Pensiones y jubilaciones, bomba de tiempo

Investigaciones

Pensiones y jubilaciones, bomba de tiempo

Por: Rosalinda Cabrera Cruz

El tema de las pensiones y jubilaciones siempre ha estado en la mira de los gobernantes en turno, sobre todo porque son fondos que crecen día con día y sus acumulados son apetecibles para ser manejados al antojo de quien en ese momento detenta el poder.

Para nadie es un secreto que desde antes que iniciara el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema estaba en la mira, y desde el inicio de la presente administración ya se había hecho una intentona de reforma a la ley de pensiones para dejar en manos del Ejecutivo su manejo (lo que no prosperó).

El sistema actual con afiliados al IMSS entregará pronto retiros que serán inferiores al 30 por ciento del salario si todo sigue como hasta ahora; pero el panorama que enfrentan es muy complejo, porque incluso desde antes de la pandemia por COVID-19, los fondos estatales, municipales y de universidades están quebrados y urge ahora sumar a los trabajadores independientes.

Para enfrentar el reto, se pusieron sobre la mesa múltiples propuestas: se habló de la afore única, que por fortuna se desechó dada la desconfianza que había generado y en mayo de 2020 la Consar propuso en esa misma línea crear un Instituto Nacional de Pensiones para homologar los sistemas.

En la iniciativa presidencial del 22 de julio de ese año por fin se pudo observar que se impuso el trabajo técnico sobre el ideológico y las modificaciones fueron en el sentido correcto, aunque resultaron insuficientes frente a lo que se requiere.

En la ley derivada de dicha iniciativa, se redujeron las semanas de cotización de mil 250 a 750, o sea de 25 a 15 años, lo que ayudó especialmente a las mujeres. También se aumentó de 6.5 por ciento a 15 por ciento la aportación, lo que recayó en las empresas con aumentos graduales en un plazo de ocho años.

La mayor aportación de la IP se orienta ahora a los trabajadores desde tres salarios mínimos, mientras que los que están por debajo, el aumento de la carga viene del gobierno hoy en 0.225 por ciento. Esto evitó que se afectara a las Pymes; al mismo tiempo, la contribución del trabajador quedó en 1.12 por ciento. Al avalarse lo anterior, se pudo considerar que el presidente AMLO había cumplido, pero con una propuesta que es una especie de parche y que estará lejos de lo que se requiere para sacar a flote las pensiones en el futuro.

Por otro lado, la reforma al sistema de pensiones fue para los trabajadores de empresas, básicamente afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque el presidente en su mañanera del 23 de julio de 2020 se comprometió a impulsar otra para los trabajadores al servicio del Estado.

Triste panorama para los adultos mayores

El fenómeno del incremento de la importancia numérica de la población de mayor edad se expresa en México en las siguientes cifras: para 1995, de un total de 91 millones 158 mil 290 habitantes, el 57.2 por ciento eran menores de 25 años, en tanto que los mayores de 65 años representaban el 4 por ciento. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2000 dio una cifra de 97 millones 361 mil 711 habitantes; el 53.6 por ciento menores de 25 años, en tanto que el número de los mayores de los 65 años había ascendido al 4.7 por ciento según diversas estimaciones.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, actualmente en México la población anciana (mayores de 60 años), suma 6 millones 534 mil 22 personas que habitan en 4 millones 838 mil 826 hogares.

De esta cifra, el 40 por ciento no perciben ingresos, en tanto que 1 millón 539 747 hogares tienen como jefe de familia a una persona de la tercera edad que subsiste básicamente de transferencias: pensiones de jubilación, viudez, invalidez, subsidios, donativos o indemnizaciones por despido o por accidentes de trabajo, que constituyen su única fuente de ingresos.

En México, uno de cuatro hogares es habitado por personas de la tercera edad y en 68 de cada cien hogares son los ancianos quienes aportan una parte del ingreso familiar. Las personas de la tercera edad que tienen como única fuente de ingresos su salario, constituyen el 19.4 por ciento del total de la población trabajadora, ya que el total nacional de hogares cuya fuente predominante de ingresos es el salario suma 37.7 por ciento, es decir que más del 50 por ciento de estos hogares corresponden a personas ancianas.

Los ancianos con negocios propios para sobrevivir suman 30.3 por ciento; un restante 43.3 por ciento de los hogares (1 millón 539 mil 747) cuyo jefe de familia es un anciano dependen de las mencionadas transferencias.

