Por: Rosalinda Cabrera Cruz/ Enviada
MÉRIDA, Yuc., 05 de abril de 2023.– Miedo, reserva, amenazas, eso es lo que sufren los habitantes de las selvas y regiones devastadas por la mega obra del Tren Maya, uno de los proyectos faraónicos de la actual administración federal. Las ceibas taladas, los manglares desaparecidos, los caminos que se internan hacia la selva, flanqueados por rocas de caliza que anteriormente fueron parte de monumentales y milenarios poblados mayas, es lo que ahora salta a la vista en el trazo de los que será un recorrido turístico.
Pero lo anterior va de la mano de violaciones a derechos humanos, como lo es un medio ambiente sano, la libre determinación de los pueblos indígenas, así como el respeto a los derechos laborales, políticos y afectación en ecosistemas frágiles y Áreas Naturales en donde resulta que hoy tiene también participación la empresa china Communications Construction Company, de acuerdo con un informe internacional.
El informe “China: Derechos Humanos y Actividades Empresariales en América Latina”, publicado en febrero de 2023, analiza 14 proyectos operados por 11 empresas chinas o que son financiados por bancos del mismo origen y en todos se identificaron afectaciones y violaciones a derechos humanos e incidencia a las industrias de minería, hidroeléctricas, hidrocarburos, infraestructura y alimentos en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.
Por lo que se refiere a México, se detectó la presencia de dicha empresa en los trabajos del Tren Maya, lo que suma más afectaciones a las que de por sí ya registra la obra amloista. En el informe referido se identifica patrones de graves abusos a los derechos de pueblos indígenas, al derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, de derechos laborales, y a varios derechos civiles y políticos, según fue manifestado por Jorge Fernández Mendiburu, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien tomó parte en la reciente audiencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza efectuada en Yucatán y Quintana Roo donde se analizaron las afectaciones del Tren Maya.
Indicó el entrevistado que las asociaciones civiles que participaron en el informe, describen al Tren Maya como el proyecto más grande de transporte ferroviario de México en el siglo XXI, ya que prevé la creación de mil 554 kilómetros de vías férreas atravesando cinco estados del país.
Destaca que específicamente el Tren Maya se encuentra en la Reserva de la Biosfera de los Petenes, en México, clasificada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como reserva de gran importancia, incluso catalogada como sitio protegido por el estándar Ramsar. Subrayó además que el Tren Maya afecta al manto freático y ha ocasionado inseguridad alimentaria por el impacto en zonas de cultivo.
A la par, el informe anuncia una vez más que las autoridades no brindan información suficiente con base en estudios de viabilidad, funcionamiento y rentabilidad del proyecto, mientras los estudios y las autorizaciones fueron otorgados por las mismas instituciones que ahora promueven el proyecto. Cabe destacar que en todos los proyectos en los que se identificó que hubo intervención de alguna empresa china, las asociaciones han localizado falta de transparencia y acceso a la información necesaria para la protección de los derechos humanos en el contexto de actividades empresariales.
Les ordenaron detenerse, pero…
De la audiencia efectuada el mes pasado en Yucatán y Cancún por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, derivó la instrucción al gobierno mexicano de suspender el megaproyecto Tren Maya por violar los derechos de los cenotes, y con ello, de la naturaleza y sus habitantes, provocando una alerta de ecocidio y etnocidio
Los jueces del tribunal atestiguaron no sólo la destrucción de los cenotes, sino del daño de la biodiversidad, fragmentación de la selva, la tala inmoderada, así como el colapso de cuevas y estancamiento de ríos subterráneos que provoca la construcción.
Tras de recorrer el territorio afectado, el Tribunal realizó una audiencia local por el megaproyecto y concluyó en su veredicto que “es una amenaza de etnocidio y ecocidio silenciado por una política de Estado”, no obstante, este es un tribunal de conciencia, con sentencia no vinculatoria, aunque su veredicto es una importante herramienta para hacer públicas las violaciones a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. “Un tribunal de este tipo sirve para ofrecer un espacio de denuncia para las comunidades”, apuntó Francisco Martone.
En su recorrido, los cinco jueces e integrantes del Tribunal escucharon los testimonios de 23 comunidades distintas, Pisté, Tizimin, Sanahcat, Ticul, Izamal, Valladolid, Cantamayec de Yucatán. De Quintana Roo, Tihosuco, Bacalar, Nuevo Jerusalem. Escárcega, Ich Ek, Hopelchen, Isla Arena, Xpujil, Calakmul, Xcalot Akal, Xkix, Chencoh, Suc-Tuc, Komchen de Campeche. De Chiapas, Salto del Agua y Palenque.
