La federalización, el arte de dar atole con el dedo

Investigaciones

La federalización, el arte de dar atole con el dedo

Por: Rosalinda Cabrera Cruz

El 8 de junio de 2019 se dio la tan ansiada noticia en voz del entonces secretario de Educación en el estado, Alberto Frutis Solís, siendo gobernador Silvano Aureoles Conejo: la federalización de la nómina educativa era un hecho que se concretaría iniciando el ciclo escolar 2019-2020. Esto no fue así en ese momento, así que se estableció una nueva fecha, esta vez para el 6 de enero de 2020, el Día de Reyes, misma que pasó sin que se diera la formalización del proceso.

Desde que el tema empezó a tratarse, durante la administración de Aureoles Conejo, la devolución de la nómina magisterial a la federación se han encontrado con múltiples obstáculos de toda índole, desde los políticos hasta los económicos, pasando por los sociales e incluso los de contenido meramente educativo; lo más relevante es que para la federación, si ellos van a pagar, es lógico que quieran saber qué es lo que van a recibir, aunque eso provoque problemas en los estados donde se quiere aterrizar la propuesta.

A lo largo de más de dos años e incluso en medio de la pandemia por COVID-19 se han aplicado censos, auditorías y toda clase de revisiones al seno de una secretaría de Educación estatal caracterizada por la corrupción, la venta de plazas o los múltiples intereses de poder creados por propios y extraños. Como es lógico, salieron a relucir múltiples irregularidades, tales como nombramientos inexistentes, plazas duplicadas y hasta maestros “fantasma” que supuestamente han venido a retrasar el proceso en su conjunto.

Como era de esperarse, los que se sintieron afectados, entre ellos estudiantes de las escuelas Normales y los agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de su contraparte de la Coordinadora con los mismos nombres, al ver que están en riesgo sus prebendas, se lanzaron a las protestas, como han sido la toma de vías del ferrocarril, bloqueo de carreteras y secuestro de unidades de transporte, además de en fechas recientes, el plantón en pleno centro histórico de Morelia, el que ya va a cumplir un mes en el lugar.

Han sido reiterados los anuncios de que este asunto ya está caminando e incluso han aventurado fechas; los argumentos han sido variados, desde que no han concluido diversos procedimientos por parte de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hasta que la administración morenista de Andrés Manuel López Obrador ha instruido para que esto se revise a fondo, puesto que también se tiene planeado para otras entidades federativas.

El tema atañe a 12 mil 889 escuelas públicas y privadas que están a punto de empezar el receso administrativo del cierre del ciclo escolar 2021-2022; la federalización es de la incumbencia de 70 mil trabajadores contabilizados en el sector educativo michoacano. En las aulas hay un millón 300 mil estudiantes de educación básica y todos ellos siguen con la esperanza de que caigan los pagos pendientes.

Lo que se espera es que, en caso de darse la firma de la federalización, muy a la brevedad se arrope con medidas de política pública que permitan remediar los problemas educativos y económicos que hasta ahora han afectado a Michoacán.

Cuando las aguas regresen al caudal

Naturalmente que es importante que se firme el tan llevado y traído convenio de federalización, porque con ello se pondrá remedio al millonario déficit económico que ahoga a Michoacán, pero esto no va solo, debe ir acompañado por la elevación de la calidad educativa en las aulas, pues para nadie es un secreto que las movilizaciones magisteriales se dan a la menor provocación y con ellas viene el consiguiente cierre de las escuelas.

La lógica es que se acaben los pretextos para que sea una realidad consolidar la normalización del servicio en las escuelas; es de esperarse que ante la consolidación de la federalización comprometida por AMLO desde abril de 2020, el proceso ayudará para poder avanzar en el tema. Esto se basa en que si los maestros y maestras ya no estarán en la calle para exigir pagos, entonces retornarán a las aulas y cumplirán con la responsabilidad que tienen en sus espaldas, la de educar a las nuevas generaciones, aunque eso no se vea aún en Michoacán.

Aparecen las minutas

Para entender la relevancia de la federalización de la nómina educativa (para muchos conocida como descentralización educativa) habría que hacer un breve recuento histórico.

Fue en marzo de 1978 cuando se creó la delegación de la secretaría de Educación Pública en la entidad y desde ese momento fue detectada la necesidad de contratar personal estatal, básicamente de apoyo (los que hoy se conocen como eventuales); sus labores eran desempeñar funciones educativas en distintas áreas de la administración pública estatal.

