Por: Rosalinda Cabrera Cruz
Michoacán se encuentra a la mitad de la tabla a nivel nacional en cuanto a feminicidios se refiere, según reporta el informe “Análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manifestaciones”, publicado por la organización Causa en Común, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Así que la incidencia por este delito va en descenso al concentrarse 8 por ciento menos víctimas en el país, presume el gobierno estatal mediante un comunicado oficial.
A través de las mismas fuentes, se sabe que, durante el primer trimestre del año, Michoacán reportó siete víctimas de feminicidio de un total de 227 registradas a nivel nacional, colocándose entre los estados con la menor cantidad de casos en comparación con el mismo periodo del 2022.
El estudio refiere que las entidades con mayor número de feminicidios, entre enero y marzo del 2023, fueron el estado de México, con 25 víctimas; Oaxaca con 23; Veracruz con 19; Nuevo León con 15 y Ciudad de México con 14 casos, mientras que los estados con menos de diez registros fueron Jalisco, con 9 víctimas, Morelos con 8, Michoacán y Tabasco con 7; Puebla, Hidalgo, Baja California y Sonora con 6; Sinaloa y Quintana Roo con 5; y el resto de las entidades con menos cuatro casos.
El mencionado reporte permite que el gobierno de Michoacán ostente que la estrategia de coordinación institucional, en materia de seguridad pública con la federación, municipios y comunidades indígenas que se rigen por autogobierno, ha generado buenos resultados para combatir y prevenir la violencia, por lo que el apoyo a través de programas y fondos como el Fortapaz, permitirán continuar la tendencia a la baja en la incidencia delictiva como el feminicidio, homicidio doloso y robo, entre otros del fuero común.
Pero las cifras pueden ser engañosas, de acuerdo con quien las analice, porque según otros datos, en Michoacán sólo un 12 por ciento de las muertes violentas de las mujeres son investigadas como feminicidio, según el mismo SESNSP, por lo que el número está muy por debajo de la media nacional, que es del 25 por ciento, y que por sí solo es calificado como un “subregistro” por colectivas feministas en el país.
Solamente hay siete estados donde el porcentaje es igual o más bajo, mientras que Sinaloa se ubica en el otro extremo, pues siete de cada 10 asesinatos se comienzan a investigar como feminicidios. En el panorama nacional, Michoacán fue el tercero con más asesinatos de mujeres el año pasado: 232 entre enero y diciembre, apenas por debajo de Guanajuato y a la par de Baja California.
La desproporción entre ambas clasificaciones es todavía mayor en este 2023: en enero, según la misma fuente, se documentaron 14 crímenes donde la víctima fue una mujer, pero sólo una se investiga como feminicidio, es decir, un siete por ciento. A eso hay que sumar 11 casos que se indagan como homicidio culposo, en otras palabras, como un accidente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que, desde la apertura de una carpeta, toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio. En el portal del Centro de Estudios Constitucionales, se indica que “las autoridades estatales deben asegurar una aplicación del marco jurídico vigente, además de contar con políticas de prevención y prácticas que permitan erradicar la discriminación y violencia contra la mujer. Incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación particular”, así que sería un tanto engañoso pensar que los feminicidios en la entidad han disminuido.
Lo que dicen los expertos
Para los conocedores del tema, el fenómeno del feminicidio se debe primordialmente a la falta de educación que debería comenzar en la familia y promoverse desde el Estado, porque cualquier agresión en contra de las mujeres es motivo de alerta, más aún cuando las cifras crecen sin respuesta eficaz de las autoridades, como lo demuestra el Semáforo Delictivo.
Hay voces que se han levantado cada vez con mayor fuerza: “Si tocas a una, respondemos todas”, “Somos mujeres, no mercancías”, “Mi vida no gira alrededor de tu pene” y varias más que muchas mujeres han manifestado en las calles para exigir respeto a su vida, su integridad y su cuerpo.
No cabe duda que la mujer es un blanco natural de violencia, vejaciones, desprecio y en el país es un mal creciente. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), dos de cada tres mujeres mexicanas han sufrido violencia de género, donde el principal agresor es la pareja.
Hasta dónde se debe llegar para combatir el problema es algo que se debe definir, porque incluso en distintos ámbitos no se ponen de acuerdo en lo que se refiere al término “feminicidio”.