De igual manera participaron organizaciones y colectivos mayas de los tres estados afectados (Chiapas. Yucatán y Quintana Roo), como el Centro Comunitario Maya U Kúuchil K y Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto, el Consejo Regional y Popular Indígena de Xpujil de Calakmul, el Consejo Indígena de José María Morelos U Yo’ol Lu’um y la Asamblea de Defensores del Territorio Múuch Xiinbal en Yucatán.
De acuerdo con Fernández Mendiburu, “Ningún representante del Estado asistió a esta audiencia, habiendo sido legítimamente invitados” y solo respondió en negativo la CNDH, confirmó a su vez Natalia Greene, secretaria del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza quien organizó esta audiencia tras la urgente petición de habitantes mayas.
En los documentos que aparecen en el veredicto del Tribunal, se asentó que “Conforme a las actas se verifica que ningún representante del Estado asistió a esta audiencia, habiendo sido legítimamente invitados a través de una carta entregada a la Embajada de México en Ecuador, sede del Tribunal, así como a través de correo electrónico y de manera física el día 7 de marzo, invitando tanto al gobierno de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fonatur, Semarnat, INPI, Sedatu y CONANP”.
No sólo es un árbol
Cuestionada también Ana Poot como testigo ante el Tribunal, como mujer maya habitante de una de las comunidades afectadas por el megaproyecto en Yucatán, indicó a este medio que “Cuando los pueblos fuimos a hablar en el Tribunal, empezamos a describir que la destrucción no solo es un árbol, es aquel hongo que vive ahí, es aquella medicina que tenemos ahí, es aquella mariposa, es el pájaro, la energía que agarran de la tierra, los microorganismos o insectos que están asesinando, así que no solo es un árbol.
Con tristeza dijo que muchas veces por falta de conciencia o por estar ocupados o “por esta desconexión espiritual que tenemos con la madre naturaleza, no podemos mirar esto. Los pueblos originarios ven más allá que lo que un occidental. Nosotros vemos lo espiritual de esa conexión con lo natural, esta conexión entre seres vivos que somos”.
Recordó que antes de este juicio, no había escuchado sobre los derechos de la naturaleza, sin embargo, ahora se volvió una herramienta para visibilizar la destrucción. Asegura que eso lo practican todos los días los pueblos mayas con el respeto y cuidado de la naturaleza.
En su contacto con la naturaleza, enumeró que los derechos de los cenotes podrían ser derecho a ser cuidado y respetado, a vivir libres de contaminación (así sea del bronceador de un turista o de una granja de puercos), a no ser violentado en su espíritu, a respetar la naturaleza a su alrededor porque filtran y se conectan por abajo, derecho a permanecer sin ser modificados con luces o muelles para el turismo, a no ser modificados con hoyos, y esto debería conlleva obligaciones de convivencia para las personas.
Pero también Ana Poot resaltó el derecho a ser amado: “Yo creo que también el cenote tiene derecho a ser amado, es donde nosotros los pueblos originarios tenemos experiencia, pues de por sí tenemos la obligación de, en ciertos tiempos, hacer ofrendas y ceremonias de agradecimiento por el agua, a la virgen sagrada que guarda el cuerpo de los cenotes. Y así podría creo decir un sinfín de derechos. Nosotros como pueblos lo consideramos como un individuo más, derechos tienen y siempre los han tenido con nuestro resguardo”.
“Ellos no pueden entender que enferman el territorio, también enfermamos nosotros”, dijo Ana Poot. “Ellos, los invasores no entienden” aseguró.
Y su voz no es la única, uno de los 5 jueces del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, Fray Raúl Vera (los otros cuatro jueces que participaron fueron la investigadora y socióloga argentina Maristella Svampa; el político y abogado ecuatoriano Yaku Pérez; el activista italiano Francesco Martone y el defensor de los derechos de los pueblos indígenas, Alberto Saldamando), calificó como “una aberración lo que están haciendo con ese proyecto del Tren Maya”; él es obispo emérito y defensor de los derechos humanos, quien luego de visitar comunidades, escuchar habitantes de la región y a científicos, determinó que el megaproyecto pone en grave peligro de destrucción a ecosistemas y comunidades mayas.