Con lo anterior se incrementó la nómina magisterial estatal, situación que se recrudeció a partir de 1992, al ser impuesto el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), siendo secretario de Educación Pública Manuel Bartlet, ya que esta práctica adelgazó el gasto público federal en materia educativa.

La carga presupuestal se le vino al estado, pues su deber fue responder más por los compromisos de contratación de personal con presupuesto propio, al mismo tiempo que disminuían de manera constante las participaciones federales para este fin; sobra decir que manejar la situación financiera  resultó casi imposible, así que creció el descontento político-gremial e hicieron su aparición las muy conocidas minutas, las que hoy son públicas y que pueden ser consultadas a través de los organismos de transparencia.

Naturalmente y en lo oscurito empezaron a efectuarse las negociaciones bajo la mesa, muchas de ellas falsas, extralegales e insostenibles en lo local, acumulando durante décadas compromisos económicos impagables.

A través de las minutas se ha podido saber que en 1996 el gobierno del estado firmó por primera vez un acuerdo con el Movimiento de Bases de Trabajadores del Estado de Michoacán (MBTEM), del cual surgió como líder Raúl Morón Orozco y el cual, sin poseer personalidad jurídica tuvo ese nivel de interlocución e incidencia, basado en banderas legítimas, en acuerdos financieros e intercambios políticos entre las partes, los cuales, por los efectos que siguen generando, a la fecha poseen vigencia.

No fueron pocas las minutas firmadas por distintos gobernadores y secretarios de Educación, a grado tal que llegaron a ser varias por año, especialmente en la década de los años 90 del siglo pasado.

Con la llegada del nuevo milenio, ya había una entrega total del poder y recursos a los movimientos magisteriales, sobre todo a los derivados del MBTEM, de donde surgió la CNTE, así que en 2002, cuando llega el Partido de la Revolución Democrática al poder político, no fueron pocos los líderes gremiales que ocuparon puestos relevantes, determinantes para dar fuerza a la coordinadora; entre ellos se podrían citar a Raúl Morón Orozco, Juan Pérez Medina y Juan Manuel Macedo Negrete, entre muchos más.

Moneda de cambio político

El perredismo, ya en este siglo, trajo más firmas de minutas y con esto la pulverización de las participaciones federales. El clímax fue cuando se registró una desavenencia entre el gobierno federal y el estatal para firmar la denominada Alianza por la Calidad Educativa (ACE), la cual proveería de unas pocas decenas de plazas anualmente a Michoacán, con lo cual no se salvaría la crisis financiera, pero que, en contraprestación exigía transparencia y rendición de cuentas sobre la nómina magisterial, justo cuando más exlíderes magisteriales avenidos a políticos había en el poder.

Las diferencias políticas llevaron a la ruptura entre los gobiernos estatal y federal, acarreando un déficit financiero más acelerado que obligó a la administración michoacana a endeudarse y hasta a refinanciar a largo plazo la deuda pública, teniendo como principal boquete financiero el sistema educativo estatal.

El único camino para salir de esta espiral fue voltear los ojos (otra vez) hacia la federalización de la nómina educativa, partiendo de la necesidad de generar una ruta legal y estructural, permanente, trazable, transparente y definitiva respecto al pago de las percepciones integrales de los trabajadores de la educación en el estado, quincena a quincena, así que habría que hacer un plan adecuando y plantearlo ante la federación.

Con las elecciones de 2011, estaba sobre la mesa la petición de rescate financiero, pero no fue debidamente ponderada por los candidatos a gobernador, así que quedó fuera del Plan Estatal de Desarrollo 2012- 2015. En múltiples procesos se continuó insistiendo en la necesidad de pagar la nómina directamente desde el gobierno federal, pero no hubo eco y, por el contrario, se marcó amplia distancia desde el poder al respecto de la medida propuesta.

En 2015 hubo más atención en el tema y los candidatos a gobernador y, en su momento, el gobernador electo, se comprometieron a sanear las finanzas educativas estatales, pero no pasó de ser sólo una promesa y lo único implementado fueron algunas medidas de contención temporales; la federalización de la nómina educativa recuperó vigencia en la agenda pública en la transición gubernamental de 2018.

En ese momento crucial, el gobierno estatal lanzó la bomba que únicamente se había aletargado durante el gobierno federal saliente de Enrique Peña Nieto y por supuesto dejó ver la enorme brecha con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues a breves días de la toma de posesión de AMLO, se le lanzó el reto de descentralizar o federalizar la nómina educativa.

