Robo de plantas medicinales, delito desconocido

Investigaciones

Robo de plantas medicinales, delito desconocido

Por: Rosalinda Cabrera Cruz

Sea como una estrategia de supervivencia o como parte de las luchas de la sociedad civil, las plantas medicinales han cobrado en los últimos años una relevancia enorme y han renacido en la valoración y el trabajo comunitario de una manera impresionante.

Las plantas medicinales siempre han estado vigentes en las comunidades como herramienta para el cuidado de la salud y tal como la Organización Mundial de la Salud lo reconoce, en la actualidad más del 80 por ciento de la población de la tierra sigue utilizando la medicina tradicional como principal recurso para el cuidado de la salud y dentro de ella, las plantas son el principal elemento empleado.

La preocupación por la protección de la propiedad intelectual de los pueblos autóctonos se plasman en las conclusiones a las que se arribaron en el Seminario Nacional de “Diversidad Biológica, Biopiratería y sus impactos en la Seguridad Alimentaría” organizado por la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), donde se determinó proteger y conservar la biodiversidad evitando el ingreso de semillas transgénicas y la biopiratería en el país, además de exigir al poder ejecutivo garantizar la seguridad alimentaria libre de agrotóxicos e insumos producidos por la ingeniería genética.

En este evento participaron más de 70 representantes de varias partes del mundo, quienes firmaron un pronunciamiento público, en el que se advierte y recuerda que existe interés de empresas transnacionales y de gobiernos de países desarrollados de apropiarse y aprovechar en beneficio suyo estos recursos genéticos, en detrimento del país y de los productores indígenas tradicionales.

Indican también que la producción de organismos genéticamente modificados, como las semillas, atenta a la riqueza de recursos genéticos, ocasionando su pérdida en el tiempo, además de originar una dependencia permanente de su provisión, cuyos efectos sobre el ecosistema resultan no predecibles.

“El manejo y la conservación de los recursos genéticos deben permanecer en manos de los campesinos y las entidades estatales, fundaciones y organismos no gubernamentales deben trabajar en forma coordinada con los productores para garantizar la persistencia de los recursos genéticos y su aprovechamiento sostenible”, incluye aquí el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Bernardo Cázares Ortiz.

Puntualiza que en Michoacán es muy amplio el número de recursos que la gente aprovecha (maderables y no maderables), que son perfectamente aprovechables, lo que está expuesto a la biopiratería en tanto no haya una regulación al respecto.

El hecho de que se sepa como aprovechan los recursos los grupos campesinos (no sólo indígenas), implica que se les dé el reconocimiento por la acumulación del conocimiento. El tomar ventaja de éste, sin ninguna retribución para los grupos, es injusto, subraya.

Aunque no hay hasta ahora noticia de que esto esté ocurriendo con frecuencia en Michoacán, el investigador no lo descarta, porque los campesinos dan referencia al respecto. Considera que el potencial de las plantas en Michoacán y México se está desaprovechando, porque la industria farmacéutica nacional podría tomar una iniciativa más ágil para aprovechar el conocimiento y llegar a acuerdos justos con los poseedores, pero esto tiene que ver con el desarrollo de tal industria en el país.

Un ejemplo sería el té de tila, que en la región de la Mariposa Monarca crece de manera natural, donde mucha gente recolecta las flores para su comercialización, con procedimientos que pueden acarrear consecuencias, ya que talan los arbolitos para obtener más fácilmente las flores.

Lo que les pagan a los campesinos por una bolsa de té es una miseria, por lo que son los intermediarios los que obtienen la ventaja, sin saber si son nacionales o extranjeros; sería deseable que las comunidades tuvieran organización para comercializar esos productos a las compañías nacionales, concluye el entrevistado.

Sin embargo, estos llamados parecen no haber hecho mella en México y Michoacán, puesto que no es extraño encontrar a los representantes “científicos” extranjeros haciendo bioprospección, de la cual no dan cuentas posteriores a los verdaderos dueños del conocimiento.