Por lo que se ha podido ver hasta ahora, uno de los principales problemas para atender el tema de los feminicidios en Michoacán, es la falta de datos certeros y sobre todo de tipificación; cada organismo parte de una definición propia y usa cifras, datos y estadísticas a modo; para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la agresión contra la mujer debe estar acompañada de “violencia sexual”. Sin ello, no son considerados feminicidios, es decir, además de golpearte, torturante, humillarte, secuestrarte, debes ser violada para que se califique el hecho como “feminicidio” (¿?).
La Asociación Civil Humanas sin Violencia pidió desde 2014 que se activara la Alerta de Género para Michoacán, una solicitud que siguió mil caminos y recovecos para lograr que dicha alerta se pusiera en marcha, porque primero pasó por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la que la revisó y realizó un diagnóstico para posteriormente emitir recomendaciones.
Se debe mencionar que cuando se declara la alerta de género en algún estado del país, la secretaría de Gobernación federal aporta recursos económicos para que se implementen acciones de seguridad, se modifiquen leyes, entre otras acciones que ayuden a disminuir los índices de violencia y feminicidio, algo que no ocurrió en Michoacán, dado que la actual administración gubernamental ha evitado que esta situación estigmatice y deteriore aún más la imagen de la entidad, lo que no ha logrado porque un mal de este tamaño no se puede ocultar.
Queda claro que no cualquier muerte puede ser catalogada como feminicidio, pues éste es autónomo y tiene que reunir ciertas características, entre ellas: que el cuerpo de la víctima quede expuesto en una vía pública sin necesidad de que haya sido abusada sexualmente, en general que haya sido atacada por su género, es decir, que le hagan algo que a un hombre no le harían como morderle un pezón o introducirle objetos por el ano o la vagina.
Por su parte, Lucero Circe López Riofrío, fundadora de la Asociación Civil Humanas Sin Violencia, ha puntualizado que la alerta de género es un mecanismo de emergencia que permite analizar las razones por las cuales se asesina a las mujeres, independientemente de que se clasifiquen como feminicidios o no, y promover acciones que prevengan, sancionen y erradiquen la violencia.
La activista ha insistido en la necesidad de entender cómo funciona la Alerta de Género, ya que no sólo incluye datos estadísticos como el número de homicidios de mujeres que registra cada entidad, sino que, al conocer las causas por las que ocurren los homicidios, estas se ataquen para evitar más casos. Sin embargo, sentenció que la administración pública no tiene ninguna respuesta a las causas del asesinato de mujeres.
Incluso, señaló que el gobierno federal, a través de sus organismos como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto de Nacional de las Mujeres (INMUJERES), no tiene políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar este flagelo, situación que se repite en los municipios del estado.
Aseguró que las autoridades de ayuntamientos michoacanos son indolentes, dado que no entienden la responsabilidad de instrumentar acciones orientadas a detectar y combatir esta problemática.
Todo tiene costo político
Cuando se da la declaratoria de Alerta de Género, como ya se dijo, la federación tiene la obligación de destinar un monto financiero para el fortalecimiento de la estrategias que garanticen el acceso de las mujeres a la justicia, pero lo que se puede observar es que la negación para emitir dicha alerta hace que el análisis del tema quede en manos de partidos políticos, es decir, la declaratoria está más ligada a qué instituto político gobierna un estado, en lugar de los casos efectivos de homicidios que registra cada uno.
Para ser más claros; si se emite la alerta para una entidad morenista, este partido buscará que la próxima declaratoria sea para un estado panista, priísta o perredista, por lo mediático que representa admitir una crisis de asesinatos de mujeres al interior de una administración pública y el costo electoral que podría representar.
La mujer está rebajada por ello a solo representar un número de muertes, sin ser consideradas como ciudadanas, por qué de ser así habría mecanismos para protegerlas. Las mujeres son en tanto las que pueden votar, aquellas a las que se puede manipular o las que se puede matar.
De existir un reconocimiento de los derechos de las mujeres, estas contarían con herramientas para protegerse de una situación de violencia, pues actualmente hay casos de agresiones que tienen su origen en el seno familiar, y cuando una víctima acude a denunciar, no le creen porque todavía existe la idea en muchos funcionarios que aunque golpeen, maltraten y maten a una mujer, esta ocupa un lugar menor en la sociedad.
