Fútbol, aguacate y quejas
Por: Rosalinda Cabrera Cruz
A tan solo 10 días de celebrarse el Super Bowl, el mayor escenario para el consumo del aguacate michoacano en Estados Unidos, lo que podría agriar el guacamole, un ciudadano (cuya identidad ha sido reservada) presentó ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) una queja en la que aseguró que México falta al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para proteger los ecosistemas forestales y la calidad del agua, debido a la producción de aguacate en la entidad.
La citada Comisión es una organización intergubernamental que se estableció en 1994 por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para instrumentar el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y resulta que en artículo 24, el T-MEC considera protecciones al medio ambiente.
El quejoso afirmó ante el organismo que México omite la protección de recursos forestales e hídricos en Michoacán ante el impacto ambiental y la deforestación causados por la ininterrumpida expansión de las plantaciones del aguacate, afirmando además que México no ha respetado disposiciones constitucionales y leyes federales enfocadas en la evaluación del impacto ambiental, la conservación forestal, el desarrollo sustentable, la calidad del agua, el cambio climático y la protección del medio ambiente, ni más ni menos.
El ciudadano incógnito refirió de igual forma que existe un gran crecimiento de la industria aguacatera en Michoacán en las últimas décadas, lo que le ha convertido en el principal exportador de aguacate en el mundo, con la mayor parte de su producción destinada a Estados Unidos.
Aunque la queja explica que no todos los productores de aguacate provocan el mismo tipode impacto ambiental, ni tampoco en el mismo grado, subraya que diversas investigaciones realizadas por dependencias como la Universidad Michoacana demuestran los graves efectos ambientales derivados de un alto porcentaje de las plantaciones aguacateras en el estado y que el ritmo de deforestación causado por la necesidad de nuevos terrenos para plantar aguacates es uno de los más elevados de México y toda Latinoamérica.
El cauce a seguir respecto a esta denuncia, es que el secretariado de la CCA revisará la petición y en un plazo de 30 días determinará si México ha incumplido con los artículos 24.27(1), (2) y (3) del T-MEC; en tanto, la expectativa de los miembros de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México espera superar los envíos de aguacate del 2022 y anunció que mandará 130 mil toneladas de aguacate al país vecino.
Reacción inmediata
El gobierno estatal, por distintas vías, dio respuesta a esta querella internacional; de inicio, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla consideró como posibilidad implementar una “veda forestal” para poder controlar un poco la siembra desmedida de aguacates que se ha tenido en los últimos años.
A través de la mañanera michoacana, afirmó que “tenemos que analizar el tema de aplicar una veda forestal en el estado de Michoacán, porque ya no se puede seguir con este ritmo, tenemos que hacer algo por respeto a nuestro medio ambiente”, al mismo tiempo, reconoció que el hecho de que el estado de Jalisco, colindante con la entidad, ya se encuentre apto para exportar aguacate a los Estados Unidos, podría ser bueno para Michoacán, pues lejos de quitar mercado, le quita presión, cuestión que podría aminorar la siembra tan forzada.
De entrada, anunció que se certificarán las huertas de aguacate y dejarán fuera a las que han dañado el ecosistema, por lo que las que no pasen revisión serían dadas de baja del sistema y no sólo se les prohibiría continuar con la actividad, sino tendrían que retribuir los servicios y daños ambientales, aunque esto actualmente está sólo sobre el papel y no en la práctica.
Por su parte, el titular de la secretaría de Medio Ambiente de Michoacán (Secma), Alejandro Méndez López, aseguró que en algunos periodos de gobiernos anteriores no hubo una vigilancia eficaz, sin embargo, la actual administración trabaja en estrecha coordinación con la federación para atender este problema.
Y afirmó que “desde el inicio de esta administración, de manera conjunta entre la Secma, la Procuraduría Ambiental y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), trabajan con un equipo técnico-científico en la elaboración de una certificación para distinguir a los productores que deforestaron de los que no deforestaron”.
La señalada certificación trabaja sobre las huertas de cultivo de aguacate que se instalaron en terrenos agrícolas, para ello toma como base un estudio que elaboró el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-UNAM), donde se documenta que el 70 por ciento de las huertas se establecieron en terrenos agrícolas en el periodo que va del año 1974 a 2011. La certificación de huertas sustentables incluye la validación de buenas prácticas ambientales, el establecimiento de mecanismos de retribución de servicios ambientales, e incluso la generación de bonos de carbono.
