El apoyo sí es clientelar
Por: Rosalinda Cabrera Cruz
Nunca fue combatir la pobreza, así lo admitió esta semana el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador; quizá le ganó el subconsciente, quizá no le orientaron al respecto, pero dejó en claro en una de sus mañaneras del año que apenas comienza que el apoyo a los sectores vulnerables “es un asunto de estrategia política”, porque “ayudando a los pobres, uno va a la segura porque cuando se requiere apoyo a la transformación, ahí están’’, confesó.
Como por no dejar, hizo hincapié en que no hay nada más satisfactorio que ayudar a quienes menos tienen (y esto lo dijo en cadena nacional), pero dejando ver que los programas sociales no tienen la finalidad de reducir la pobreza sino de constituir una clientela electoral.
Lo anterior deja en claro que desde el inicio de su administración su intención de promover becas y ayudas sin un estudio previo del impacto en las finanzas públicas a largo plazo no tenía un objetivo económico-social, sino político, porque (en sus palabras) la ayuda a los pobres, como becas a ninis, pensiones a los adultos mayores, ayudas a madres solteras, sembrando vida y varios más únicamente persiguen intereses de carácter de subsistencia política.
Ello puede explicar la voracidad que ha caracterizado a la actual administración federal por allegarse los recursos de los fideicomisos, que ya no existen y cuyo dinero se agotó el año pasado; pero es aún más grave que los dichos presidenciales demuestran que nunca hubo en realidad una política real, cierta, de combate a la pobreza y eso se demuestra fácilmente con las estadísticas del INEGI y el Coneval en los que se documenta que el número de pobres en el país aumentó en casi tres millones de personas.
Si bien es verdad que el número de trabajadores registrados en el IMSS muestra un aumento, son puestos de trabajo de menor categoría, es decir, registrados con sueldos más bajos que el sexenio anterior (aunque en las declaraciones se diga que el salario mínimo tuvo un incremento histórico, puesto que no fue a la par de los índices inflacionarios), una muestra de ello es que el número de trabajadores afiliados al IMSS se incrementó en buena medida por la ley que sanciona el outsourcing, lo que obligó a las empresas que terciaban trabajadores a registrarlos con todos sus derechos.
Por otro lado, la inversión pública cayó como nunca porque los recursos fueron empleados para los programas políticos disfrazados de sociales de la actual administración y aunque si bien es verdad que gobiernos anteriores que hoy son de oposición también lo hicieron en su momento, es innegable que trataron de guardar un equilibrio entre lo que se otorgaba a los más necesitados y el resto de los requerimientos del resto de la administración pública.
Nadie puede cerrar los ojos a que no hay más autopistas, ni carreteras, menos hospitales; incluso los que se dijo que se terminarían siguen en obra negra, si bien les va; no se construyeron más escuelas ni más universidades, porque hablando en serio, las del bienestar son un mal chiste; de igual manera no se creó más infraestructura necesaria para sacar de la pobreza a los millones de mexicanos que viven en esa situación, sólo se establecieron dádivas que resuelven los problemas cotidianos de millones de personas, pero que no son infinitas y que ya presionan a las finanzas públicas.
Como muestra de que se ha quitado presupuesto a educación, salud, incluso seguridad, para cumplir con los programas sociales con miras a las elecciones de 2024, baste como ejemplo que solo para 2023, el gobierno deberá endeudarse con 1.2 billones de pesos para cumplir la meta presupuestal de 8.3 billones, porque con la recaudación de impuestos (5.8 billones) y la venta de petróleo (1.3 billones) no alcanzará.
Por supuesto que López Obrador, cuando se percate de su error, asegurará que no dijo lo que dijo y que se trata de otro ataque de los conservadores, pero su confesión no hizo más que confirmar lo que muchos analistas políticos y económicos sostenían, a la luz de los resultados de su gestión.
No es el hecho de una oposición a los programas sociales, sino que, en 4 años, el gobierno no generó las condiciones para se crearan nuevos puestos de trabajo que financiaran esos programas, por lo que este será un sexenio perdido en materia económica.
Y mientras tanto, más aumentos
Como regalos de Navidad y Reyes Magos, a lo largo de las últimas semanas se han venido anunciando los incrementos para los programas sociales, lo que para muchos analistas económicos resultará en un verdadero dolor de cabeza financiera.