Aseguró que junto con otros 3 jueces, les tocó presenciar cómo se impone un clima de hostigamiento e intimidación para acallar a las comunidades y organizaciones que tienen una postura crítica hacia el Tren Maya, el que avanza sin respetar las leyes ambientales, violando los derechos de la naturaleza, los derechos humanos y los derechos bioculturales del pueblo maya. Este megaproyecto abre la puerta al ecocidio y el etnocidio. Además, se acompaña de una fuerte presencia militar y de una “política de miedo” que se usa para intimidar a quienes se oponen a su construcción.
Incluso, estas fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron los jueces que participaron en la octava audiencia local del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, espacio creado por la sociedad civil y, que desde 2014, tiene como finalidad evidenciar las luchas ambientales y las violaciones a los derechos de la naturaleza a lo largo del planeta.
Orden de descarrilamiento
La orden de detener y descarrilar las obras del Tren Maya fueron tajantes: el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ordenó al gobierno de México detener de inmediato las obras del Tren Maya, así como llevar a cabo las tareas necesarias para reparar los daños a la naturaleza que se han provocado por ese megaproyecto, ya que consideraron que los pueblos mayas fueron ignorados para la puesta en marcha de la obra.
La organización también manifestó que se tiene que reconocer la violación a los derechos de la naturaleza, humanos, individuales, colectivos y bioculturales del pueblo maya, ya que se configuran crímenes de ecocidio y etnocidio por la violación a esos derechos fundamentales.
“Hacemos un llamado urgente al Estado y a la intervención de los organismos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos para el cese del despojo de las tierras ejidatarias, acabar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de los defensores de la naturaleza, de lo cual el Tribunal fue directamente testigo”.
La determinación añadió que se tiene que hacer de inmediato una auditoría independiente para determinar los daños no solo ambientales, sino también sociales culturales, así como legislar para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
Además de revisar la ley que establece la propiedad social de la tierra, para que sea reemplazada por una ley que contemple la función socio ecológica del territorio en su relación indisoluble con las prácticas culturales sustentables de los pueblos y comunidades que ancestralmente los habitan.
Asimismo demandan que se detenga el proceso de despojo y expropiación de la tierra ejidataria a las comunidades y la revisión de todo el proceso de enajenación de la misma. En la denuncia se encuentra subrayado que “Exigimos la desmilitarización inmediata del territorio hacemos un llamado urgente al Estado, a todas las instancias defensoras de los derechos humanos en México y de los organismos regionales e internacionales como el comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, a garantizar la vida de todos aquellos y aquellas que cuestionan el tren maya y los proyectos conectados a este”, según se lee en otro de los puntos del veredicto del tribunal.
Entre las violaciones a los derechos internacionales que detectaron los integrantes del tribunal está el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo de 1992, el cual indica que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados, lo cual aseguran que no se cumplió con el Tren Maya. Igual alegan violación al convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo, artículo 2 y artículo 6 sobre la consulta a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados entre otros.
El gobierno mexicano planea inaugurar el Tren Maya en diciembre de 2023 y por lo pronto los jueces escucharon a investigadores denunciar cómo el gobierno no ha hecho público un plan maestro del proyecto, que no se presentó una Manifestación de Impacto Ambiental integral, que la ruta del tren pasa encima de por lo menos 100 cenotes (cuerpos de agua subterráneos) y que sacrificará más de 2 mil 500 hectáreas de selvas húmedas y secas. Además, se sorprendieron al conocer que no se respetaron las leyes ambientales, que se comenzó la construcción sin tener autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal y que no se acataron los amparos que ordenaban las suspensiones judiciales.
A los jueces también les llamó la atención enterarse de “la gran escala” de este proyecto: “No solamente es un tren, está conectado con otros megaproyectos. Eso hace que tenga un alcance devastador en términos de despojo y de destrucción de ecosistemas naturales, así como de destrucción de la cultura maya”. Los otros megaproyectos a los que se refirieron son el aeropuerto de Tulum, los llamados “polos de desarrollo” que se contemplan a lo largo de los mil 500 kilómetros que tendrá el tren, las decenas de granjas porcícolas que se han instalado en la Península de Yucatán y el Corredor del Transístmico. Este último es un proyecto que también impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que consiste en reactivar el tren que une a los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz, además de instalar diez parques industriales a lo largo de esa ruta.
Cabe mencionar que el veredicto de esta audiencia fue preliminar, ya que habrá un veredicto final que terminará de elaborar el pleno de jueces y juezas del organismo a nivel internacional en las próximas semanas. El contenido del veredicto fue resumido por un miembro del Movimiento de Sélvame del Tren, quien compartió el extracto entre los demás miembros del movimiento y representantes de la prensa.
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