bienestar no les habían sido dotadas en tiempo y forma; que el retroactivo sí se pagaría, que la flamante secretaria del Bienestar Ariadna Montiel ya lo había comprometido, que el dinero para el pago ya había sido contemplado en el presupuesto anual, que el retroactivo sería vigente a partir de la recepción de las tarjetas bancarias y no de la fecha en que se entregó la documentación, etc., etc.

Curiosamente, dichos canales en redes intensificaron su labor, con muchos videos al día, al acercarse el proceso de votación para la revocación del mandato, pidiendo paciencia y dando múltiples explicaciones al respecto, pero sobre todo llamando al voto y asegurando que los retroactivos llegarían, pero que primero se pagaría el primer bimestre del año (por 3 mil 850 pesos) y los bimestres marzo-abril y mayo y junio (este adelantado) por aquello de la veda electoral.

Las protestas de los beneficiarios, ante la llegada de estos fondos, se aplacaron, sobre todo porque los mensajes emitidos hacían hincapié en que el pago del retroactivo de 3 mil 100 pesos y otros más llegarían apenas pasara el periodo de veda y las vacaciones de Semana Santa. Aventuraron incluso que la titular de la secretaría del Bienestar haría el anuncio oficial apenas se reanudaran las actividades en la dependencia al término del periodo del asueto. El asunto es que se reiniciaron actividades, se abrió el nuevo periodo de registro para los aspirantes a cumplir más de 65 años en breve y el anuncio nunca llegó.

Hoy los canales de redes sociales han hecho discreto mutis, ya no abordan el tema del retroactivo y han hecho eco del calendario para los nuevos beneficiarios ¿Y qué pasó con los tan llevados y traídos 3 mil 100 pesos Apá? Nadie sabe, nadie supo y las palabras y promesas se las llevó el viento.

Atrasos y poca claridad

Hace 3 años, cuando entró en funciones la actual administración federal, el programa de apoyo a los adultos mayores fue utilizado como una eficiente bandera política. Se reforzó una y otra vez que este sector poblacional era el más vulnerable, sobre todo si se ubicaba en las zonas indígenas o rurales, así que se les incrementaría el monto de sus becas, las que por cierto recibían desde el sexenio de Vicente Fox, aunque con diferentes normas de operación.

A lo largo de estos tres años se han ido modificando las reglas, primero subiendo el mínimo de edad a 68 años y luego bajándolo a 65 (los indígenas y los habitantes de comunidades rurales siempre se mantuvieron en este rango) hasta que el año pasado por fin se estableciera esa edad para todos.

Durante el proceso electoral se adelantaron las pensiones, luego se suspendieron para que no “hubiera dudas”, posteriormente a las elecciones se abrió nuevamente el registro, en el cual participó Doña Sarita González viuda de Alvarado, sólo para enterarse que al aprobarse recibiría su primer pago hasta abril o mayo de 2022, eso sí, sin retroactivos.

Previo a la veda electoral, la secretaría de Bienestar informó que ya se había dado inicio a la dispersión de depósitos bancarios de las pensiones para las Personas Adultas Mayores y para Personas con Discapacidad Permanente en todo el país, para cubrir el bimestre noviembre-diciembre del año en curso, pero esto fue únicamente para las personas que ya contaban con el apoyo de años anteriores o bien que se registraron antes de junio de 2021.

Desde el martes 9 de noviembre, para quienes cobran su pensión con tarjeta bancaria y ya estaban inscritos, se realizó la dispersión de ambas pensiones. La dependencia federal recordó que el se cerraría con un 1 millón 350 mil nuevos derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que se sumaron al padrón existente de ocho millones, y que con ello, el padrón alcanzará a más de nueve millones 350 mil.

“En este momento nos encontramos en proceso de entrega de tarjetas a las y los nuevos beneficiarios, a quienes se les depositará una vez que concluya el proceso de entrega”, precisó la dependencia en un comunicado 

La idea principal de este beneficio es el poder ofrecer una mejor calidad de vida a los adultos mayores, aunque las quejas menudean, porque nunca se sabe con precisión las fechas para los depósitos y éstos se hacen únicamente a través de la tarjeta del Bienestar, que no es bien recibida en todos los comercios; las únicas opciones para disponer de estos fondos es en los grandes centros comerciales, normalmente más caro que los mercados y tiendas minoristas, donde generalmente compran los ancianos o bien en las cajas del Banco del Bienestar, de las cuales únicamente existen 32 en todo el estado.

Triste panorama para los adultos mayores

El fenómeno del incremento de la importancia numérica de la población de mayor edad se expresa en México en las siguientes cifras: para 1995 de un total de 91 millones 158 mil 290 habitantes, el 57.2 por ciento eran menores de 25 años, en tanto que los mayores de 65 años representaban el 4 por ciento. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2000 da una cifra de 97 millones 361 mil 711 habitantes; el 53.6 por ciento son menores de 25 años, en tanto que el número de los mayores de los 65 años había ascendido al 4.7 por ciento según diversas estimaciones.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, actualmente en México la población anciana (mayores de 60 años), suma 6 millones 534 mil 22 personas que habitan en 4 millones 838 mil 826 hogares.

De esta cifra, el 40 por ciento no perciben ingresos, en tanto que 1 millón 539 747 hogares tienen como jefe de familia a una persona de la tercera edad que subsiste básicamente de transferencias: pensiones de jubilación, viudez, invalidez, subsidios, donativos o indemnizaciones por despido o por accidentes de trabajo, que constituyen su única fuente de ingresos.