Para nadie es un secreto (si no, ahí están las cifras duras) que el trabajo realizado en el estado por las autoridades no es suficiente, pues el grupo de expertos que analizó la situación de las mujeres en Michoacán emitió nueve observaciones que son básicas, es decir, que no corresponden a la realidad que enfrenta la entidad. Por ejemplo, una de las observaciones orientadas a que las instancias de la Mujer tengan recursos, es que la procuraduría revise todos los expedientes que mandó al archivo muerto, acciones que impiden la comprensión y contextualización de la violencia que enfrenta cada estado.
Combatir la violencia debe ser una labor integral y en conjunto de todo el aparato administrativo, pero ello no se ve por ningún lado, así que será difícil bajo estas circunstancias declarar la alerta de género en todo el estado, si admitimos que al gobierno de Michoacán no le conviene reconocer que están asesinando a las mujeres y la federación no quiere destinar los recursos extraordinarios que debe canalizar junto con la declaratoria.
Las cifras no cuadran
Durante el primer año de la gubernatura de Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán las víctimas por el delito de feminicidio se incrementaron en 41.9 por ciento, al pasar de 31 casos en 2021 a 44 en 2022.
Continuando con las cifras oficiales, en el informe Víctimas del Delito de Fuero Común, del SESNSP, del total de mujeres asesinadas en condiciones de feminicidio en 2021, 6 casos se cometieron entre octubre y diciembre de ese año, cuando inició la presente administración estatal.
Puntualizado, fueron un feminicidio en octubre, otro en noviembre y cuatro en diciembre de 2021, el 19.3 por ciento del total de casos de ese año; de los cuales tres se cometieron con arma de fuego y otros tres con “otro elemento”.
El gobernador Ramírez Bedolla recibió la entidad con 10 feminicidios cometidos con arma de fuego, la misma cantidad de mujeres asesinadas con arma blanca, en 6 casos se utilizó “otro elemento” y en 5 casos no se especificó el instrumento utilizado para cometer el delito.
Para 2022, primer año completo de la presente administración, fueron 44 feminicidios en la entidad, de los cuales 13 se cometieron con arma de fuego, 8 con arma blanca, en 13 casos se utilizó otro elemento y en 10 casos no se especificó el arma utilizada.
En ese año, en septiembre hubo 7 víctimas de feminicidio; en los meses de febrero, abril y diciembre hubo 5 víctimas en cada uno; mientras que en enero, octubre y noviembre hubo 4 casos en cada mes.
La Fiscalía General de Michoacán, a cargo de Adrián López Solís, reportó que durante el primer semestre de este 2023, se han reportado 12 víctimas de feminicidio, de las cuales 2 fueron asesinadas con arma de fuego, 3 con arma blanca, 4 utilizando otro elemento y en 3 casos no se especificó en tipo de arma agresora. Enero del presente año arrancó con 1 feminicidio, 2 en febrero; 4 en marzo, siendo el mes con más casos hasta el momento, 1 más en abril, 3 en mayo y 1 más en junio.
Es importante recordar que el 26 de abril del año pasado, los diputados federales aprobaron reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Penal Federal. Además de castigar hasta con 40 años la tentativa de feminicidio, estos cambios pretenden que quienes ya estén sentenciados por ese delito no puedan acceder a la libertad anticipada. Por el momento la nueva ley sigue pendiente de ser ratificada en el Senado y de ser así aplicaría a partir de su publicación.
En Michoacán, en febrero de 2022 se presentó una iniciativa con proyecto de decreto al Congreso de la Unión mediante el cual se añade al feminicidio dentro del catálogo de delitos que no gozan de la concesión de la libertad anticipada. Para ello, se propuso una adición al quinto párrafo del artículo 137 y también al último párrafo del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En julio del año pasado, la SCJN propuso la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el feminicidio, la cual va en un sentido similar: “Las personas acusadas de cometer un feminicidio no podrán beneficiarse de inmunidades, indultos, amnistías, figuras análogas o con efectos similares para dejar la prisión. Tampoco podrán acceder a libertad anticipada”, señalan en el documento, aunque todo ello suena a letra muerta si en la práctica se desvirtúa el sentido de “feminicidio”.
