Opinión| «Voy derecho y no me fijo…»

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«Voy derecho y no me fijo…»

AIFA, Dos Bocas y Tren Maya son mi legado porque lo digo yo.

Por: Luz María Sánchez S.

Sí no lo tengo lo arrebato o voy derecho y no me fijo, frases que se escuchan en todas partes, en conversaciones de sobremesa, en el transporte e incluso, entre adultos mayores, jóvenes beneficiarios de los programas sociales de la 4T, cuando se habla de la defensa que hace el Presidente de sus obras o sus decisiones al frente de este gobierno.

Son inocultables las expresiones verbales, los gestos y los ademanes del Presidente, quien ya no matiza ni sus enojos, sus burlas o ironías. Para bien o para mal, la gente o, como él dice el pueblo bueno, ya lo conoce y cada uno está midiendo hasta dónde puede llegar esta intolerancia.

Ya lo hemos visto con las inauguraciones faraónicas y teatrales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que no tiene nada de internacional y sus vuelos son mínimos o de la refinería Dos Bocas, que sigue sin producir su primer barril de combustible. Lo importante es mantener el discurso triunfalista de la 4T.

Ahora, en su más reciente arrebato, desafiando varios amparos, el Presidente declaró al Tren Maya como una obra de seguridad nacional, para continuar su construcción, pésele a quien le pese, y así refrendar su glosario de frases populares que lo pinta de cuerpo entero, cómo aquella de “No me vengan con que la ley es la ley”. Y ahora su justificación: “Pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos, de seudo ambientalistas, vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo, y que además de que y es tiempo de que llevaba parada pues estaba significando un alto costo que es dinero del pueblo, no más intereses políticos de estos conservadores corruptos”.

Además, aseguró, en plena conferencia mañanera como es su estilo, que existe una conspiración contra la obra y acusó a sus propios funcionarios de filtrar información clave que ha permitido a sus opositores interponer recursos legales en momentos estratégicos.

«Hay mucha filtración de información. Sabían de que se iba a tomar un acuerdo la vez anterior y media hora antes presentan los recursos de amparo. O sea, estamos trabajando en cuatro tramos, pero en este, en el quinto, media hora antes de que se hiciera valer el acuerdo interpusieron. O sea, es una conspiración», apuntó.

En un Estado de Derecho esto es desacato

A pesar de que lo sabe muy bien, López Obrador negó airadamente que incurra en un desacato al reiniciar las obras, aun cuando la autoridad judicial había otorgado desde hace tres meses amparos definitivos y temporales que obligaron a suspender el tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, por la queja de organizaciones ciudadanas y ambientalistas ante la destrucción y riesgos para el ecosistema de un proyecto que no contempló, por parte del gobierno, los estudios de impacto ambiental, ni se ha cumplido con la transparencia de información sobre la mencionada obra.

Y así, por encima de la ley, el Presidente cambio las reglas del juego a su modo para cumplir con su agenda de entregar la obra en el 2023 y dejo el tema judicial en manos de Fonatur que deberá seguir los litigios, al declarar autoritariamente, porque así entiende él las facultades del Ejecutivo, que la obra continuará, por determinación del Consejo de Seguridad, ahora, bajo la responsabilidad de dos entidades federales que no estaban en este pleito: la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría Gobernación. Por cierto, que el anuncio casualmente se da al iniciar el periodo de receso del Poder Judicial de la Federación. Ni la Suprema Corte, ni los tribunales laboran de manera ordinaria, sólo atienden asuntos de gravedad o urgentes.

En una democracia, en un Estado de derecho, la simple orden o capricho del Presidente no justifica el desacato de una decisión judicial lo que podría configurarse como un delito penal. Y así lo establece el artículo 267 de la Ley de Amparo que impone “una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; repita el acto reclamado;  omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto e incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad”. Sin embargo, en Palacio Nacional eso les tiene sin cuidado. ¡Háganle como quieran!

Reanudar las obras, era una estrategia 

La decisión del Ejecutivo Federal fue una acción estratégicamente planeada, pues una semana antes del anuncio ya se apreciaban movimientos y había denuncias sobre la reanudación de las obras. Ambientalistas del colectivo #SelvameDelTren evidenciaron que se reanudaron los trabajos del Tren Maya en el Tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo, aún con la suspensión definitiva de un juez, que ordenaba frenar las obras. Según el testimonio publicado en su cuenta de Twitter, de Guillermo DChristy, uno de los integrantes del colectivo, se detectó movimiento de maquinaria y una brecha nueva al sur del Tramo 5 del Tren Maya que se supone se encuentra en suspensión definitiva por los amparos, aclarando en su posteo que este movimiento. En los videos mostrados en la red, se observa maquinaria pesada, como trascavos de oruga y retroexcavadoras, que inexplicablemente llegaron al lugar.

Incluso el colectivo #SelvameDelTren había advertido desde la semana pasada a la UNESCO del riesgo que corre el patrimonio cultural subacuático en esa zona de la Riviera Maya con la construcción del Tren Maya, principalmente en su Tramo 5 que se planea de Cancún a Tulum. Ahora todos los reclamos quedarán en el aire, mientras el gobierno arrasará con todo, apostando a la decisión de López Obrador y a un Poder Judicial de la Federación totalmente subordinado al “Decretazo presidencial” que establece que serán intocables las obras que se hayan etiquetado como de seguridad nacional.

Estos arrebatos ya no asombran, pero lo preocupante es que las decisiones unipersonales del habitante de Palacio Nacional se estén convirtiendo en la regla que siga este país, avasallando a la Constitución, las leyes, los derechos individuales y colectivos y todo tipo de intereses tan legítimos y diversos como parte de este conglomerado que se llama México. Sin duda, se prenden las alertas de un dictador cuya sola palabra es la ley. Faltan poco más de 24 meses para que concluya este sexenio y todavía habrá mucho que ver. Al tiempo.

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