Una huella profunda

Los avatares antes mencionados traslucen la batalla diaria de los pueblos indígenas de preservar sus recursos naturales y su patrimonio biocultural, en condiciones de indefensión ante la industria química, farmacéutica o cosmética. El saqueo de recursos genéticos de los pueblos originarios es de decirlo, una constante…, una realidad.

No es posible seguir desconfiando de las naciones donde las grandes corporaciones hacen lo que desean con los recursos biodiversos, donde además la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha sido muy lenta para establecer regulaciones para reconocer el conocimiento tradicional.

El reparto adecuado de beneficios por el uso de riqueza natural de los pueblos ancestrales (ABS, por sus siglas inglesas), fue uno de los temas de debate durante la segunda conferencia de las partes del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización, firmado en esa ciudad japonesa en 2010 y vigente desde 2014, dentro de la Cumbre de la Biodiversidad que se desarrolló en Cancún, México, desde el 2 y hasta este 17 de diciembre de 2016.

Entre otros aspectos, el protocolo estipula que cada Estado adoptará medidas para asegurar el acceso a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y locales, mediante “el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación” de esos grupos, y con el establecimiento de condiciones mutuamente acordadas (contratos). Es de destacarse que por América Latina y el Caribe, sólo Cuba, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay lo ratificaron.

Aunado a que los pueblos indígenas no pueden controlar el ingreso de visitantes a sus territorios ni la salida de recursos genéticos, entonces se cuenta con pocas herramientas legales para recuperar las patentes sobre esos materiales u obligar a las compañías a compartir ingresos.

El problema, según organizaciones como OP, radica en que la regulación europea estipula que las obligaciones de reparto de beneficios se originan en el acceso físico a recursos genéticos o al conocimiento tradicional en el país de origen, y limita la responsabilidad de su usuario a la utilización de materiales que han sido tomados en las naciones proveedoras después de la ratificación del Protocolo de Nagoya tanto por la Unión Europea como por el país en cuestión.

Esto contrasta con el espíritu de la mayoría de las leyes de las naciones aportadoras de recursos genéticos, que establece que la distribución, parte de su empleo que debe abarcar cualquier nuevo uso luego de la ratificación del protocolo mencionado o la vigencia de leyes de ABS de los países proveedores, incluso si el acceso físico sucedió antes, debe ser realmente equitativo, algo que hasta la fecha no está ocurriendo.

Robo hormiga

Grandes consorcios multinacionales extraen sin atender a ningún criterio jurídico o acuerdo internacional muestras de suelos, plantas, hongos, agua e insectos de México, aparentemente con fines “científicos”, advierte Cázares Ortiz.

Con lo sustraído, mediante especializados procesos de síntesis bioquímica en sus laboratorios, establecidos en países desarrollados, producen nuevas enzimas y proteínas, materiales y sustancias, sobre todo para el mercado alimentario y de belleza, que a su vez, serán insumos de productos nuevos. El usufructo ilegal de todas estas muestras, sustancias y productos se denuncia y combate como biopiratería.

Ahora, entre los ecólogos, sostiene el investigador de la UNAM con sede en Morelia, se argumenta que, así como existen patentes y marcas relacionadas con la propiedad científica e industrial, debe aceptarse un mecanismo institucional donde el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas sea reconocido más allá de su valor antropológico.

Es decir, que los derechos y regalías que se deriven de la bioprospección consideren los costos evitados a los laboratorios y firmas farmacéuticas por dicho conocimiento tradicional.

Señaló que se arguye que el conocimiento y uso de la biodiversidad no es separable de la cultura de los pueblos y comunidades ancestrales y, por ende, que el mismo merece una retribución económica mucho mayor que la que generalmente están dispuestas a pagar las corporaciones farmacéuticas e industriales.

México permanece en la sistematización de información y en los pronunciamientos internacionales sobre bioseguridad, en tanto que la biopiratería amplía su cobertura y la bioprospección no termina por regularse. La modificación genética de organismos, variedades y especies vegetales son un asunto estratégico de seguridad nacional y urgen acciones públicas al respecto.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), con sede en México, consultada al respecto, propone el establecimiento de un programa nacional de bioseguridad, otro de biotecnología y el impulso de la regulación del acceso y uso de los recursos genéticos, así como el fomento de la expedición de patentes o registros asociados con la denominación de origen, la propiedad intelectual y el secreto industrial que pudieran derivarse de la domesticación, selección o manipulación tradicional de flora y fauna hecha por campesinos o pueblos indígenas del país.