Por otro lado, la Secma refirió que se construye un esquema de vigilancia-alerta automática satelital, que determinará con un alto nivel de confiabilidad, los sitios que presenten un cambio de uso de suelo, determinado esto por aprendizaje computacional, a partir de algoritmos aplicados a fotografías satelitales.
En todo lo anterior se incluye, indicó Méndez López, que en la pasada temporada de incendios, el gobierno del estado presentó 80 denuncias ambientales por considerar que muchos incendios forestales fueron provocados por el cambio de uso de suelo. En esos mismos sitios ya han sido declaradas como áreas de restauración ambiental 720 hectáreas, y están por decretarse otras 4 mil 800 hectáreas para garantizar que en esos sitios que presuntamente fueron incendiados para hacer cambio de uso de suelo, se restauren los ecosistemas.
Los peros…
La postura oficial no deja de lado que sólo el 4.5 por ciento del mal llamado oro verde se produce de forma orgánica y cumple con todas las disposiciones internacionales; conforme a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2011 se destinaron lícitamente a este cultivo 108 mil 683 hectáreas; para 2022 esta cantidad creció hasta 183 mil 385 hectáreas. Si se vuelve más atrás en el tiempo, los cultivos de aguacate no rebasaban las 31 mil hectáreas en 1980.
De igual manera, se reportaron en 2021 un millón 826 mil 614 toneladas de aguacate en Michoacán, de las cuales apenas 82 mil 409 se cosechó bajo el esquema de producción orgánica, es decir, el 4.5 por ciento. Según el mismo SIAP, todo este volumen fue destinado completamente al mercado nacional.
“La producción de aguacate orgánico, aunque va a la zaga, es la alternativa que puede salvar la producción agrícola”, admitió Alejandro Méndez, porque “aunque somos el principal estado en producción agrícola, somos el tercero en producción orgánica”. No se puede dejar de lado que, aunque muchos piensen lo contrario, la ventaja de los productos orgánicos es que cumplen sin problema con todos los criterios ambientales y de fitosanidad que se solicitan para su exportación hacia Estados Unidos, Canadá y Europa.
Las optimistas declaraciones oficiales se contradicen con lo que los investigadores de campo han planteado, porque no es únicamente el cambio de uso del suelo. Esta próspera industria causa graves daños en los bosques michoacanos, dado que el 63 por ciento de los productores tienen malas prácticas agrícolas cuyos impactos son tales que, de no tomarse medidas para producir de manera sostenible, este cultivo se irá de la misma forma en que llegó, afirma el investigador Benjamín Revuelta Vaquero, de la Universidad Michoacana.
No se niegan los beneficios económicos por más de 2 mil millones de dólares anuales para el estado, pero los impactos ambientales y sociales que está ocasionando el cultivo en la son muy profundos e incuantificables. La expansión del cultivo, en mayor medida ilegal, ha propiciado la pérdida de grandes superficies de bosque, la contaminación del suelo y el agua; enfermedades renales y respiratorias en la población donde se asientan las huertas, criminalidad y desplazamiento de personas, entre otras cosas.
Conforme a sus investigaciones, se producen un millón de toneladas de aguacate en alrededor de 144 mil hectáreas y si se habla de que en el estado la producción es de 2 millones de toneladas la superficie cultivada con aguacate, debe ser del orden de 300 mil hectáreas, la mayoría establecidas de forma ilegal ya que la Semarnat no autoriza cambios de uso de suelo forestal para el establecimiento de estos huertos.
Revuelta Vaquero refirió que no hay datos oficiales certeros sobre la pérdida de cobertura forestal a causa de la expansión de las huertas aguacateras, lamentando que tampoco haya un soporte institucional para frenar la expansión del cultivo. “La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está cada vez más debilitada con los constantes recortes presupuestales y no tiene capacidad suficiente para realizar inspecciones de vigilancia ni para dar seguimiento a las denuncias de cambio de uso de suelo”; dicho sea de paso, la dependencia cuenta únicamente con 4 inspectores para todo el territorio michoacano.