Respecto al empleo, sostiene el investigador de la UNAM Carlos Salas Páez, que de acuerdo con las cifras de las Encuestas Nacional de empleo 1996, del total de hombres de 60 años y más, el 59 por ciento realiza alguna actividad económica, el 18 por ciento está pensionado o jubilado, el 1 por ciento está incapacitado para trabajar y sólo el 20 por ciento no realiza alguna actividad económica.

Con relación a las mujeres mayores de 60 años; sólo realiza alguna actividad económica el 17 por ciento, 59 por ciento se dedica a actividades domésticas; 4 por ciento está pensionada o jubilada, 1 por ciento está incapacitada para trabajar y el 19 por ciento no realiza ninguna actividad económica.

De los ancianos que trabajan, siguiendo cifras del INEGI, el 80 por ciento de los hombres lo hacen en unidades de cinco o menos trabajadores; 40 por ciento recibe ingresos inferiores al salario mínimo y sólo 7 por ciento recibe ingresos superiores a los cinco salarios mínimos. Las mujeres ancianas trabajadoras, viven un rezago aún mayor, ya que el 80 por ciento trabajan en establecimientos de hasta cinco trabajadores; el 49 por ciento recibe menos del salario mínimo y sólo el 3 por ciento recibe ingresos superiores a los cinco salarios mínimos.

De conformidad con cifras oficiales y datos proporcionados por el Movimiento Unificador Nacional de Pensionados y Jubilados, existen en México 4.7 millones de personas mayores de 65 años de edad; de este universo de la llamada tercera edad, únicamente reciben el beneficio de una pensión jubilatoria 2 millones 400 mil personas (1 millón 955 mil del Instituto Mexicano del Seguro Social y 388 mil del ISSSTE y los restantes de otras instituciones).

Así, se tiene que sólo el 36.9 por ciento de los trabajadores mexicanos que tienen derecho a jubilación disfrutan de esta prestación. Según el propio Movimiento Unificador Nacional de Pensionados y Jubilados, 4 millones de mexicanos mayores de 60 años no reciben ninguna pensión por no haber sido inscritos en alguna institución pública de seguridad social, o no cumplir con el requisito de antigüedad para poderse pensionar. Este universo de mexicanos vive en la indigencia o prácticamente de la caridad.

Del millón 849 mil 746 pensionados con base a la anterior Ley del IMSS, el 90 por ciento perciben 1.12 salarios mínimos generales de la Ciudad de México, equivalentes a mil 355 pesos mensuales.

Existen, sin embargo, 425 mil pensionados por viudez que sólo reciben el 90 por ciento de un salario mínimo de la capital del país: mil 89 pesos mensuales. Existen casos de pensionados, como los candelilleros de las zonas desérticas, cañeros y mineros que reciben pensiones mensuales de 80, 150 y 250 pesos respectivamente.

El sistema de pensiones no permite la recuperación y mejoramiento de los ingresos de sus beneficiarios, ya que su incremento está indexado a los que otorgan al salario mínimo: entre 1977 y octubre de 1999, el salario mínimo (y en consecuencia las pensiones) había perdido el 73.3 por ciento de su poder adquisitivo. En lo que va del presente régimen, los salarios y pensiones tendrían que incrementarse un 260.6 por ciento para recuperar el poder de compra que tenían en 1977 y un 30.4 por ciento para igualar el nivel que tenían al iniciarse el presente régimen.

A pesar de haber cumplido su ciclo productivo, un gran número de mexicanas y mexicanos de la tercera edad continúan trabajando: según datos del ISSSTE, el 28.6 por ciento de personas mayores de 65 años, 1.5 millones de personas, siguen incorporadas a alguna actividad productiva, generalmente por su propia cuenta, sin garantías, prestaciones laborales ni seguridad social. De hecho, del total de los hogares que existen en México, casi dos millones están dirigidos por personas de la tercera edad, que en su conjunto sustentan al 10 por ciento de la población total nacional.

En el caso del ISSSTE, del total de 380 mil pensionados, 292 mil 87 (70 por ciento) reciben pensión por jubilación, retiro por edad o por tiempo de servicios. De ellos, las tres cuartas partes reciben de uno a tres salarios mínimos y sólo el 25 por ciento reciben cinco salarios mínimos o más. Y en todo caso están obligados por ley a renunciar a esta jubilación si deciden ocupar un nuevo puesto en la administración pública.

