Temporada de tormentas en la Marina

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Temporada de tormentas en la Marina

Por: Jorge Alejandro Medellín/Estado Mayor

Los nubarrones del abuso y violación a los derechos humanos no se alejan del horizonte de la Marina-Armada de México. Por el contrario, en el cuarto año del mandato de Andrés Manuel López Obrador y de la administración del almirante Rafael Ojeda Durán al frente de la SEMAR, estos escenarios se agudizan y muestran un peligroso relajamiento de valores, principios y controles reales, no solo sobre lo que hace el personal de manera individual, sino sobre la actuación de la institución y su relación con civiles y militares más allá de las barracas e instalaciones navales.

1.- Este 2 de julio, en el puerto de Acapulco -sede de la Octava Región Naval– debió llevarse a cabo una audiencia especial en el CERESO de la ciudad para determinar si el teniente de fragata Alfonso “N” es vinculado en definitiva a proceso penal por el asesinato de Alma Lilia Zamarripa Salazar -una joven ingeniera civil egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN)- o si el oficial de la Marina, a quien la institución no ha dado de baja aún, queda en libertad por falta de pruebas para procesarlo por el delito de feminicidio cometido el 5 de septiembre de 2021.

El teniente, según ha averiguado la familia de la víctima, es socio o accionista de dos empresas dedicadas a la construcción y obras de ingeniería en la zona del Golfo de México, en la capital del país y en otros estados. Una de esas empresas forma parte del padrón de proveedores de la SEMAR. Los familiares de Alma Lilia le han pedido a la Marina que al menos deje de apoyar con más contratos al presunto responsable del feminicidio ya que en el proceso penal la Secretaría nada puede hacer ya.

2.- La semana pasada se conoció por una investigación periodística del sitio Latinus, que la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, tuvo a bien, y por cuenta propia, sin consultarlo con la SEMAR, prestarle al senador José Narro Céspedes, quien le pidió de favor que le enviara un par de escoltas para que lo cuidaran durante dos o tres días en la capital del país, en el marco de la consulta por la revocación de mandato.

La alcaldesa hizo uso de sus facultades metaconstitucionales y le prestó a los marinos Victoriano Rodríguez Zurita y Óscar Manuel González Andrade, quienes tenían apenas cinco meses de haber sido comisionados por la Marina a la Dirección de Seguridad Pública de Acapulco, en donde los asignaron a su vez, a la Policía Municipal de la ciudad.

A los marinos se les ordenó viajar a la Ciudad de México para encontrarse con el senador Narro Céspedes en la Plaza Oásis, en donde ya estaba reunido con Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas. Allí, el senador les dijo que ya tenía un jefe de seguridad, el mayor retirado del Ejército Mexicano, Amadeo Aguilar Corpus, y que él se iba a encargar de cuidarlo, que ya no los necesitaba. Los marinos se retiraron del lugar. Desde el 6 de marzo de este año están desaparecidos. No se sabe nada de ellos. El senador informó a los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López y al almirante Ojeda Durán, mediante escritos oficiales, lo sucedido.

El medio Latinus buscó a la SEMAR para conocer detalles del caso y su postura al respecto. La Marina se negó a dar información.

3.- Hace casi dos semanas, en la Estación Naval de Avanzada (ENA) de la Marina en Mulegé, Baja California Sur, un infante de Marina asesinó a dos compañeros y a una joven civil que estaba con ellos. El marino llegó de madrugada a la ENA, discutió con ellos y disparó matándolos. Quiso huir y trató de enfrentar al personal de la guardia de permanencia, pero fue sometido y desarmado, entregado a las autoridades civiles para que se le siga proceso penal por el triple homicidio que habría sido por asuntos pasionales.

4.- En el aire sigue pendiente la situación jurídica de un grupo de marinos de elite pertenecientes a la Unidad de Operaciones Especiales (la temible UNOPES), quienes fueron acusados de cometer al menos 25 desapariciones forzadas en diversos puntos de Nuevo León y Tamaulipas, entre febrero y mayo de 2018.

Estas desapariciones y ejecuciones -no todos los cuerpos han aparecido- se dio en el contexto de un amplio despliegue de efectivos navales en el norte del país enviados a frenar y reducir sustancialmente la violencia criminal en la franja fronteriza con los Estados Unidos, especialmente en puntos de Nuevo León y Tamaulipas.

Conforme se fueron conociendo las denuncias y los casos, cayeron los marinos en prisión hasta sumar 45 detenidos, casi todos de la UNOPES -entre ellos una mujer-.

Hoy, luego de haber sido sentenciados a 22 años de prisión, casi todos están en libertad tras ganar diversos recursos judiciales argumentando básicamente la imposibilidad de demostrar, de manera fehaciente, las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Solo quedan prisión cuatro o cinco marinos de elite a quienes se busca responsabilizar de todos los crímenes. El resto de sus compañeros fueron reintegrados a la UNOPES y a otros batallones y unidades de combate naval.

El saldo no es bueno para la Marina, cuyo alto mando escribió en 1997 la tesis “La Sociedad Mexicana, corrupción y democracia; su influencia en la seguridad nacional”, para la especialidad en seguridad nacional cursada como Capitán de Navío en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV).

Ojeda se declaraba enemigo de la corrupción en todas sus formas, pero al final ataba que este fenómeno era imposible de erradicar y que, en el mejor de los escenarios, debería ser posible reducirlo, controlarlo y administrarlo para reducir su impacto en la sociedad civil.

Hoy, ese impacto se está reflejando al interior de la propia Marina-Armada de México, quiérase o no.

@JorgeMedellin95

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