Por lo pronto, la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se incrementó 25 por ciento y pasó de tres mil 850 pesos en 2022 a cuatro mil 800 pesos bimestrales este 2023, mientras que el padrón creció de 10 millones 537 mil 181 derechohabientes a 11 millones 56 mil 534 en el primer bimestre del año e irá en crecimiento futuro. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, incluso presumió en la primer mañanera del año que en 2018 las personas adultas mayores recibían mil 160 pesos bimestrales y este año serán cuatro mil 800 pesos.
Pero este 2023 llega con otros ajustes en cuanto a pagos, tanto en salario mínimo como en apoyos gubernamentales tales como otras pensiones del bienestar o las Becas Benito Juárez.
Por lo pronto, el gobierno federal anunció el pasado 1 de diciembre que el aumento al salario mínimo para el 2023 sería del 20 por ciento, que pasará de 172 pesos a 207 pesos diarios para un total de 6 mil 223 pesos mensuales. Para la Zona Libre de la Frontera Norte aplicará el mismo porcentaje, por lo que el salario mínimo diario pasará de 260 a 312 pesos al día para un pago mensual de 9 mil 372 pesos, lo que se reflejará a partir de este mes.
En cuanto al aumento para los beneficiados por la Becas Benito Juárez, este será de un siete por ciento, que quedarán de la siguiente manera:
- Becas Benito Juárez Nivel Básico: mil 797 pesos (monto bimestral)
- Becas Benito Juárez Nivel Medio Superior: mil797 pesos (monto bimestral)
- Becas Benito Juárez Nivel Superior 5 mil 243 pesos (monto bimestral)
El primer pago, ya con el ajuste, se hará también en enero.
La bomba de tiempo de las jubilaciones
Problema aparte es el tema de las pensiones y jubilaciones, que siempre ha estado en la mira de los gobernantes en turno, sobre todo porque son fondos que crecen día con día y sus acumulados son apetecibles para ser manejados al antojo de quien en ese momento detenta el poder.
Para nadie es un secreto que desde antes que iniciara el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema estaba en la mira, y desde el inicio de la presente administración ya se había hecho una intentona de reforma a la ley de pensiones para dejar en manos del Ejecutivo su manejo (lo que no prosperó).
El sistema actual con afiliados al IMSS entregará pronto retiros que serán inferiores al 30 por ciento del salario si todo sigue como hasta ahora; pero el panorama que enfrentan es muy complejo, porque incluso desde antes de la pandemia por COVID-19, los fondos estatales, municipales y de universidades están quebrados y urge ahora sumar a los trabajadores independientes.
Para enfrentar el reto, se pusieron sobre la mesa múltiples propuestas: se habló de la afore única, que por fortuna se desechó dada la desconfianza que había generado y en mayo de 2020 la Consar propuso en esa misma línea crear un Instituto Nacional de Pensiones para homologar los sistemas.
En la iniciativa presidencial del 22 de julio de ese año por fin se pudo observar que se impuso el trabajo técnico sobre el ideológico y las modificaciones fueron en el sentido correcto, aunque resultaron insuficientes frente a lo que se requiere.
En la ley derivada de dicha iniciativa, se redujeron las semanas de cotización de mil 250 a 750, o sea de 25 a 15 años, lo que ayudó especialmente a las mujeres. También se aumentó de 6.5 por ciento a 15 por ciento la aportación, lo que recayó en las empresas con aumentos graduales en un plazo de ocho años.
La mayor aportación de la IP se orienta ahora a los trabajadores desde tres salarios mínimos, mientras que los que están por debajo, el aumento de la carga viene del gobierno hoy en 0.225 por ciento. Esto evitó que se afectara a las Pymes; al mismo tiempo, la contribución del trabajador quedó en 1.12 por ciento. Al avalarse lo anterior, se pudo considerar que el presidente AMLO había cumplido, pero con una propuesta que es una especie de parche y que estará lejos de lo que se requiere para sacar a flote las pensiones en el futuro.
Por otro lado, la reforma al sistema de pensiones fue para los trabajadores de empresas, básicamente afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque el presidente en su mañanera del 23 de julio de 2020 se comprometió a impulsar otra para los trabajadores al servicio del Estado, lo que no ha ocurrido.
Es necesario reformar el sistema de pensiones con visión a los próximos 50 años, admiten los especialistas, en el que además de que se garantice el pago a los trabajadores jubilados, se mejoren las condiciones de vida de cada uno de ellos, ya que un porcentaje de pensionados reciben cuotas raquíticas que no garantizan una buena calidad de vida.