Para nadie fue un secreto que la relación era tensa entre el exgobernador Silvano Aureoles y el presidente de México entrante, así que hubo toda clase de retrasos, pretextos, dimes y diretes; desde entonces, una vez más reinó la discordia entre la federación y el gobierno estatal, situación que se transformó desde el 1 de octubre de 2021, cuando tomó posesión Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador constitucional del estado.

A la fecha, el tema ha recobrado visibilidad periódicamente, cada dos o tres meses, sin concretarse por falta de condiciones administrativas al momento. El secretario de gobernación de la nación, Adán Augusto López es quien ha dado seguimiento al compromiso presidencial, sin que hasta el momento haya mayores resultados y eso que en marzo pasado, en evento en torno al sexenal Plan de Apoyo a Michoacán, dijo que enviaría a la titular de la SEP a concretar la federalización de la nómina educativa en abril, lo cual no sucedió.

Incluso hace menos de 15 días, durante el Bedolla Fest, hizo una promesa más: que se les cumplirá a los maestros, pero lo que no dijo fue quién, cuándo, ni detalles importantes más.

Muchas opiniones y desconcierto

El anuncio hecho por Aureoles Conejo el 26 de noviembre de 2018 era algo que ya se cocinaba desde muchos meses antes, puesto que ya se hacían anuncios al respecto, pero siempre en un tono de amenaza más que de acciones concretas.

Las opiniones ante lo inevitable no se hicieron esperar y siempre desde diferentes trincheras; así, se advirtió que esto cambia muchos de los temas establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, porque es parte de la misma y hoy en día es un parteaguas en el modelo de transferencia de recursos al estado de Michoacán, así que desde el ejecutivo se deben tener claros los pros y contras de una medida como ésta que puede trastocar el Pacto Federal con Michoacán.

Para otros, Aureoles Conejo debía ser lo suficientemente responsable y que este anuncio no fuera una respuesta simplemente por estar acorralado en un momento donde pareciera que ya no había alternativas, aunque por otro lado la federación también debía entender los problemas de estados como Michoacán, donde los recursos han sido mal utilizados en los últimos años y esto hoy deja al estado en una condición despauperizada, pareciendo el anuncio por tanto una medida desesperada del gobierno estatal ante la insolvencia.

Otros, como Erik Avilés, presidente de Mexicanos Primero en Michoacán, señalaron la importancia de que hubiera certidumbre sobre derechos magisteriales adquiridos. “Es de vital importancia para que el tema transite, evitar que se politice; que haya una gran mesa de debate pero amplia pero que no se pierda; es necesario invitar al análisis objetivo y profundo de los aspectos específicos, especialmente en lo que respecta a la situación financiera y de recursos humanos”, dijo en su momento.

Aunado a ello, señaló que existe incertidumbre entre los trabajadores de la educación respecto a los términos y condiciones en los que esta federalización vaya a darse, por lo que conminó a que se cuiden los derechos adquiridos y recalcó la necesidad de que todo este proceso sea apegado a derecho.

Cabe mencionar que del Convenio de coordinación para la conclusión del proceso de conciliación de las plazas transferidas, firmado en 2014, se derivó la operación del Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), para devolver los servicios educativos a la federación. El planteamiento siguió desde entonces una ruta jurídica en espera de la respuesta del gobierno federal, pero lo que se ha visto es que no fue tan sencillo y la federación simplemente se ha lavado las manos.

Claro que la oposición ha tenido opiniones diferentes y opuestas, pues consideraron que fue un albazo al trabajo que ya se realizaba para la federalización de la nómina educativa estatal en Michoacán.

Se acusó a Aureoles Conejo de haber tomado una decisión aislada, sosteniendo que cuando se llega al cargo de la administración estatal, se debe tener conciencia de que existe una serie de acuerdos y convenios firmados con otras administraciones, por lo que es responsabilidad del entrante emprender un programa de gestión de gobierno acorde a las necesidades y planteamientos de los ciudadanos. En ese sentido dado que el déficit educativo se agudizó en el periodo de gobierno de Aureoles, prácticamente se le calificó como un fracaso en esa gestión.

Para ser justos, el planteamiento de Aureoles no chocaba con lo que se venía trabajando con el Congreso federal desde 2014, aunque lo que se buscaba era la federalización de la nómina, no de las plazas; lo que se ve hoy es el planteamiento de desprenderse de toda responsabilidad en materia educativa, prácticamente en todo los sentidos, con esto el gobierno estatal se estaría deslindando de toda proyección de presupuesto para la materia educativa, por lo que toca preguntar ¿esto fue o no un tema político?

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