En octubre de 2020 y en plena pandemia de Covid, los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista en el Congreso de la Unión, eliminaron 109 fideicomisos, entre ellos los fondos de gastos catastróficos para atender enfermedades costosas y el dedicado a la atención por desastres naturales. Aseguraron que no se dejaría sin recursos a la población beneficiaria y que en todo caso era una acción contra la corrupción.
Pues ni se comprobó la corrupción y si quedaron sin tratamientos miles de pacientes oncológicos en el país, niños, niñas, jóvenes y mayores. Es más, a menos de un año de entregar el poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin dar a las y los mexicanos, un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.
A más de dos años de que se aprobara la extinción de estos 109 fideicomisos y fondos, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, aún 34 siguen vigentes, aunque ya prácticamente sin fondos.
En general, los recursos disponibles en todo el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos pasaron de 740 mil 572.7 millones de pesos al cierre de 2019, a solo 488 mil 823 en diciembre de 2022.
¿A dónde fue a parar el dinero? Dirá el Presidente que al “pueblo”.
En represalia por oponerse a sus designios, el presidente López Obrador ordenó a su mayoría legislativa desaparecer 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que representan más de 15 mil millones de pesos, y destinar ese dinero “a becas para estudiantes”.
Los fideicomisos, de acuerdo al PJF, no son para el pago de prestaciones de ministras y ministros de la Corte, y su extinción no solo limitará la operatividad de la institución de justicia, sino afectará los derechos de sus trabajadores, pues al menos seis de ellos están relacionados con obligaciones patronales y derechos de las y los empleados, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
Por su parte, la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, a través de un video privado que fue trascendido, dio a entender que no entrará en debates mediáticos con el presidente López Obrador ni con las y los legisladores de la 4T, sobre la eventual eliminación de los fideicomisos, pero también deslizó que desplegarán acciones para proteger los derechos de sus 55 mil trabajadores, así como la autonomía e independencia de ese Poder.
“El silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer otras aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos los que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación”, dijo.
Por su odio encarnizado y misógino a la presidenta Piña Hernández, López Obrador pegará a los bolsillos de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. No vemos cómo, ellos y sus familias puedan votar gustosamente, a favor de la “transformación”.