Cabe hacer mención que Michoacán se ubica como uno de los estados con riesgo medio en sus sistemas de pensiones, según un análisis de aregional.com, donde se da a conocer que sólo 12 de los 32 sistemas estatales de pensiones son sustentables a largo plazo, debido a que mantienen una aportación al sistema federal, pero eligieron adoptar cambios a los parámetros del método de beneficios definidos, por lo que aplican un sistema de cuentas individuales o una mezcla de ambas.
Dicho informe detalla que, de esa decena de entidades, en cuatro (Ciudad de México, Baja California Sur, Hidalgo y Quintana Roo) sus trabajadores están afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de ahí que no tendrán problemas de viabilidad de sus sistemas, siempre y cuando se encuentren al corriente en sus pagos de aportaciones al sistema federal, subraya la consultora.
El sitio que concentra y genera información económica y estadística de las regiones, estados y municipios, señala que las 20 entidades restantes no pueden garantizar el pago de pensiones y jubilaciones de sus trabajadores a largo plazo. Desafortunadamente, Michoacán se encuentra entre ellas.
El nuevo sistema de pensiones es insuficiente para que aquellas personas que están próximas a jubilarse lo hagan con un monto muy elevado, dicen los expertos; es así que las personas que se jubilen en el corto plazo no sentirán de manera consolidada los beneficios de dicha reforma y será hasta el mediano plazo cuando estos comiencen a materializarse.
Para quienes traerá beneficios es para los que ya tienen tiempo en el sistema Afore, en tanto que la gente que está por jubilarse va a pagar los errores y las omisiones de los gobiernos anteriores por no querer hacer una reforma de pensiones desde hace tiempo.
La propuesta obviamente está pensada para beneficiar a los nuevos y a los que no tienen tanto tiempo cotizando en el sistema o gente que es muy joven y puede cotizar muchos años, lo que dejaría traslucir un objetivo electorero. La ley establece que aquellas personas que quieran jubilarse con las 750 semanas de cotización ya podrán hacerlo, pero deberán tener como edad mínima los 60 años.
Cualquier persona que este afiliado en el régimen de 1997 que tenga 60 años de edad y 750 semanas ya puede solicitar la pensión mínima garantizada que se puede dar en esta ley, independientemente que los cambios en las aportaciones empiecen un año después.
Cabe aclarar que la aportación que compone el retiro de los trabajadores actualmente es tripartita: el 5.15 por ciento la hace la empresa, 0.225 por ciento el gobierno y 1.125 por ciento el trabajador. La ley establece que solo se aumente la cuota patronal mientras que la de gobierno y empleado no registrará variaciones.
La soledad de la vejez
El sector poblacional más vulnerable y por tanto con mayor potencial clientelar, es el de la tercera edad. Dentro de los procesos demográficos que retan a las sociedades actuales en el mundo, destaca el envejecimiento de la población, situación que ocurre a mayor velocidad en países en desarrollo, aseguró la investigadora del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM, Abigail Vanessa Rojas Huerta.
En un estudio sobre el tema que realiza en colaboración con Jaime Lara Lara, de la Universidad de Monterrey, la actuaria y demógrafa señala: “En México, de acuerdo con el Censo de Población 2020, aproximadamente 12 por ciento de los mexicanos forma parte del grupo de 60 años y más, cifra que se estima se duplicará en 17.4 años. Esto requiere prever las necesidades que demandarán respecto a salud, pensiones, cuidados y bienestar en general”.
La especialista comentó que, aunque se tiene la idea de que la familia proporciona cuidados y apoyo a sus adultos mayores, la evidencia del estudio muestra que, debido a que las familias son cada vez más pequeñas o con hijos que permanecen lejos, es menos probable contar con la ayuda. Además, se enfrentan a la viudez, separaciones y aumento de divorcios, lo que conlleva a que las personas vivan solas si se encuentran en la vejez y no cuentan con hijos o familiares. “Aunado a esto, la mayor esperanza de vida se relaciona con vivir más años solo”, comentó.
Indicó que la soledad emocional tiene mayor impacto en la mortalidad, principalmente entre quienes presentan algún problema de dependencia funcional y que las condiciones son aún más difíciles para las mujeres, pues en general viven más tiempo que los hombres, y varias en su vida productiva permanecieron en su hogar o dependieron económicamente del esposo, por lo que no tienen pensión, y ese sector es precisamente uno de los más enfocados por la Pensión del Bienestar.
“Sabemos que las mujeres, debido a los roles que se nos han dado, dejamos el mercado laboral, o las generaciones anteriores no tenían derecho a trabajar ni a la seguridad social, entonces muchas mujeres adultas mayores no están recibiendo pensiones, o estas son paupérrimas y no les alcanza para vivir”, afirmó Rojas Huerta.