Hizo hincapié en que este monocultivo es nocivo para el medio ambiente y para la salud de las personas. De acuerdo con una tipología de productores de aguacate presentada por el investigador, “el 63 por ciento de los productores generan un alto impacto ambiental por sus malas prácticas de producción”, entre ellas el uso excesivo de agroquímicos y pesticidas sintéticos, el uso excesivo de agua y la contaminación del suelo.
Por otro lado, el avance del cultivo de aguacate también debilita la capacidad de hacer frente al cambio climático, ya que una hectárea sembrada con esta planta absorbe apenas entre 37 y 55 toneladas de carbono equivalente, mientras que una hectárea de bosque de pino tiene una capacidad de absorción de 222 toneladas, es decir, seis veces más que el monocultivo de aguacate.
Y el recurso hídrico también se lleva su parte; el investigador apunta que se “requieren grandes volúmenes del recurso para que las huertas sean productivas, por ello se colocan ‘ollas’ de captación de agua en el monte de forma ilegal” que, sumadas a la deforestación causada por la instalación de nuevas huertas, “impiden la recarga de los acuíferos y afectan directamente a las comunidades y asentamientos cercanos que carecen del líquido”.
En las regiones aguacateras, los índices de sobreuso de agua van del 20 al 140 por ciento. Por esta razón, diversas comunidades indígenas y ejidales han tomado medidas para proteger sus territorios del avance del aguacate; entre ellas destaca Cherán, que ha apostado por la restauración de sus bosques para asegurar su abastecimiento de agua y su conservación a largo plazo.
Y la sangre corre
El daño producido por el cultivo de aguacate no es únicamente ambiental, porque en la parte social, los impactos negativos de la producción de aguacate se traducen en asesinatos, amenazas y conflictos en las comunidades rurales; cada día es más riesgoso para las comunidades, defensores del medio ambiente y organizaciones hacer frente a los aguacateros.
Aunque se han hecho esfuerzos para frenar el avance de la frontera agrícola para la producción de aguacate en Michoacán, han sido intentos fallidos porque no han contado con suficiente fuerza, soporte y voluntad para enfrentar el problema. Se tiene un marco legal incipiente, pero al mismo tiempo se carece de una coordinación efectiva entre los gobiernos federal y estatal en materia del cuidado de los bosques, el agua y el medio ambiente. Es evidente la informalidad y anarquía de competencias.
Contrario a lo que se asegura de la vigilancia por las autoridades estatales y federales, la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través de Senasica, certifica la calidad sanitaria del producto sin importar su legalidad en el uso del suelo y por su parte, la Semarnat no otorga autorizaciones de uso de suelo, pero las huertas siguen apareciendo en las regiones forestales (alrededor del 80 por ciento deben ser ilegales), como ya se puede apreciar en los alrededores de Morelia.
Incluso las iniciativas de los productores, señala Revuelta Vaquero, “aunque son bonitas, no son nada efectivas.” Por ejemplo, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) reforestó 383 hectáreas en 2020, pero el ritmo de deforestación es de 30 mil hectáreas anuales en Michoacán, así que estas medidas son insignificantes.
Algo para reflexionar
México ocupa un lugar privilegiado en el mundo por la diversidad de sus bosques naturales. Los bosques y selvas brindan una infinidad de servicios ambientales, desde la regulación del ciclo hidrológico y el microclima hasta fenómenos globales como la biodiversidad y la captura de carbono. Los bosques son también una importante fuente de ingresos y de materias primas para los pobladores rurales de México al igual que para un número amplio de pequeñas empresas y grandes industrias forestales.
A pesar de este enorme acervo, históricamente el desarrollo económico en nuestro país y sobre todo en Michoacán desde que se descubrió el potencial del aguacate, se ha dado a costa de y no en armonía con sus recursos forestales. Hemos tenido el triste privilegio de estar entre el grupo de países con las tasas de desforestación más altas del planeta. De hecho, actualmente sólo nos queda alrededor del 10 por ciento de la superficie original de selvas altas y cerca de la mitad de la superficie de bosques templados.
Desarrollar alternativas que nos permitan conservar adecuadamente los bosques existentes e incluso recuperar parte de lo perdido y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de los diferentes actores sociales involucrados en el sector forestal, es entonces una tarea impostergable y en eso deben pensar quienes le apuestan por la siembra de huertas de aguacate para sacar a Michoacán de la crisis económica que ahora vive.