Dicha organización, apoyada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en mayo de 1997 impulsó que el Senado de la república organizara un seminario para discutir la posible legislación del acceso a los recursos genéticos, no obstante, poco después el proyecto quedó archivado.

Se debe combatir la biopiratería, pero simultáneamente se debe regular la bioprospección, acotarla, consensarla, asumir sus costos y distribuir sus beneficios con criterios de equidad. Se trata de un asunto de seguridad nacional e imprescindible para la sustentabilidad del desarrollo económico y social, indica Cázares Ortiz.

Cabe recordar, sobre este tema, que durante el Primer Encuentro Chiapaneco frente al Neoliberalismo, efectuado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el problema fue ampliamente abordado, llegándose a importantes conclusiones, como llevar denuncias por la venta indebida de agroquímicos de las grandes empresas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los grupos ahí reunidos, entre otras cosas, acordaron no comprar agroquímicos a determinadas empresas extranjeras, capacitar a la gente en alternativas y formas de trabajo no contaminantes, promover la agricultura orgánica e impulsar los abonos naturales como la cal, la ceniza y el carbón; evitar la dependencia de las transnacionales y no permitir la introducción de venenos.

Otras exigencias al gobierno fueron prohibir la entrada de los agrotóxicos al país; convocar un frente de resistencia contra los mismos; difundir el daño que hacen los agroquímicos a las tierras; elaborar material popular sobre el tema y realizar una campaña de limpieza ecológica, quitando de los caminos, árboles, casas, tiendas, etc., toda la propaganda de las transnacionales de agroquímicos, entre otras cosas.

Patentes de medicina tradicional

La bioprospección busca encontrar nuevos remedios que actúen en alguna parte del organismo para corregir los desperfectos y al mismo tiempo permitan la elaboración de un medicamento comercial, sostienen las universidades extranjeras, las que encubren que estas acciones llevan a los laboratorios a continuar incrementando sus ganancias.

Sin embargo esta no es la base sobre la que se ha construido el conocimiento de las plantas medicinales, porque los vínculos e interacciones de los seres humanos con la naturaleza tienen una complejidad y profundidad que hoy la cultura occidental difícilmente puede comprender o aprender.

Lo fundamental en el presente es tomar conciencia de que la generación de conocimientos es un proceso complejo que jamás puede haber ocurrido por el sistema de ensayo y error que hasta hoy la ciencia moderna ha adjudicado al descubrimiento de las plantas medicinales por las culturas tradicionales. Al mismo tiempo, la “modernización” de la atención de la salud también ha tenido graves consecuencias para el uso popular de las plantas medicinales.

El modelo impuesto, accesible solo para unos pocos, significa la entronificación de un modelo médico hegemónico que ha luchado denodadamente por hacer desaparecer toda forma de cuidado de la salud que no estuviera controlada por el poder médico y alimentara al mismo tiempo a las grandes multinacionales farmacéuticas. Por supuesto que las plantas medicinales y las culturas que las han generado, han sido víctimas preferenciales de estos ataques.

En los últimos años se ha sumado una nueva amenaza, también parte de la mercantilización de la naturaleza, que es la apropiación de las plantas medicinales por las grandes corporaciones transnacionales a través de la biopiratería y la patente de las plantas y los conocimientos asociados a ellos.

O sea que aquellos mismos que buscan decididamente que los pueblos abandonen sus prácticas tradicionales se han lanzado a apropiarse del producto de este saber. Cómplices de este robo son los gobiernos y los organismos internacionales que han facilitado a través de sus políticas y reglamentaciones este nuevo atropello.

Sin embargo los pueblos no se han resignado a dejarse avasallar y en cada rincón del planeta donde se llevan adelante las luchas contra la mal llamada “globalización” las plantas medicinales están siendo reivindicadas de una forma u otra.

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