Por ello, fue adicionado por decreto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un nuevo párrafo en el que se incluye un reconocimiento genérico de los derechos de la senectud y el acceso universal a una pensión mínima garantizada por el Estado, aunque en el citado artículo no se precisa el inicio de la vigencia de este derecho.

Beneficio para los más jóvenes

El nuevo sistema de pensiones es insuficiente para que aquellas personas que están próximas a jubilarse lo hagan con un monto muy elevado, dicen los expertos; es así que las personas que se jubilen en el corto plazo no sentirán de manera consolidada los beneficios de dicha reforma y será hasta el mediano plazo cuando estos comiencen a materializarse.

Para quienes traerá beneficios es para los que ya tienen tiempo en el sistema Afore, en tanto que la gente que está por jubilarse va a pagar los errores y las omisiones de los gobiernos anteriores por no querer hacer una reforma de pensiones desde hace tiempo.

La propuesta obviamente está pensada para beneficiar a los nuevos y a los que no tienen tanto tiempo cotizando en el sistema o gente que es muy joven y puede cotizar muchos años, lo que dejaría traslucir un objetivo electorero. La ley establece que aquellas personas que quieran jubilarse con las 750 semanas de cotización ya podrán hacerlo, pero deberán tener como edad mínima los 60 años.

Cualquier persona que este afiliado en el régimen de 1997 que tenga 60 años de edad y 750 semanas ya puede solicitar la pensión mínima garantizada que se puede dar en esta ley, independientemente que los cambios en las aportaciones empiecen un año después.

Cabe aclarar que la aportación que compone el retiro de los trabajadores actualmente es tripartita: el 5.15 por ciento la hace la empresa, 0.225 por ciento el gobierno y 1.125 por ciento el trabajador. La ley establece que solo se aumente la cuota patronal mientras que la de gobierno y empleado no registrará variaciones.

El nubarrón de las pensiones

Las pensiones y jubilaciones representan en Michoacán una amenaza constante y una evidente presión para las finanzas públicas, según consideran especialistas, debido a la problemática que se presenta a nivel nacional por el riesgo de sostenibilidad financiera para garantizar estos derechos a los trabajadores mexicanos.

Los factores que presionan económicamente al sistema de pensiones en la entidad, entre otros, son que estos fondos no dejan de ser una tentación para las administraciones públicas, las que como ya se ha visto, meten mano al recurso para amortizar otros problemas económicos (y que se puso de manifiesto en la administración gubernamental anterior, con Pensiones Civiles del estado).

Dentro del modelo de pensiones que se aplica desde hace 20 años, la cantidad de trabajadores jubilados actualmente ya ha superado al número de trabajadores que cotizan para el retiro laboral, lo que presiona las finanzas para cubrir las jubilaciones y pensiones en la actualidad.

La falta de pago de estas prestaciones, han conducido a manifestaciones de sindicalizados del gobierno estatal, en justa demanda de su retribución, así como al déficit financiero que presenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde ya se resienten las consecuencias de la presión que ha generado el sistema de pensiones que se aplica en el estado.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 2020, en Michoacán se pagaban casi 70 mil pensiones en los diferentes tipos que establece el marco jurídico vigente.

Es ya necesario reformar el sistema de pensiones con visión a los próximos 50 años, admiten los especialistas, en el que además de que se garantice el pago a los trabajadores jubilados, se mejoren las condiciones de vida de cada uno de ellos, ya que un porcentaje de pensionados reciben cuotas raquíticas que no garantizan una buena calidad de vida.

Cabe hacer mención que Michoacán se ubica como uno de los estados con riesgo medio en sus sistemas de pensiones, según un análisis de aregional.com, donde se da a conocer que sólo 12 de los 32 sistemas estatales de pensiones son sustentables a largo plazo, debido a que mantienen una aportación al sistema federal, pero eligieron adoptar cambios a los parámetros del método de beneficios definidos, por lo que aplican un sistema de cuentas individuales o una mezcla de ambas.

Dicho informe detalla que, de esa decena de entidades, en cuatro (Ciudad de México, Baja California Sur, Hidalgo y Quintana Roo) sus trabajadores están afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de ahí que no tendrán problemas de viabilidad de sus sistemas, siempre y cuando se encuentren al corriente en sus pagos de aportaciones al sistema federal, subraya la consultora.

El sitio que concentra y genera información económica y estadística de las regiones, estados y municipios, señala que las 20 entidades restantes no pueden garantizar el pago de pensiones y jubilaciones de sus trabajadores a largo plazo. Desafortunadamente, Michoacán se encuentra entre ellas.

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