En México uno de cuatro hogares es habitado por personas de la tercera edad y en 68 de cada cien hogares son los ancianos quienes aportan una parte del ingreso familiar. Las personas de la tercera edad que tienen como única fuente de ingresos su salario constituyen el 19.4 por ciento del total de la población trabajadora, ya que el total nacional de hogares cuya fuente predominante de ingresos es el salario suma 37.7 por ciento, es decir que más del 50 por ciento de estos hogares corresponden a personas ancianas.

Los ancianos con negocios propios para sobrevivir suman 30.3 por ciento; un restante 43.3 por ciento de los hogares (1 millón 539 mil 747) cuyo jefe de familia es un anciano dependen de las mencionadas transferencias.

Respecto al empleo, sostiene el investigador de la UNAM Carlos Salas Páez, que de acuerdo con las cifras de las Encuestas Nacional de empleo 1996, del total de hombres de 60 años y más, el 59 por ciento realiza alguna actividad económica, el 18 por ciento está pensionado o jubilado, el 1 por ciento está incapacitado para trabajar y sólo el 20 por ciento no realiza alguna actividad económica.

Con relación a las mujeres mayores de 60 años; sólo realiza alguna actividad económica el 17 por ciento, 59 por ciento se dedica a actividades domésticas; 4 por ciento está pensionada o jubilada, 1 por ciento está incapacitada para trabajar y el 19 por ciento no realiza ninguna actividad económica.

De los ancianos que trabajan, siguiendo cifras del INEGI, el 80 por ciento de los hombres lo hacen en unidades de cinco o menos trabajadores; 40 por ciento recibe ingresos inferiores al salario mínimo y sólo 7 por ciento recibe ingresos superiores a los cinco salarios mínimos. Las mujeres ancianas trabajadoras, viven un rezago aún mayor, ya que el 80 por ciento trabajan en establecimientos de hasta cinco trabajadores; el 49 por ciento recibe menos del salario mínimo y sólo el 3 por ciento recibe ingresos superiores a los cinco salarios mínimos.

De conformidad con cifras oficiales y datos proporcionados por el Movimiento Unificador Nacional de Pensionados y Jubilados, existen en México 4.7 millones de personas mayores de 65 años de edad; de este universo de la llamada tercera edad, únicamente reciben el beneficio de una pensión jubilatoria 2 millones 400 mil personas (1 millón 955 mil del Instituto Mexicano del Seguro Social y 388 mil del ISSSTE y los restantes de otras instituciones).

Así, se tiene que sólo el 36.9 por ciento de los trabajadores mexicanos que tienen derecho a jubilación disfrutan de esta prestación. Según el propio Movimiento Unificador Nacional de Pensionados y Jubilados, 4 millones de mexicanos mayores de 60 años no reciben ninguna pensión por no haber sido inscritos en alguna institución pública de seguridad social, o no cumplir con el requisito de antigüedad para poderse pensionar. Este universo de mexicanos vive en la indigencia o prácticamente de la caridad.

Del millón 849 mil 746 pensionados con base a la anterior Ley del IMSS, el 90 por ciento perciben 1.12 salarios mínimos generales de la Ciudad de México, equivalentes a mil 355 pesos mensuales.

Existen sin embargo, 425 mil pensionados por viudez que sólo reciben el 90 por ciento de un salario mínimo de la capital del país: mil 89 pesos mensuales. Existen casos de pensionados, como los candelilleros de las zonas desérticas, cañeros y mineros que reciben pensiones mensuales de 80, 150 y 250 pesos respectivamente.

El sistema de pensiones, no permite la recuperación y mejoramiento de los ingresos de sus beneficiarios, ya que su incremento está indexado a los que otorgan al salario mínimo: entre 1977 y octubre de 1999, el salario mínimo (y en consecuencia las pensiones) había perdido el 73.3 por ciento de su poder adquisitivo. En lo que va del presente régimen, los salarios y pensiones tendrían que incrementarse un 260.6 por ciento para recuperar el poder de compra que tenían en 1977 y un 30.4 por ciento para igualar el nivel que tenían al iniciarse el presente régimen.

Por la dinámica propia de la demografía de México, el número de jubilados y pensionados ha venido creciendo a tasas superiores a las de la población en general; así de 1990 a 1995, mientras la población en general creció a un promedio anual de 2.4 por ciento, la población sujeta a pensiones creció a un promedio de 6.2 por ciento, para 1995-1999, la población en general creció 1.9 por ciento y las personas en edad de jubilación o pensión aumentaron en 5.3 por ciento como promedio anual.

A pesar de haber cumplido su ciclo productivo, un gran número de mexicanas y mexicanos de la tercera edad continúan trabajando: según datos del ISSSTE, el 28.6 por ciento de personas mayores de 65 años, 1.5 millones de personas, siguen incorporadas a alguna actividad productiva, generalmente por su propia cuenta, sin garantías, prestaciones laborales ni seguridad social. De hecho, del total de los hogares que existen en México, casi dos millones están dirigidos por personas de la tercera edad, que en su conjunto sustentan al 10 por ciento de la población total nacional.

En el caso del ISSSTE, del total de 380 mil pensionados, 292 mil 87 (70 por ciento) reciben pensión por jubilación, retiro por edad o por tiempo de servicios. De ellos, las tres cuartas partes reciben de uno a tres salarios mínimos y sólo el 25 por ciento reciben cinco salarios mínimos o más. Y en todo caso están obligados por ley a renunciar a esta jubilación si deciden ocupar un nuevo puesto en la administración pública.

Por ello, fue adicionado por decreto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un nuevo párrafo en el que se incluye un reconocimiento genérico de los derechos de la senectud y el acceso universal a una pensión mínima garantizada por el Estado, aunque en el citado artículo no se precisa el inicio de la vigencia de este derecho.

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